Desde 2016 que no se conocen licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para nuevas urbanizaciones y en 2014 ocurrió última compra de tierras por parte del Estado provincial para loteos.
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Desde 2016 que no se conocen licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) para nuevas urbanizaciones y en 2014 ocurrió última compra de tierras por parte del Estado provincial para loteos.
"Es entendible la necesidad de terrenos, la necesidad de vivienda es un derecho absolutamente legítimo, pero no de seis meses sino de hace muchos años", sostuvo el gobernador Gustavo Sáenz y repudió a quienes movilizan los asentamientos.
Aunque la obra pública está exceptuada, no se esperan grandes avances de las casas que quedaron a medio construir en Salta. La pandemia generará un fuerte impacto económico que incidirá en mayor pobreza, en una de las provincias con mayor nivel de hacinamiento en hogares. Más allá de la ilegalidad de las tomas, hay un problema concreto que por ahora no vislumbra solución. En eso es clave una mejor administración de los recursos y evitar engrosar el gasto corriente.
Tomas frustradas
En el Ministerio Público Fiscal tampoco vislumbran algún camino que lleve a una solución ante la lluvia de denuncias que aparecieron por las tomas ilegales de terrenos privados. La primera posición del organismo fue la de intentar una mediación entre quienes se asentaron el miércoles pasado en un espacio verde del extremo norte de Parque La Vega y el Gobierno. Esa reunión está prevista para hoy y no hay buenos augurios sobre el resultado del encuentro. Para ninguna de las dos partes.
Tras esa primera posición, que se mantuvo con la decisión de no intervenir en la ocupación de un predio privado colindante a la ruta provincial 21 (camino a San Agustín), los fiscales acompañaron la expulsión de las personas que intentaron tomar tierras el domingo en espacios colindantes al barrio Solidaridad y ayer a la tarde se desalojó a quienes ya estaban asentados en la parte final del barrio Justicia, también en la zona sudeste de la ciudad.
Repercusiones políticas
El vicegobernador Antonio Marocco coincidió con el gobernador Sáenz sobre cómo “operan intereses políticos mezquinos” en las tomas ilegales. Sostuvo que no se minimiza la necesidad de la gente a tener una vivienda digna, pero remarcó que las usurpaciones no son el camino. El presidente del Senado, además, consideró clave tratar de gestionar planes habitacionales ante la Nación para cubrir la fuerte demanda que hay en la provincia.
Por otra parte, el diputado opositor Carlos Zapata remarcó que es posible que haya una toma ilegal orquestada pero insistió en la falta de soluciones habitacionales. Expuso que el gobernador, como administrador de los bienes del Estado, tiene la obligación de denunciar con nombre y apellido a las personas que fomentan las usurpaciones. “Debe acudir a la Justicia si sabe quien delinque”, dijo.