Una situación de tensión se vive en estos momentos en Aguaray, donde los concejales analizan la conducta y las resoluciones firmadas por el intendente Jorge Enrique Prado autorizando el retiro de los caños del Gasoducto del NEA, en una maniobra millonaria que investiga la Justicia Federal y por la cual el jefe comunal norteño fue imputado.
La tensión en Aguaray se vive en inmediaciones del Concejo Deliberante donde los ediles sesionan a puertas cerradas y estudian los papeles firmados por Prado a pocas semanas de asumir como intendente de Aguaray.
Prado había convocado esta tarde a vecinos y seguidores a que se reúnan en las inmediaciones del Concejo Deliberante, lo cual fue advertido por los ediles como una acción intimidatoria por parte del jefe comunal, razón por la cual pidieron resguardo policial.
En la manifestación frente al Concejo se pudo ver también a empleados municipales que fueron enviados por el intendente municipal para evitar que se realice la sesión ordinaria. Fue la Policía y Gendarmería para custodiar las instalaciones del Concejo y para que los concejales puedan sesionar a puertas cerradas.
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Una situación de tensión se vive en estos momentos en Aguaray, donde los concejales analizan la conducta y las resoluciones firmadas por el intendente Jorge Enrique Prado autorizando el retiro de los caños del Gasoducto del NEA, en una maniobra millonaria que investiga la Justicia Federal y por la cual el jefe comunal norteño fue imputado.
La tensión en Aguaray se vive en inmediaciones del Concejo Deliberante donde los ediles sesionan a puertas cerradas y estudian los papeles firmados por Prado a pocas semanas de asumir como intendente de Aguaray.
Prado había convocado esta tarde a vecinos y seguidores a que se reúnan en las inmediaciones del Concejo Deliberante, lo cual fue advertido por los ediles como una acción intimidatoria por parte del jefe comunal, razón por la cual pidieron resguardo policial.
En la manifestación frente al Concejo se pudo ver también a empleados municipales que fueron enviados por el intendente municipal para evitar que se realice la sesión ordinaria. Fue la Policía y Gendarmería para custodiar las instalaciones del Concejo y para que los concejales puedan sesionar a puertas cerradas.