La pandemia y su cuarentena generan tensiones en la sociedad y en la intimidad de las personas. Atravesamos un momento de desconcierto, porque se trata de algo que nadie ha vivido antes y ante el cual las instituciones no parecen tener muy claro cómo proceder para no arrojar más leña al fuego.
La violencia de género y la violencia intrafamiliar, habitualmente, recrudecen en el encierro. Esto no es una conjetura. La ministra nacional de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, informó al Senado que “efectivamente el aislamiento obligatorio aumenta los riesgos de violencia de género” y que desde el inicio de la cuarentena se incrementaron un 39% las llamadas a las líneas de atención.
El Estado, nacional o provincial, no puede pasar por alto la advertencia.
La detención de la presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari, por el hecho de negarse a entregar a una adolescente institucionalizada, viene a confirmar el grado de tensión que se vive en Salta en torno a la violencia de género. Según el testimonio de la conocida dirigente feminista, ella fue notificada por una agrupación de mujeres de Tartagal sobre la situación de la joven, que habría escapado del lugar donde está institucionalizada y estaba deambulando por las calles de Salta. Ella salió a buscarla, decidió tenerla en su casa para llevarla a la jueza, directamente, el lunes, cuando pudiera acceder al servicio de Justicia. El conflicto se produjo cuando Cari, en su condición de presidenta del Foro, se dirigió a la comisaría para dar a conocer la situación, pero se negó a dejar allí a la víctima. Como era una orden de la Justicia, se le imputa haber incurrido en “desobediencia judicial”. Sin embargo, por tratarse de una dirigente con muchas décadas de trayectoria, vale destacar que parece razonable que mostrara recelos para entregar en una dependencia policial a una chica que sufrió violencias de toda índole. Hay sobradas razones, y esto es un problema de la provincia, para desconfiar de la contención que una comisaría pueda hoy brindar a esa víctima. Y también tiene Irene Cari motivos para pensar que esa menor va a pasar mejor el domingo en su casa que entre rejas. Aunque lo que hizo sea ilegal y contradiga los procedimientos formales que todo ciudadano debe acatar. Salta es una provincia donde la violencia machista tiene el máximo nivel de incidencia. Hoy, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres parece haber caído en el olvido, pesar del rol fundamental que le toca desempeñar.
Las instituciones destinadas a alojar a jóvenes adictos o a víctimas de cualquier tipo de violencia, sobreviven con escasos recursos y sin capacidad suficiente de respuesta psicológica, pedagógica ni asistencial. Y lo mismo sucede con las mujeres alojadas en las cárceles.
El hecho de que la joven en cuestión haya sido encontrada por Cari y no por la policía también es un dato. Como lo son iniciativas tales como las de eliminar la custodia de las mujeres que sufren violencia de género.
La cuarentena exige políticas especiales para la protección de las mujeres. Políticas eficientes y no campañas de oportunidad. Además, hay que asumir que, a pesar de la corriente irreversible de feminismo que atraviesa al mundo, en Salta prolifera, un machismo anacrónico, resistente, que se manifiesta en las opiniones misóginas que pululan en el espacio público, pero también en la violencia física y en la discriminación por prejuicios de género.
Haya incurrido en desobediencia judicial o no, el hecho que motivó la intervención de Irene Cari obliga a una revisión autocrítica sobre las políticas de seguridad específicas para los menores en situación de riesgo y para las mujeres, así como las estrategias para garantizar un funcionamiento institucional homogéneo para contener a los sectores vulnera bles.
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La pandemia y su cuarentena generan tensiones en la sociedad y en la intimidad de las personas. Atravesamos un momento de desconcierto, porque se trata de algo que nadie ha vivido antes y ante el cual las instituciones no parecen tener muy claro cómo proceder para no arrojar más leña al fuego.
La violencia de género y la violencia intrafamiliar, habitualmente, recrudecen en el encierro. Esto no es una conjetura. La ministra nacional de las Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, informó al Senado que “efectivamente el aislamiento obligatorio aumenta los riesgos de violencia de género” y que desde el inicio de la cuarentena se incrementaron un 39% las llamadas a las líneas de atención.
El Estado, nacional o provincial, no puede pasar por alto la advertencia.
La detención de la presidenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, Irene Cari, por el hecho de negarse a entregar a una adolescente institucionalizada, viene a confirmar el grado de tensión que se vive en Salta en torno a la violencia de género. Según el testimonio de la conocida dirigente feminista, ella fue notificada por una agrupación de mujeres de Tartagal sobre la situación de la joven, que habría escapado del lugar donde está institucionalizada y estaba deambulando por las calles de Salta. Ella salió a buscarla, decidió tenerla en su casa para llevarla a la jueza, directamente, el lunes, cuando pudiera acceder al servicio de Justicia. El conflicto se produjo cuando Cari, en su condición de presidenta del Foro, se dirigió a la comisaría para dar a conocer la situación, pero se negó a dejar allí a la víctima. Como era una orden de la Justicia, se le imputa haber incurrido en “desobediencia judicial”. Sin embargo, por tratarse de una dirigente con muchas décadas de trayectoria, vale destacar que parece razonable que mostrara recelos para entregar en una dependencia policial a una chica que sufrió violencias de toda índole. Hay sobradas razones, y esto es un problema de la provincia, para desconfiar de la contención que una comisaría pueda hoy brindar a esa víctima. Y también tiene Irene Cari motivos para pensar que esa menor va a pasar mejor el domingo en su casa que entre rejas. Aunque lo que hizo sea ilegal y contradiga los procedimientos formales que todo ciudadano debe acatar. Salta es una provincia donde la violencia machista tiene el máximo nivel de incidencia. Hoy, el Observatorio de Violencia contra las Mujeres parece haber caído en el olvido, pesar del rol fundamental que le toca desempeñar.
Las instituciones destinadas a alojar a jóvenes adictos o a víctimas de cualquier tipo de violencia, sobreviven con escasos recursos y sin capacidad suficiente de respuesta psicológica, pedagógica ni asistencial. Y lo mismo sucede con las mujeres alojadas en las cárceles.
El hecho de que la joven en cuestión haya sido encontrada por Cari y no por la policía también es un dato. Como lo son iniciativas tales como las de eliminar la custodia de las mujeres que sufren violencia de género.
La cuarentena exige políticas especiales para la protección de las mujeres. Políticas eficientes y no campañas de oportunidad. Además, hay que asumir que, a pesar de la corriente irreversible de feminismo que atraviesa al mundo, en Salta prolifera, un machismo anacrónico, resistente, que se manifiesta en las opiniones misóginas que pululan en el espacio público, pero también en la violencia física y en la discriminación por prejuicios de género.
Haya incurrido en desobediencia judicial o no, el hecho que motivó la intervención de Irene Cari obliga a una revisión autocrítica sobre las políticas de seguridad específicas para los menores en situación de riesgo y para las mujeres, así como las estrategias para garantizar un funcionamiento institucional homogéneo para contener a los sectores vulnera bles.