La primera impresión es que el Gobierno quiere sacar ventaja sin prever las consecuencias.
Una reforma judicial destinada a cambiar para bien las cosas y a permanecer en el tiempo requiere de un consenso generalizado y, ciertamente, basarse en un estudio profundo de la realidad en el que participen todos los involucrados. Los involucrados, vale señalarlo, tratándose de la administración de justicia, es la sociedad entera. El presidente Fernández hasta ahora no logra consenso y choca con el rechazo de la iniciativa de parte de varios sectores. Ante la declaración de la pandemia por parte de la OMS, el Presidente ha requerido el consenso de la oposición para suspender o limitar derechos fundamentales, como el de trabajar, de reunirse, de circular. Las consecuencias en la economía, en el trabajo y en el nivel de bienestar humano son incalculables. Pero dicho consenso no le fue negado, más allá de los errores de apreciación o técnicos que se pudieron haber cometido. Esta especie de “atropellada” del Ejecutivo puede traer consecuencias muy negativas en todos los planos del quehacer social, mientras al mismo tiempo se da el pico de contagios. Entonces el Gobierno no puede negar hoy a la sociedad, en algo tan importante como una reforma judicial, el necesario espacio para el consenso. Porque de otra manera las fuerzas de la oposición, y en general la sociedad en su conjunto, van a entender esta iniciativa como una manera de ganar poder y de sacar ventaja, y entonces van a cambiar todas las condiciones que se habían logrado para dialogar por el bien común.
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La primera impresión es que el Gobierno quiere sacar ventaja sin prever las consecuencias.
Una reforma judicial destinada a cambiar para bien las cosas y a permanecer en el tiempo requiere de un consenso generalizado y, ciertamente, basarse en un estudio profundo de la realidad en el que participen todos los involucrados. Los involucrados, vale señalarlo, tratándose de la administración de justicia, es la sociedad entera. El presidente Fernández hasta ahora no logra consenso y choca con el rechazo de la iniciativa de parte de varios sectores. Ante la declaración de la pandemia por parte de la OMS, el Presidente ha requerido el consenso de la oposición para suspender o limitar derechos fundamentales, como el de trabajar, de reunirse, de circular. Las consecuencias en la economía, en el trabajo y en el nivel de bienestar humano son incalculables. Pero dicho consenso no le fue negado, más allá de los errores de apreciación o técnicos que se pudieron haber cometido. Esta especie de “atropellada” del Ejecutivo puede traer consecuencias muy negativas en todos los planos del quehacer social, mientras al mismo tiempo se da el pico de contagios. Entonces el Gobierno no puede negar hoy a la sociedad, en algo tan importante como una reforma judicial, el necesario espacio para el consenso. Porque de otra manera las fuerzas de la oposición, y en general la sociedad en su conjunto, van a entender esta iniciativa como una manera de ganar poder y de sacar ventaja, y entonces van a cambiar todas las condiciones que se habían logrado para dialogar por el bien común.