Entre los años 2017 a 2019, al menos 52 víctimas de femicidio directo y vinculado tenían medidas de protección, que no evitaron su asesinato, de acuerdo a un informe inédito que difundieron ayer las oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.
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Entre los años 2017 a 2019, al menos 52 víctimas de femicidio directo y vinculado tenían medidas de protección, que no evitaron su asesinato, de acuerdo a un informe inédito que difundieron ayer las oficinas de la Mujer y de Violencia Doméstica de la Corte Suprema.
Se trata del "Estudio sobre denuncias de violencia de género/doméstica y medidas de protección en víctimas de femicidio", que se realiza por primera vez, y brinda un panorama general a nivel país, con datos más específicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte tiene su sede.
La investigación "busca contribuir al diseño de políticas públicas que faciliten el acceso a justicia, eviten la revictimización y prevengan desenlaces fatales", se explica en el documento. Y otro objetivo citado fue "evaluar el cumplimiento de la debida diligencia desde el inicio de las denuncias hasta la resolución de las causas judiciales".
La OVD y la Oficina de la Mujer, que están a cargo de la vicepresidenta del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco, tomaron como base el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (Rnfja), único registro oficial sobre femicidios. La investigación llega hasta 2019, ya que aún no se sistematizaron los asesinatos de mujeres en contexto de violencia de género, del año pasado ni de este. "Algunas de las variables incluidas en este estudio ya fueron relevadas oportunamente para la elaboración del Rnfja, pero su baja tasa de respuesta impulsó la necesidad de actualizar y completar dicho relevamiento", se reconoce en el documento.