Hoy se cumplen 33 años de lo que se conoce como la Masacre de Budge. El 8 de mayo de 1987 fueron asesinados Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argañaraz por efectivos de la Policía Bonaerense. Se convirtió en el primer caso en democracia de lo que se denominó a partir de allí como “gatillo fácil” y el hecho impulsó la instauración del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
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Hoy se cumplen 33 años de lo que se conoce como la Masacre de Budge. El 8 de mayo de 1987 fueron asesinados Oscar Aredes, Agustín Olivera y Roberto Argañaraz por efectivos de la Policía Bonaerense. Se convirtió en el primer caso en democracia de lo que se denominó a partir de allí como “gatillo fácil” y el hecho impulsó la instauración del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional.
Vecinos de Budge reclaman justicia por los jóvenes asesinados
En Salta, y en el marco de la cuarentena por la pandemia por coronavirus, distintos organismos de derechos humanos impulsaron una campaña en las redes sociales para visibilizar las formas de violencia ejercidas por las fuerzas de seguridad locales.
Bajo la consigna "Por un Estado sin violencia", muchos se hicieron eco de la propuesta y subieron sus fotos y carteles para dar a conocer la situación en la provincia, y a la vez reclamar avances en las causas de gatillo fácil que se tramitan en la Justicia local.
En 2019 murieron en operativos policiales en Salta Jorge "Gury" Farfán, Cristian Gallardo, Martín Carreras, David Neri Ovejero Alfonzo y Ramón Zárate, las causas judiciales aún no fueron resueltas.
La iniciativa fue difundida a través de un documento consensuado por Hijos Salta; Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Gremiales; la Asociación Lucrecia Barquet, la Asociación Coca Gallardo; la Liga por los Derechos Humanos y la Asociación de Pensamiento Penal.
Allí señalan que "para los organismos de Derechos Humanos poder denunciar las violencias institucionales es un permanente desafío, y lo es aún más en este contexto de aislamiento en el que desde el Estado se empodera a las fuerzas policiales en la provincia de Salta, afianzando políticas represivas y nefastas".
Estas entidades vienen cuestionando el accionar de las fuerzas de seguridad salteñas, e incluso presentaron un amparo para que se derogue el decreto 255 del Gobierno provincial, que otorgó poderes especiales a la Policía.
Desde la agrupación Hijos Salta, precisaron que durante el aislamiento se registraron en la provincia más de 10 casos de violencia institucional.
La violencia se manifestó a través de detenciones arbitrarias y hostigamiento en los controles por la cuarentena. También con violentas incursiones en los barrios populares.
Fotos gentileza Hijos Salta