Asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, peculado y enriquecimiento ilícito son los delitos que más nítidamente resaltan en la causa que tiene al intendente Rubén Méndez, a su entorno familiar y a medio gabinete del municipio de Salvador Mazza en una situación procesal más que comprometida.
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Asociación ilícita, incumplimiento de deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles, peculado y enriquecimiento ilícito son los delitos que más nítidamente resaltan en la causa que tiene al intendente Rubén Méndez, a su entorno familiar y a medio gabinete del municipio de Salvador Mazza en una situación procesal más que comprometida.
El escándalo institucional que otra vez tiene al norte salteño en las portadas noticiosas, tras el saqueo de caños gasíferos que terminó con la comuna de Aguaray intervenida y su jefe comunal destituido, mezcla tasas, tributos, derechos de piso y peajes opacos con contrabandos que, con toda probabilidad, abrirán un capítulo federal con otras imputaciones penales.
Por ahora el legajo de investigación que abrió el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, a instancias de una denuncia reservada, tiene una docena de imputados bajo la figura de una asociación ilícita organizada por Méndez.
Bolsos con dinero
Desde el vamos, informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entidades bancarias y el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) descartaron que los cuatro vehículos de alta gama registrados a nombre de Rubén Méndez, sus hijos Ivana y Maximiliano y su exmujer, Susana Palacio, pudieran adquirirse con recursos provenientes de la actividad privada de cada uno de sus titulares.
¿De dónde salieron entonces los más de $33 millones con los que la familia del intendente norteño incorporó en tiempo récord dos de los modelos más avanzados y equipados de la marca BMW y dos flamantes Ford Ranger Raptor? La respuesta al crecimiento patrimonial, que también tiene bienes inmuebles en la mira de la Unidad de Delitos Económicos Complejos conduce, por un lado, al puesto de control donde se cobra la tasa de reconstrucción de pavimento impuesta en Salvador Mazza por una ordenanza de 2004. La recaudación opera los 365 días, mañana, tarde y noche, salvo en las 8 horas de recesos establecidos para Nochebuena y Año Nuevo.
Los transportistas pagan al contado. La rendiciones del Ejecutivo son tan mezquinas que el Concejo de la localidad no sabe cuánto se recauda, pero ediles estimas que solo este año serán cerca de $60 millones.
El software con el que se imprimen los comprobantes es un programa interno que puede modificarse en cada impresión y que no tiene garantías de inviolabilidad.
Marcos Méndez, el hermano del intendente, se encarga de recoger el dinero en bolsines.
La tasa no es la única fuente de ingresos opacos. En otra boca se cobran rentas municipales, a modo adelanto del impuesto de actividades varias, por una resolución municipal que se apoyó en dos ordenanzas aprobadas por el Concejo: la 31/02 y la 21/03.
Méndez designó a Manuel Gijena, su cuñado, como inspector recaudador de la unidad de cobro establecida en el puesto Arenales.
Ronda de bolsines
Policías afectados a la investigación del circuito del dinero recaudado advirtieron que el hermano del intendente y otros recaudadores de confianza del intendente trasladaban bolsines verdes con dinero tanto a la sede de la Intendencia como a uno de los domicilios del jefe comunal, ubicado en la primera cuadra de la calle San Martín.
Con seguimientos discretos, se advirtió que este circuito atípico de la recaudación municipal se reiteraba día tras días. Más de una vez los recaudadores del entorno cercano de Méndez fueron observados al abandonar la casa del intendente con los bolsines verdes vacíos.
Ingresos subregistrados
Pese a la falta de rendiciones, un cruce de las planillas existentes sobre la recaudación con los informes de ejecución presupuestaria sacó a relucir una notoria subregistración de ingresos, especialmente en el puesto de control de la quebrada de Guandacarenda.
Entre los doce imputados, además del intendente, sus dos hijos, su exmujer, su hermano y su actual cuñado, resaltan el secretario de Hacienda de Salvador Mazza, Roberto Justo Balverdi, y el secretario de Obras Públicas, Roberto Orellana.
En la lista de encausados también figuran el secretario del intendente, Oscar Gutiérrez, y la actual pareja del jefe comunal, Ángela Paola Gijena.
Falta de rendiciones
Ante reclamos de rendiciones con los que el Concejo de Salvador Mazza insistió incluso después del inicio del juicio político que se promovió contra el intendente de la localidad, Méndez contestó varios de esos pedidos.
A pesar de las reiteradas intimaciones, sin embargo, quedaron pendientes las rendiciones de la ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2021 y la cuenta general de 2020. Además, las cuentas generales de 2018 y 2019 no cuentan con la documentación respaldatoria correspondiente ni fueron revisadas por la Auditoría General de la Provincia, como solicitó el cuerpo de ediles de la localidad fronteriza ante la turbiedad arrastrada por las cuentas del Municipio desde aquellos ejercicios.
Implicado en contrabandos
En Salvador Mazza, algunas fincas fronterizas y pasos no habilitados del sector de El Chorro han cumplido por largo tiempo un papel clave en los contrabandos.
A finales de 2019, esa línea caliente de los ilícitos transfronterizos se perfeccionó con la apertura de un camino que consolidó los tráficos clandestinos entre el barrio San José Obrero (Bolivia) y El Chorro (Argentina).
La apertura del camino que hoy ocupa uno de los centros de atención de la causa penal que tiene a Méndez como principal imputado fue ordenada en octubre de 2019 por el propio jefe comunal y ejecutada con maquinaria del municipio bajo la supervisión del secretario de Obras Públicas de la comuna, Roberto Orellana.
En ese corredor, a partir del cierre de fronteras dispuesto por la pandemia de COVID-19, comenzó a operar desde marzo de 2020 una suerte de Aduana paralela con imposición irregular de derechos y peajes.
Por ese camino, que el municipio de Salvador Mazza abrió, amplió y mantiene consolidado con recursos públicos, circulan equipos de gran porte con toda clase de cargas. Y según parece, el intendente de la localidad no solo es el mentor de esa conexión internacional, sino también un usuario beneficiado.
A través de la resolución 31/20, Méndez autorizó a una curiosa asociación de transportistas denominada Emanuel a desarrollar la actividad de fletes en la jurisdicción fronteriza. Los camiones del grupo operan en la zona de El Chorro, donde pasadores esperan las cargas para cruzarlas al otro lado de la difusa línea internacional.
Cargamentos de cereales y legumbres llegan allí a granel y son embolsados para llevarlos a Bolivia. En ese paso bagayeros se encargan de almacenar y canalizar hacia el sur de Bolivia grandes volúmenes de mercancías, entre las que se cuentan bebidas no alcohólicas, rubro en el que Méndez tiene concesionada la distribución de los productos de una de las marcas líderes del mercado mundial.
Tras la denuncia que destapó el nuevo escándalo norteño, fuerzas auxiliares de la Unidad de Delitos Económicos constaron que el intendente Méndez tiene camiones que operan dentro de la flota de Emanuel
Un caso documentado es el del equipo identificado con la patente JJO 550 y que en el grupo de transportistas que el propio intendente habilitó está identificado como interno 13.
En más de un informe y testimonio reunido en la investigación fiscal el grupo Emanuel aparece ligado al contrabando, junto a otras asociaciones de fleteros que operan en la zona de El Chorro.
De allí que entre las serias imputaciones que pesan sobre el jefe comunal de Salvador Mazza se cuente una por negociaciones incompatibles, ya que quedó probado sin mayores esfuerzos que es uno de los beneficiarios de la resolución con la que legalizó los fletes sobre una de las líneas más calientes del contrabando fronterizo en Salvador Mazza.