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Anta: la oscura trama de una Justicia que se maneja con reglas del Far West

La imputación al auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Dantur, revolvió el avispero social y político del departamento. El Ministerio Público Fiscal recusaría hoy al juez de garantías, Héctor Sebastián Guzmán, en la causa abierta contra el comisario Walter Mamaní.
Martes, 18 de agosto de 2020 01:03

Un gran revuelo social y político generaron la imputación penal, los sumarios y las auditorías realizadas sobre el auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur. El mar revuelto parece confirmar que la connivencia con el imputado comisario Walter Mamaní (acusado el pasado 13 de julio por abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones con fines de venganza, en perjuicio de Luciano Diez) va más allá de una investigación penal.

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Un gran revuelo social y político generaron la imputación penal, los sumarios y las auditorías realizadas sobre el auxiliar fiscal de Apolinario Saravia, Sergio Ariel Dantur. El mar revuelto parece confirmar que la connivencia con el imputado comisario Walter Mamaní (acusado el pasado 13 de julio por abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones con fines de venganza, en perjuicio de Luciano Diez) va más allá de una investigación penal.

La fiscal penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, imputó a Dantur por filtrar información a Mamaní. Lo acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado, porque en conocimiento de la imputación formalizada en contra de Mamaní mantuvo una serie de conversaciones en las que lo previno de las medidas dispuestas por la fiscal.

Dantur fue a la audiencia de imputación con sus abogados, Ricardo Albornoz y Pablo Carrazán, y negó los cargos en su contra. También aseguró que cuando vio las imágenes de las cámaras, ante la denuncia de Luciano Diez, “no vio elementos para imputar”, a pesar de los tiros al aire y el despliegue ordenado por Mamaní para perjudicar al joven.

El caso tuvo trascendencia nacional, a través de los videos donde se vio al policía realizando disparos indiscriminados y luego adulterando la patente de un vehículo con claras intenciones de armar una causa. Dantur dijo que llamó a la fiscal Yonny Zigarán para pedir detenciones y la requisa del vehículo, pero la investigación concluyó en que no existió tal llamada.

El mismo día de la imputación, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, dispuso el inicio de un nuevo sumario en contra de Dantur, que instruye la fiscal María Celeste García Pisacic. Por lo que trascendió, las causas “dormidas” por el fiscal auxiliar de Saravia -quien omitió dar trámite y no otorgó dictamen fiscal- datan de al menos 2016.

García Pisacic y su equipo comenzaron a relevar las denuncias, desde las más recientes hacia atrás, para evitar su prescripción. Si Dantur hubiese investigado, se habrían podido esclarecer y condenar hechos de violencia familiar, delitos varios contra la propiedad y cuatrerismo. De hecho, el Ministerio Público Fiscal inició este año una auditoría sobre las más de 1.600 causas de abigeato y creó un registro para su seguimiento.

Legajos vencidos

En estos días, García Pisacic trabaja sobre legajos sin investigar que son diferenciados según la gravedad de los delitos. Hasta el momento, la fiscal relevó cerca de un centenar de legajos originados en los últimos dos años. De 2019 hay 10 legajos vencidos y 50 más por controlarse. De 2020 hay 11 legajos vencidos y 28 que están incompletos y próximos a vencer. En esos casos, García Pisacic ordenaría diligencias para requerir juicio. Fuentes con acceso a los expedientes señalaron que la revisión seguirá con denuncias y legajos de 2017 y 2016, años en los que Dantur también habría actuado de modo discrecional y arbitrario para dar trámite a investigaciones.

De armas llevar

No se trata del primer sumario abierto contra Dantur, a quien el propio procurador tuvo que pedirle que “guarde el arma que portaba”, tras recordarle su condición y responsabilidad como funcionario judicial. Esto ocurrió cuando Cornejo lo conoció, durante un recorrida realizada en septiembre de 2019 por las fiscalías y delegaciones del sudeste de la Provincia. En esa oportunidad, el auxiliar fiscal contestó que tenía “permiso”, pero terminó guardando el Colt en un cajón.

Más investigaciones pesan sobre Dantur: son por denuncias de maltrato a tres mujeres y por un operativo magnificado en el que detuvo a cinco policías que resultaron ser inocentes.

El primer sumario se inició el 13 de marzo pasado, a través de la resolución 950, por “un supuesto mal desempeño por parte del auxiliar fiscal” en la intervención desplegada ante la denuncia penal 45/2020 de la subcomisaría de El Dorado. El 27 de marzo, mediante resolución 963, Cornejo dispuso la apertura de otro sumario contra Dantur, por una denuncia que daba cuenta de “ciertas manifestaciones y acciones supuestamente irregulares e inapropiadas realizadas por el funcionario en el marco de una investigación criminal”.

El primero fue por una denuncia de tres hechos de violencia institucional que se le atribuyen al auxiliar fiscal. El segundo se abrió por un operativo realizado en enero pasado en General Pizarro y en el que también participó el comisario Mamaní. Tras esas actuaciones fueron detenidos cinco policías acusados de haber pedido una coima a un comerciante. El tema terminó con los efectivos desafectados de la investigación porque “no se les pudo probar nada”.

El año pasado la referente social Marina Torres afirmó que fue amenazada por el comisario Javier Maita, pero no le tomaron la denuncia en la delegación fiscal de Apolinario Saravia, hasta que intervino la Procuración y ordenó que lo hicieran. Entonces, Marina Torres, del Merendero Virgen del Cerro, no solo manifestó que Sergio Dantur se negó a tomarle la denuncia, sino que le propuso que no la radicara porque el comisario ya le había pedido disculpas.

