Ayer por la mañana en Ciudad Judicial se tomó juramento a los tres nuevos magistrados que formarán parte de la Corte de Justicia de Salta. En una atípica ceremonia, y con estricto control, María Alejandra Gauffín, Adriana María Rodríguez y Horacio José Aguilar juraron ante muy poca concurrencia de familiares y funcionarios judiciales. Barbijos y saludos de codo coronaron la decisión, que despertó polémica desde que se supo que el gobernador Gustavo Saenz tenía el propósito de agrandar el máximo organismo judicial.
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Ayer por la mañana en Ciudad Judicial se tomó juramento a los tres nuevos magistrados que formarán parte de la Corte de Justicia de Salta. En una atípica ceremonia, y con estricto control, María Alejandra Gauffín, Adriana María Rodríguez y Horacio José Aguilar juraron ante muy poca concurrencia de familiares y funcionarios judiciales. Barbijos y saludos de codo coronaron la decisión, que despertó polémica desde que se supo que el gobernador Gustavo Saenz tenía el propósito de agrandar el máximo organismo judicial.
La polémica fue en aumento cuando se conocieron los nombres propuestos por el Poder Ejecutivo, más precisamente los de Horacio Aguilar y María Alejandra Gauffin. Del primero se cuestionó su objetividad, por haber sido asesor del exgobernador Juan Manuel Urtubey y actualmente de Gustavo Sáenz, mientras que a Gauffin se la puso bajo la lupa por el escándalo en un concurso del que participó y en el que la Justicia advirtió irregularidades.
Las consultas sobre el tema fueron inevitables, pero Sáenz defendió las propuestas y aseguró tener la "mejor opinión de ellos". Al mismo tiempo, los diferenció de otros jueces de la Corte: "Por algo los propuse, son gente de la Justicia, no tienen nada que ver con la política. Por primera vez en la historia se proponen personas que tienen que ver con el ámbito judicial", resaltó.
Al margen de los cuestionamientos públicos, el pliego de Aguilar también fue criticado al llegar a la Legislatura. Durante la votación en la Cámara Alta, el senador Manuel Pailler destacó la carrera de Aguilar, pero se preguntó por la objetividad con la que podría actuar, por ser "el abogado del máximo funcionario del Ejecutivo provincial, como también de empresarios que se ven hoy comprometidos por el accionar de la Justicia en un caso que tiene mucha relevancia, como es el de las facturas apócrifas". Consideró que no se puede "ser juez y parte".
Los legisladores aprobaron por unanimidad el pliego de Rodríguez. Los de Gauffín y Aguilar tuvieron el voto en contra del senador Pailler.
Consultado sobre las objeciones, Aguilar se defendió y aseguró no haber formado "nunca" parte de "ningún gobierno". Destacó sus aptitudes para el nuevo puesto: "Siempre me dediqué a mi profesión, y tuve oportunidad de trabajar en casos muy importantes o de asesorar a personas de relevancia pública o política. No se cuestionó mi idoneidad y formación para el cargo. Creo que estoy en condición de llevarla adelante".
El profesional además destacó que conoce la problemática de los abogados. "Yo vengo del ejercicio de la profesión, tengo esa visión. Me siento representante de los abogados, que son los que ejercen y están en contacto con la gente que requiere del servicio de Justicia", aseguró.
El argumento para dar luz verde a los tres nuevos jueces fue la necesidad de acelerar los tiempos de respuesta de la Corte, donde duermen muchas causas sin definiciones. Todos se posicionaron desde allí para resaltar los beneficios de la nueva conformación del organismo.
Sáenz destacó que "la gente está esperando mayor agilidad y eficiencia, y esto se logrará con nuevos jueces". En la misma línea, Aguilar aseguró que intentará "mejorar en lo que se pueda los tiempos y procesos".
Por su lado, Rodríguez indicó que una de las quejas fundamentales tiene que ver con los tiempos. "Vamos a trabajar en salas y eso ayudará", consideró.
Desde 1992 que Rodríguez trabaja en la función pública judicial, pero estaba jubilada. La magistrada se diferenció de los jueces jubilados que podían ejercer por la figura del estado judicial, a raíz de una ley que ya no está vigente. "Son diferentes a mi caso, en que no se usa la figura de estado judicial, sino una suspensión del régimen jubilatorio para cumplir este cargo", advirtió.
Otra de las críticas ante la designación de los 3 nuevos jueces fue por el tema económico, ya que cada cargo implica nuevos puestos, como los de asesores. En este sentido, Rodríguez indicó que intentará "en lo posible", no contratar personal nuevo. "Hay que optimizar y evitar incurrir en gastos superflúos", dijo. Aclaró que a ella también le "preocupaba ese tema" por ser " una de esas personas que estaba suscitando esta molestia en la sociedad".
Al mismo tiempo reconoció que "cualquier situación que implique un cambio en la organización del Estado en general conlleva un cierto gasto".
Los tres nuevos miembros se suman a los seis que ya tiene la corte: Guillermo Catalano, Ernesto Samsón, Fabián Vittar, Sandra Bonari, Teresa Ovejero y Pablo López Viñals.
Las incorporaciones dejan del mismo lado a magistrados que se rozaron en otros puestos, como el caso de Lopéz Viñals y Gauffin. El ahora juez de la Corte y antes procurador general cuestionó el concurso para cubrir cinco cargos de jueces en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que se realizó en el 2017 y en el que participó su nueva colega.
Cuando una de las concursantes, Marcela Von Fischer, presentó un recurso de amparo, López Viñals y el fiscal de Impugnación, Guillermo Akemeier, estudiaron los planteos y opinaron que existió "una irregularidad" en el examen escrito, por lo que indicaron que la apelación de Von Fischer debía ser aceptada.
Gauffín y Rodríguez, se suman a Sandra Bonari y Teresa Ovejero, las mujeres que siempre fueron minoría en la Corte y ahora llegan a ser 4. Gustavo Sáenz también se preocupó por destacar este punto.
En este sentido, Rodríguez resaltó que es un "orgullo y responsabilidad", y se propuso a trabajar desde su lugar, comenzando por la situación de las empleadas judiciales.