La prioridad del Gobierno sigue siendo el cierre de las causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La posibilidad de un indulto, como insinuó en estos días la propia directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, de una amnistía, como reclamó el exjuez kirchnerista Raúl Eugenio Zaffaroni, y el reclamo de una reforma judicial, sumado a las críticas -institucionalmente inadmisibles- al Poder Judicial ocupan el centro de la agenda, por encima de la también politizada campaña sanitaria y de el grave escenario socioeconómico del país.
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La prioridad del Gobierno sigue siendo el cierre de las causas contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La posibilidad de un indulto, como insinuó en estos días la propia directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, de una amnistía, como reclamó el exjuez kirchnerista Raúl Eugenio Zaffaroni, y el reclamo de una reforma judicial, sumado a las críticas -institucionalmente inadmisibles- al Poder Judicial ocupan el centro de la agenda, por encima de la también politizada campaña sanitaria y de el grave escenario socioeconómico del país.
El indulto fue solicitado por la abogada cristinista para Milagro Sala, pero podría ser extensivo a Amado Boudou. Ambos son presentados para la militancia K como víctimas de persecución política. El presidente Alberto Fernández descartó esa posibilidad señalando que Cristina está procesada y no condenada. Probablemente a ella tampoco le agrade que la historia la asocie con otros indultados famosos.
La amnistía requiere de una ley del Congreso. Hoy sería difícil conseguir los votos en la Cámara de Diputados y después de las elecciones, probablemente, más difícil. De todos modos, "amnistía" es "olvido", pero no inocencia.
La reforma judicial, en cambio, choca con otro obstáculo: en el discurso presenta resonancias dictatoriales, como las manipulaciones de la Justicia en la Venezuela de Nicolás Maduro. Y, en la realidad, la experiencia de los doce años anteriores de kirchnerismo exhibe varios capítulos judiciales, pero ninguno que asemeje a una reforma. En 2003 el desplazamiento de los cinco jueces considerados "menemistas" no se desarrolló por las vías institucionales, pero permitió una composición del máximo tribunal muy similar a la actual. Aunque se incrementó drásticamente la politización del Consejo de la Magistratura, eso sirvió para manipular las designaciones y traslados de jueces y conjueces en lugares estratégicos. Un capítulo sombrío y nunca esclarecido en esta trama es la muerte del fiscal Alberto Nisman y las maniobras de entorpecimiento en la investigación de la muerte y de la denuncia que la precedió contra la actual vicepresidenta.
Entonces y ahora la única preocupación por la Justicia tiene que ver con las causas por corrupción.
Intimaciones
En este contexto, la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), María Fernanda Raverta, comenzó a intimar a jueces y fiscales que iniciaron trámites para jubilarse; quienes hayan iniciado el trámite previsional tienen 30 días hábiles para presentar su renuncia o desistir y retirar la carpeta. Jueces y fiscales tienen la obligación de comenzar sus trámites jubilatorios a partir de los 60 años para que el trámite sea efectivo cuando presentan la renuncia. Aunque tiene todos los rasgos de una forma de presión, en la resolución 11-46 del organismo se señala que el objetivo es establecer un procedimiento de trabajo que regule la iniciación, resolución, liquidación, puesta al pago y reajustes de beneficios solicitados por magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación. También establece la resolución que, de no haberse presentado la renuncia, Anses revisará el expediente y se reservará la potestad de archivarlo o de tomar las medidas previstas en la ley 24.241 que regula las jubilaciones de jueces y fiscales. En abril pasado, cuando en plena cuarentena el Gobierno comenzó a cuestionar las jubilaciones de los magistrados, también promulgó la modificación de la ley que regula las jubilaciones de los jueces, fiscales y personal del servicio exterior, que elevó el aporte jubilatorio del 12 al 18 por ciento. La misma ley dispuso que los afectados tendrían en adelante que completar los trámites jubilatorios a través de Anses y no del Consejo de la Magistratura, como se hacía hasta entonces.
En ese momento la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun) judicializaron la decisión del Congreso y pidieron la inconstitucionalidad de las modificaciones. El expediente no tuvo fallo aún y podría llegar a la Corte Suprema.
La resolución alcanza a 222 personas: 182 jueces, desde la Corte hasta juzgados de primera instancia, 20 fiscales, incluido el procurador interino, Eduardo Casal; diez defensores y diez funcionarios de menor rango.
Entre los señalados están el fiscal Jorge Di Lello y los jueces Martín Irurzun, Eduardo Riggi, Leopoldo Bruglia, Guillermo Yacobucci, María Servini de Cubría, Carlos Mahiques, Ángela Ledesma y Liliana Catucci.
