La ley 8.239/21, que convocó a la reforma constitucional, incluye la consideración del articulado referido a la Composición de la Auditoría.
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La ley 8.239/21, que convocó a la reforma constitucional, incluye la consideración del articulado referido a la Composición de la Auditoría.
El texto constitucional vigente determina que el organismo esté integrado por tres o cinco miembros, según lo establezca la ley, con título universitario en Abogacía, Ciencias Económicas, u otros graduados con especialización en administración financiera, control y auditoría. Son seleccionados por una comisión Permanente de la Cámara de Diputados integrada por siete miembros, con participación de la minoría. Son designados previa audiencia pública por la Cámara de Senadores en sesión pública. Duran cinco años en sus funciones y pueden ser reelegidos. Tienen las mismas incompatibilidades, gozan de las mismas inmunidades que los jueces y son removidos por las mismas causas que éstos mediante juicio político.
La transparencia
Lo primero que cabe señalarse es que la Auditoría no constituye un poder. Es un órgano creado por la Constitución que ejerce el control técnico posterior y auditoría de gestión económica financiera, patrimonial, presupuestaria y operativa en atención a los criterios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia de la hacienda pública provincial y municipal, incluyendo sus organismos descentralizados cualquiera fuese su modalidad de organización, empresas y Sociedad del Estado, entres reguladores de servicios públicos y entres privados adjudicatarios de servicios privatizados en cuanto a las obligaciones emergentes de los respectivos contratos. Informa a la Legislatura sobre la cuenta general del ejercicio. Tiene legitimación para comparecer en juicio y sus informes son públicos.
La ley 7.103, del 23 de octubre del año 2000, establece que la Legislatura ejerce el control político de la gestión del Poder Ejecutivo a través de la cuenta general del ejercicio que ese poder presenta; además la Auditoría General debe enviar un informe anual sobre el estado de la Hacienda Pública, y la Comisión Bicameral, a su vez, puede pedirle informes.
Es esencial al sistema republicano y representativo que existan controles, para garantizar la transparencia y el derecho de los ciudadanos de ser informados sobre cómo se gestiona la provincia.
El gobernador Gustavo Sáenz propuso formalmente que los partidos del frente electoral que hayan adherido a la candidatura del Poder Ejecutivo en funciones al momento de resolverse la designación de Auditores Generales y cuenten con representación parlamentaria, "no puedan nominar más de dos de los cinco integrantes que conforman el Colegio de Gobierno de la Auditoría General de la Provincia". Esto implica que los restantes Auditores Generales y la presidencia del organismo de control le corresponderán a los partidos políticos con representación legislativa de acuerdo a la cantidad de legisladores con que cuenten en ambas cámaras.
Es decir, se trata de crear un sistema donde el control sea ejercido por la oposición. Así se procura que no exista connivencia entre el controlado y el controlador.
Como lo señalara Luis Moreno Ocampo (quien fuera fiscal penal adjunto en el juicio a las Juntas militares del gobierno de facto de la Argentina) en su libro "En defensa propia (cómo salir de la corrupción)" : "Un tercer problema (en la Argentina) es que precisamente la corrupción interrumpe la relación entre el ciudadano y sus representantes. Cuando los representantes aceptan un soborno para hacer o dejar de hacer algo, reemplazan el interés público por su interés individual. De esa forma la corrupción tiene un efecto político devastador, socava la confianza de la sociedad en sus representantes, deslegitima el sistema representativo".
En el sistema republicano, el poder legislativo tiene el control político por excelencia. El Poder Judicial es un contrapoder.
Abundan los hechos de corrupción, a nivel nacional e internacional, con fuerte impacto en la opinión pública.
No todos se judicializaron, no todo terminó en condena, no en todos los casos intervinieron los órganos u organismo de control. Pero en todos los casos la sociedad se indignó, se sintió estafada. Pero no hubo escarmiento.
La escasa responsabilidad y la falta de compromiso de los funcionarios es un flanco débil que los corruptores conocen y aprovechan.
¿Qué es la Auditoría?
