La causa denominada “La Masacre de Palomitas” se inició a partir de la presentación de la acción de amparo por un grupo de presos políticos alojados en la Unidad Penal Nº 6 del Servicio Penitenciario Federal ante el Juzgado Federal de la ciudad de Rawson, de Chubut, en el año 1983, quienes en un párrafo señalaron “el traslado tortuoso de los presos políticos del penal de Villa las Rosas en Salta”. Esa presentación fue remitida al Juzgado Federal de Salta, comenzando así una investigación que lleva más de 37 años y hasta hoy no concluye; con avatares de por medio y obstáculos como las leyes de impunidad: ley de obediencia debida y ley de punto final, reabriéndose la causa a instancia de las querellas de familiares en el año 2001.
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La causa denominada “La Masacre de Palomitas” se inició a partir de la presentación de la acción de amparo por un grupo de presos políticos alojados en la Unidad Penal Nº 6 del Servicio Penitenciario Federal ante el Juzgado Federal de la ciudad de Rawson, de Chubut, en el año 1983, quienes en un párrafo señalaron “el traslado tortuoso de los presos políticos del penal de Villa las Rosas en Salta”. Esa presentación fue remitida al Juzgado Federal de Salta, comenzando así una investigación que lleva más de 37 años y hasta hoy no concluye; con avatares de por medio y obstáculos como las leyes de impunidad: ley de obediencia debida y ley de punto final, reabriéndose la causa a instancia de las querellas de familiares en el año 2001.
El traslado
Como se ve en otros tipos de delitos, perpetrados por asociaciones de trata de personas que vulneran todo derecho de las víctimas, existen distintas etapas en ese circuito: captación, traslado y destino.
En estas causas donde se describen crímenes de lesa humanidad por parte de las fuerzas de seguridad, aparecen características específicas. La inteligencia previa que se realizaba sobre los militantes políticos para detenerlos, y dónde intervenían distintos actores denominados “grupos de tareas”, incluía una planificación metódica y sistemática en tres grandes unidades: operativa, inteligencia y logística.
El procedimiento del 6 de julio de 1976 tuvo características abiertamente ilegítimas. Todo se realizó en plena oscuridad de la noche, apagando las luces del penal de Villa las Rosas, con personal uniformado de fajina, sin ningún tipo de identificación, ni insignias o distintivos de grado; se llamaban entre ellos por medio de apodos. El grupo de tareas les negó a las personas que iban a ser trasladadas la posibilidad de llevar consigo sus pertenencias. “Algunos fueron vendados y a Savransky, Usinger, Ávila, Povolo, Oglietti y Outes se les ordenó que guardaran silencio”, dijo un testigo en la causa.
El traslado es un eslabón más de esta cadena delictual, que culminaría en el fusilamiento de personas militantes del campo popular: entre ellas psicólogas, arquitectas, maestras, docentes y estudiantes universitarios como así también un exdiputado salteño. Las víctimas Benjamín Leonardo Ávila, Celia Leonard de Ávila, Georgina Graciela Droz, María del Carmen Alonso de Fernández, Evangelina Botta, Roberto Luis Oglietti, Pablo Eliseo Outes, José Víctor Póvolo, Alberto Simón Savransky, Rodolfo Pedro Usinger y María Amaru Luque de Usinger,
Según consta en el libro de guardia del penal de Villa las Rosas, los presos fueron trasladados entre las 20 y 20.30 hs; en ese momento apagaron todas las luces del penal conforme a los testimonios de los sobrevivientes de aquella noche.
Cuando fueron retirados y trasladados las y los detenidos políticos, en el mismo penal se configura un espacio de enorme peso probatorio para la causa penal. Los otros presos políticos fueron testigos presenciales, ya que se encontraban en el penal al momento del traslado que conduciría a la muerte a sus compañeros.
Héctor Braulio Pérez, director del penal, relató que en la noche del 6 de julio de 1976 se entrevistó con el capitán Espeche, quien le dio la orden de entrega de detenidos que incluía hombres y mujeres, firmada por el Cnel. Mulhall.
Fue Carlos Alberto Mulhall quien remitió al juez federal de Salta un listado con los nombres de las personas detenidas en el penal de Villa las Rosas que serían trasladadas esa noche; las mismas estaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional y de la Justicia Federal.
La trayectoria terminaría en la muerte y fusilamiento de mujeres y hombres en el paraje Palomitas, interviniendo guardiacárceles, personal de la Policía provincial y federal que acompañaron al personal militar. El informe oficial da cuenta de un enfrentamiento con supuestos subversivos. Era el argumento común de los perpetradores a fin de enmascarar la realidad, sembrar el terror y asegurar la impunidad.
La verdad de los hechos es que fueron sacados de sus celdas, subidos a vehículos de transporte y trasladados a las proximidades del paraje Palomitas, donde fueron asesinados por los efectivos encargados del traslado.
La investigación no culmina hasta hoy. Se avanzó en las condenas a perpetua a los responsables Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray, Carlos Mulhall, Miguel Gentil y Hugo Espeche; también en la identificación de los cuerpos de Rodolfo Pedro Usinger y María Amarú Luque de Usinger, por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el año 2008, pero existen deudas pendientes todavía con los familiares de las víctimas y con la sociedad en general: se debe avanzar en la investigación de la responsabilidad de Ricardo Lona, juez que tenía a cargo la seguridad de los presos políticos alojados en el penal de Villa las Rosas, y ubicar los cuerpos de Georgina Droz y Evangelina Botta que se encuentran en calidad de detenidas y desaparecidas.
El silencio hermético, que a través de los ya casi 20 años de la reapertura de los juicios no señalaron dónde están los cuerpos de los detenidos desaparecidos en Salta obliga a seguir investigando para ubicar e identificarlos, en la causa “Cementerio de la Santa Cruz”, a instancias de la querella de familiares y fiscales.
Sin los cuerpos el entramado de impunidad sigue vigente.