“Es imprescindible que los gobernadores empiecen a ocuparse del desarrollo económico”

Los atropellos denunciados en Formosa y la inauguración de un estadio en Santiago del Estero, concebido como lo haría un emirato, son temas que usted ha señalado en algunos artículos. ¿Coinciden estos hechos con sus advertencias sobre los riesgos del sistema rentístico de la coparticipación y sobre las democracias amenazadas?

Hay provincias, como Santiago del Estero y Formosa, que son el prototipo de las democracias híbridas, poco democráticas, en definitiva, y muy dependientes de los fondos federales; muy diferentes a los casos de las provincias centrales, con mayor autonomía productiva, como Córdoba, Mendoza o Santa Fe. En aquellas, regidas por el autoritarismo, las instituciones son endógenas, es decir, en términos comunes, los gobernadores hacen lo que quieren. La institucionalidad es mero reflejo del oficialismo de turno, o del gobernador que, en general, siempre es el mismo. En provincias donde las instituciones son más sólidas, los gobernadores tienen límites. En Formosa, Gildo Insfrán decide construir centros de aislamiento, y se sale con la suya. En Santiago, Gerardo Zamora puede construir un estadio y nadie le puede hacer notar que la provincia presenta otras prioridades. Las políticas públicas deben estar sujetas a regla y no a preferencias de un grupo minúsculo de personas. Los abusos, cuando hay reglas, tienen barreras.

El pensamiento sobre el futuro, la integración regional y el federalismo parecen ausentes de la agenda de las provincias del Norte...

Son temas ausentes en la Argentina, y no solo en el norte. El conflicto entre las provincias de la cuenca del río Colorado (Mendoza, Neuquén, La Pampa, Río Negro y Buenos Aires) hizo fracasar la constitución de un organismo interprovincial. También fracasó la asociación entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. La estrategia de asociación entre provincias para generar economías de escala, que uno supone que debiera ser frecuente, no lo es. Pero no podría afirmar si se trata solo de falta de visión estratégica, actitud productiva y perspectiva de futuro, o si se debe a la ausencia de incentivos. Y otro factor a tener en cuenta es la disolución de los partidos políticos: en cada provincia, el gobernador hace la que le parece. Schiaretti y Rodríguez Saa se presentan como peronistas pero ni remotamente actúan como si fueran del mismo partido. La territorialización o desnacionalización de la política, donde cada provincia es un sistema político con distinta identidad partidaria, no brinda un marco institucional de partidos que puedan vertebrar asociaciones con objetivos comunes. Es muy difícil determinar la identidad partidaria de la mayoría de los oficialismos provinciales. Y en consecuencia, las provincias miran hacia dentro. Y, al mismo tiempo, tenemos muchos consejos federales, pero no garantizan la coordinación y los acuerdos. Ahora, la mayoría de las provincias del norte y de la Patagonia carecen de un nivel de población que les permita desarrollos e inversiones de escala. La escala provincial es demasiado chiquita y entonces, hay motivos de sobra para que busquen asociarse para sumar fuerzas y proyección.

El Norte Grande tiene enorme potencial, pero sigue estancado, entre otras cosas, por falta de posibilidad de proyectos coordinados. ¿Es una utopía?

Los líderes políticos suelen estar más preocupados por su propio futuro que por el de su provincia. Por eso es imprescindible que los gobernadores encuentren incentivos para que empiecen a preocuparse por el desarrollo económico. Y los incentivos que ofrece el actual sistema federal son más bien para que el gobernador busque algún fondo nacional o alguna obra pública que para definir objetivos de desarrollo agroindustrial o exportador. Por eso, las posibilidades geográficas y humanas que ofrece la región se desperdician. Formosa está al lado de Brasil y Paraguay; tiene condiciones naturales para la producción y mano de obra disponible, pero no genera riqueza, y registra indicadores sociales preocupantes. Esta provincia y Santiago del Estero, tomadas como casos paradigmáticos, hacen suponer que sus dirigencias no ofrecen ideas ni iniciativas para la construcción de metas. Yo escuché a gobernadores de provincias chicas cuando dicen que “todos somos empleados públicos, porque no tenemos plata”. ¿Es inevitable esa resignación? No lo creo.

¿Es nociva la dependencia de la coparticipación?

La coparticipación federal genera un tipo de equilibrio que hace que la economía de la provincia gire en torno del Estado y no genere estímulos al sector privado. Todos quieren ser empleados públicos; las empresas, a su vez, proveedores del Estado. Si los recursos productivos terminan masivamente orientados al Estado, no hay posibilidad de atraer grandes inversiones privadas. 
Puntualmente: en el norte, la mano de obra es más barata que en Buenos Aires; sin embargo, a las empresas con capacidad de generar puestos de trabajo no parece interesarles instalarse en esa región donde hay una enorme fuente de empleo público que hace que la mano de obra calificada esté ya en el Estado. Uno supone que darle plata a una provincia ayuda a desarrollarla, pero la realidad demuestra que no es así. En los hechos, los gobernantes se aferran y profundizan la dependencia de los recursos que les llegan por coparticipación.