En el caso de la Auditoría General de la Provincia, es de destacar que en el nombramiento de los auditores, no interviene el gobernador. Se los designa con intervención de las cámaras legislativas.
Incorporar la AGP en la Constitución representó un gran adelanto en el sistema de control de la provincia. Ahora bien, cuando vemos sus debilidades, parece acertado analizar en esta reforma cómo se han de designar los auditores.
Legisladores y auditores han sido ineficientes en su tarea de control, porque debieron tener una actuación más proactiva ante las denuncias de los ciudadanos.
No deberían sentarse a esperar que el ciudadano acuda por si ante la Justicia, y recién "asombrarse" y actuar cuando el funcionario se encuentre procesado o detenido. Eso demuestra una falla en el control. El amiguismo, el mirar para otro lado, cuando hechos graves se encuentran a la vista, también es corrupción; es recibir y hacer favores en desmedro del sistema.
Es mirar para otro lado cuando el que está actuando mal es el familiar, el amigo, el colega, el compañero, el correligionario.
Es por eso que la sociedad termina diciendo que los políticos ni la democracia sirven, y exigen “que se vayan todos”.
Es perentorio el control de la gestión, de las obras que se licitan para que se realicen, y para que se destinen al fin u objetivo propuesto, que los costos y los presupuestos se ajusten a la realidad, y finalmente, que se evalúen los resultados.
Y esto no es una cuestión formal. Es garantizar el control del Estado para asegurar la calidad de vida y los derechos de los ciudadanos: que los pozos para extraer agua potable o agua segura para la población se ubiquen en el lugar correcto, que se realice mantenimiento, que el agua sea efectivamente segura. que dure la obra, y que no quede descartada al cabo de meses o pocos años.
Que se sepa dónde fueron a parar fondos obtenidos de organismos internacionales.
Que los presupuestos para educación sean reales, efectivos, controlables, que se note una mejora en la educación de la población.
Que los dineros que llegan para controlar el dengue, se apliquen efectivamente en el programa, los destinados al cuidado del ambiente, se utilicen efectivamente en ello, que los fondos destinados al control de las mineras sirvan para equipar al organismo encargado de controlarlas.
Todo esto lo debe hacer la AGP. Y tiene facultades de denunciar ante la Justicia ante irregularidades que encuentren en sus auditorías realizados a los entes bajo su control.
La transparencia
Es mucho lo que debe y puede realizar. Sin presiones del poder Ejecutivo ni del Legislativo, en cuyo caso también debe denunciar. Para eso tiene autonomía funcional y facultad para denunciar ante la Justicia.
Si lo hacen, se ganarán la confianza de los ciudadanos: la publicidad de la información construye la transparencia.
Que la oposición se encuentre a cargo de la Presidencia y que la mayoría de los auditores sean de la oposición me parece acertado. Y que la comisión encargada de seleccionar a los postulantes en la Cámara de Diputados esté integrada por mayoría de opositores, también.
Es un avance en esta tarea de procurar transparencia y una de las formas de dar respuesta al requerimiento ciudadano. ¿Será el mejor? Trataremos que lo sea.
Pero el éxito dependerá, además, de la ética de cada auditor, la formación profesional y la idoneidad en materia de control.
Compromiso ciudadano
Todos los ciudadanos debemos ser activos en este control, porque de ello dependerá nuestra libertad, nuestro patrimonio, la educación y la salud pública, como el control ambiental.
Debemos estar atentos, exigir transparencia, denunciar los hechos de corrupción de los que tengamos pruebas, o indicios claros. No estoy alentando a los oportunistas que usufructúan la denuncia, sino al comportamiento responsable y serio que debemos tener en esta sociedad moderna, actual.
Una sociedad que exige que los órganos de control y la Justicia estén atentos para responder al reclamo cada vez más fuerte de una ciudadanía cansada, agotada, castigada por los altos índices de pobreza, y de indigencia, por la falta de trabajo digno, por la falta de educación adecuada, por la falta de salud, por un ambiente cada vez más degradado.
Procuremos para nosotros, nuestros hijos, y los hijos de todos los habitantes de esta provincia, un futuro deseable.