La reforma
Dentro de doce días el presidente Alberto Fernández insistirá al Congreso por la reforma judicial. Aparentemente, no pedirá una ley de amnistía. Entre las muchas cuestiones que separan sus deseos de la voluntad de su compañera de fórmula, una es justamente la reforma judicial. Cristina Kirchner siempre se ampara en la filosofía de Justicia Legítima, cuyo trasfondo reposa en la subordinación de los jueces al liderazgo del Poder Ejecutivo.
Aunque se conoce el tenor del discurso inaugural del año legislativo, los detalles aún no estarían definidos. Pero Alberto Fernández conoce algunos límites. Uno, el del verdadero poderío parlamentario que lo obliga a andar con pies de plomo. El otro, que una ley de amnistía sería sinónimo de impunidad, una palabra que solo agradaría (en este caso) al voto cautivo en un año de renovación legislativa.
Para la vicepresidenta, la urgencia es el cierre de las causas; eso por ahora no se vislumbra.
La ministra de Justicia, Marcela Losardo, es acusada por la militancia por la falta de iniciativa para frenar las causas. Fiel al pensamiento del Presidente, sabe que todo esto transcurre por una doble vía: la de lo que Alberto pensaba antes de mayo de 2019 (y lo que expresaba en innumerables declaraciones registradas en videos) y lo que pasó a decir después acerca de la culpa o la inocencia de Cristina. Por eso es débil la credibilidad de un tuit de la ministra: "Hoy sabemos que hubo jueces que acordaban y preanunciaban sus fallos con el presidente de entonces", dijo Losardo.
Incluso, en esas declaraciones reproducidas por el Presidente, sintetizó la teoría del "lawfare" a la que se aferran Cristina y el senador Oscar Parrilli, empeñados en lograr los votos para la reforma lo antes posible: "La Mesa Judicial" y "todo ello ocurre con la anuencia de un conjunto de medios que tapan aquellas inconductas".
La ley y los poderosos
Las andanadas contra la Suprema Corte de Justicia se apoyan en la decepción de una sociedad que siente que la ley “es como el cuchillo, no ofende al que lo maneja”. Que un gobierno dentro de una democracia republicana quiera manejar ese cuchillo, o a quienes administran Justicia, no es un síntoma alentador si se piensa en una reforma que beneficie al ciudadano de a pie. La teoría del “lawfare” es, justamente, una teoría de guerra entre poderosos. Es decir, poderosos para quienes sus intereses están sobre todo.
Alivio oficial en el caso de espionaje
En el intrincado laberinto de las jurisdicciones y competencias, el abogado de Cristina Kirchner logró frenar provisoriamente el traslado de la causa por supuestos hechos de inteligencia efectuados en 2018 y en el que están imputados funcionarios del gobierno de Mauricio Macri. El vienes por la noche, el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé había ordenado enviar el expediente a Comodoro Py. Ayer, el titular de la sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky habilitó el tratamiento del recurso presentado por el abogado Carlos Beraldi en contra del fallo de la propia Casación que dispuso que el caso de espionaje pasara de Lomas de Zamora a Comodoro Py, y para que la causa se siga tramitando en el tribunal que funciona en el conurbano sur.
El fundamento por el que se dispuso el traslado a la capital federal es que los hechos ocurrieron, en su gran mayoría, en esa ciudad. La preocupación de Cristina Fernández es que, con el traslado, la causa recaería en el fiscal Carlos Stornelli. Es justamente esa la razón por la que el kirchnerismo había planteado su denuncia en Lomas de Zamora. Borinsky le indicó al juez federal de Lomas de Zamora que deberá requerirle a la Cámara Federal porteña la “devolución” de las actuaciones . El juez Auge ya había enviado a la sala I de la Cámara Federal porteña los expedientes digitales de las causas en la que se investiga el espionaje político ilegal y la inteligencia ilícita desplegada sobre el Instituto Patria y el domicilio de la expresidenta, pero había supeditado el envío de los legajos físicos hasta el momento en que quedara definido el juzgado en el que tramitaría el expediente.
A partir de ahora, la sala IV tiene 10 días para definir se le habilita la vía para que el recurso extraordinario llegue a la Corte Suprema de Justicia. En ese expediente están pendientes de resolución los pedidos de procesamientos a los exjefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y una treintena de imputados.
La decisión del traslado fue tomada por la Sala IV de la Casación, con los votos de los camaristas Borinsky y Javier Carbajo y la disidencia de Ángela Ledesma, ante el pedido de Gustavo Arribas y de Darío Nieto, ex secretario privado de Macri. La suspensión fue admitida por razones formales. Pero no es definitiva.
El traslado había causado escozor en la Casa Rosada y, tras la pausa, la decisión final sobre la competencia, probablemente, recaiga en la Suprema Corte.