Un fan de Aurelio Casillas

Sergio Dantur, o “Aurelio Casillas”, según el nickname que eligió para WhatsApp en alusión al protagonista de la serie narco “El señor de los cielos”, se desempeñó en la Asesoría Letrada General de la Policía de la Provincia. Fue contratado como asesor de la fuerza de seguridad por decreto 3.606/10.

En noviembre de 2014 renunció al cargo en el Departamento Sumarios Contravencionales de la Policía. Paralelamente, trabajó como asesor del diputado anteño Pedro Sández, entre 2009 y 2012, y fue aportante del Partido Justicialista. Tanto es así que figura en un listado de personas físicas aportantes, incluido en los estados contables del PJ al 31 de diciembre de 2014.

El auxiliar fiscal Sergio Dantur.

Recusarán al juez de garantías Héctor Guzmán

El apartamiento del magistrado sería requerido hoy por la fiscal Simesen de Bielke.

Verónica Simesen de Bielke.

Hoy, según anticiparon fuentes oficiales, la fiscal Verónica Simesen de Bielke recusaría al juez de Garantías de Joaquín V. González, Héctor Sebastián Guzmán, por prejuzgamiento en el caso Dantur. El propio juez admitió públicamente que fue compañero de facultad del imputado, apenas anuló parte de las pericias ordenadas por Simesen de Bielke. La apertura del teléfono del policía Mamaní también está prevista para hoy.

Testigos de la localidad señalaron al juez como conocido habitué de los asados organizados por el diputado Pedro Sández. En su momento, Guzmán fue criticado por llegar a ser juez, a pesar de haber sido uno de los ternados menos calificados.

Que el fiscal auxiliar esté acusado de hacer “la vista gorda” a muchas denuncias, al menos desde 2016, es grave porque la comunidad anteña viene siendo víctima de la inseguridad y de mafias desde hace tiempo.

“Lluvia blanca” 

El narcotráfico está presente en Anta. La preocupación de los investigadores federales quedó plasmada cuando Claudio “Gallo” Andrada, sindicado como líder de una organización criminal, fue condenado a 18 años de prisión en 2018. Oscar Alfredo Dorao y Aldo Javier Velásquez recibieron 14 años, por ser coautores de transporte de estupefacientes agravado. Fue una de las causas más emblemáticas del circuito de la droga que ingresa a través de avionetas desde Bolivia y cae en la zona limítrofe con Santiago del Estero como “lluvia blanca”.

Según la hipótesis fiscal, la banda oriunda de Santiago del Estero, durante más de una década, gestionó la provisión de cocaína desde Bolivia a través de Salta para distribuirla en Buenos Aires y Europa. En 2018, el fiscal federal de Santiago del Estero, Pedro Simón, aseguró que “esto es la punta del ovillo”, al referirse al secuestro de 1.838 kilos de cocaína incautados en la localidad santiagueña de Los Pirpintos.

Simón también apuntó a Anta como centro de distribución. Y todo indica que esa organización, como otras que operan en la región, cuentan con connivencias en el departamento.

Una delegación cuestionada desde la primera hora

Vecinos pidieron transparencia en la cobertura del cargo de auxiliar fiscal en 2014.

La Delegación de la Fiscalía Penal de Joaquín V. González en Apolinario Saravia comenzó a funcionar el 14 de junio de 2013, con durísimos cuestionamientos al exprocurador y actual juez de la Corte de Justicia, Pablo López Viñals. Ese mismo mes vecinos anteños le pidieron al entonces jefe de fiscales, con más de 700 firmas estampadas en una presentación, que garantice transparencia en la cobertura de la función auxiliar creada en Apolinario Saravia. En la nota, los firmantes exponían tempranamente su temor a que “el servicio de Justicia sea degradado por personas que usen las facultades de sus cargos para fines políticos”. Gonzalo Gómez Amado ocupó la función hasta julio de 2014, cuando asumió como fiscal penal. Fue trasladado el año pasado a Metán por una decisión del procurador Abel Cornejo.

Desde 2014 al frente de la Delegación Fiscal de Apolinario Saravia quedó Sergio Dantur. Desde la semana anterior, luego de que Cornejo dispusiera el desplazamiento de la Delegación a la de Las Lajitas, distante a 37 kilómetros, las voces políticas en repudio se alzaron en la zona. El viernes pasado, Cornejo recibió a la diputada anteña Alejandra Navarro, quien manifestó su preocupación por la decisión. Sin embargo, cuando conoció las razones, la legisladora se expresó a favor del saneamiento institucional y la posibilidad de reforzar, a futuro, esa misma Delegación. “Ello posibilitará que cuando concluya la investigación, la reapertura de las oficinas ya regularizadas, sea con mayor fuerza”, afirmó la diputada, tras señalar que salió de la reunión “agradecida y tranquila”.

Tierra de nadie

En los últimos años, El Tribuno ha seguido atentamente la actuación de funcionarios públicos de Anta, donde, a la creciente ola de casos de abigeato, denunciada la mayor parte de las veces en forma infructuosa, se sumaron reiteradas denuncias vinculadas con el narcotráfico. Funcionarios del NOA, inclusive, expresaron en 2018 su preocupación ante la posible presencia de cárteles de la droga en la región y marcaron a Anta como zona de la “lluvia blanca”.

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