¿A las autoridades locales les conviene más tener un voto cautivo de empleados o subsidiados por la administración que generar inversión y empleo privado?

Hay una cuestión de fondo: si alguien tuviera la intención de pasar de esa dependencia a una transición productiva, no le resultaría simple ni liviano. Hay una necesaria etapa de cambio que es traumática y con costos políticos. Entonces, con el plazo electoral como espada de Damocles, un gobernador necesita otros incentivos para animarse a hacerlo. Por el contrario, creo que hay muchos elementos para suponer que es más cómodo un Estado superpoblado que una provincia con empresas y empleados privados, que son menos controlables. Eso ocurre en las provincias que llamo “rentísticas”, donde la mayor inquietud es aumentar los fondos federales. Las que no son rentísticas, en cambio, saben que la inversión privada es la fuente que les queda para incrementar el ingreso.

¿Hay estrategias de educación profesional y técnica?

Hay pocas provincias que tengan compromiso de desarrollo y de sofisticación técnica como para diseñar un sistema educativo adecuado a las exigencias de un sistema productivo moderno. Es decir, hace falta asumir las dificultades de una planificación sostenida en el tiempo. En todos los rubros de la actividad hay mucho que los gobernadores pueden hacer. El turismo no es solamente multiplicidad y magnificencia de paisajes o legados históricos, sino que requiere decisiones, inversiones, obras y conocimientos específicos para potenciarlo. Para enriquecer la oferta. Y eso no se nota en nuestras provincias.

La erosión de la democracia y el autoritarismo

En sus escritos, Gervasoni apunta a Formosa, Santiago del Estero y San Luis.

La democracia representativa y el control republicano están en declive. El sistema clientelar, la falta de equidad electoral (no existe eso de “un votante, un voto”) y la estatalización de la economía en muchos distritos erosiona al sistema y anticipa un viraje hacia autoritarismos conservadores en todo el mundo.

Carlos Gervasoni es doctor en Ciencia Política (University of Notre Dame). Gerente regional del proyecto Varieties of Democracy. Los gobiernos de las provincias son el objeto de muchas de sus investigaciones académicas.

“La rutinización de la democracia visibilizó una realidad subnacional que merecía atención. Los ‘caciquismos, caudillismos y coronelismo’ que pueblan los manuales de historia latinoamericana parecían sobrevivir en el nuevo contexto”, escribió en su artículo “Democracia, autoritarismo e hibridez en las provincias argentinas” publicado por Journal of Democracy en español

“Al mismo tiempo, el libre funcionamiento del federalismo en algunos países y la creciente descentralización en casi todos hicieron evidente la importancia política y económica de las unidades subnacionales, a menudo a cargo de políticas públicas claves tales como la educación básica”.

El rol de los gobiernos provinciales (o subnacionales) es un tema de agenda en el nuevo escenario internacional. Porque en el mundo, la democracia estuvo y está amenazada por el autoritarismo. Ya no hay gobiernos equivalentes a los fascismos europeos o al autoritarismo soviético, tampoco golpes de Estado como los que signaron medio siglo de historia latinoamericana. Pero desde la democratización nacida en los 80, han surgido nuevas formas de erosión al sistema.

“Si en el siglo XX las modalidades más frecuentes eran el golpe militar, el “autogolpe” y la invasión extranjera, en el XXI domina la erosión gradual de las instituciones democráticas por parte de líderes elegidos”, sostiene el autor en un artículo publicado por la UTDT en 2020, referido a las amenazas a la democracia. “Los líderes ‘autogolpistas’ (como Hitler y Fujimori) han sido reemplazados por presidentes y primeros ministros que socavan de a poco la misma democracia que los llevó al poder. Su ‘caja de herramientas’ estándar incluye la demonización de la oposición, el debilitamiento de los controles legislativos y judiciales, y el ataque a los medios de comunicación críticos”.

En varios trabajos académicos, Gervasoni señaló a Formosa, Santiago del Estero y San Luis como provincias autoritarias, cuya economía está centrada en el Estado, y donde la decisión del gobernador se impone por sobre las reglas sin barreras de contención.

La Justicia

“Políticos, funcionarios y policías han naturalizado allí el disponer sobre las personas sin rendir cuentas a nadie: los poderes judiciales están bajo férreo control de los gobernadores, los medios de comunicación independientes casi no existen, y los electorados, además de muy sesgadamente informados, se encuentran mayoritariamente controlados por relaciones de dependencia económica vía empleos públicos y planes sociales provinciales”, señaló en otra publicación referida, en este caso, a las denuncias contra el gobierno de Gildo Insfran. 

“El consenso sobre la inviolabilidad de los derechos humanos al que los argentinos creímos haber arribado luego de la dictadura no opera cuando quienes los violan son aliados”, reprochó al gobierno nacional y cuestionó, especialmente, a Horacio Pietragalla, “Secretario de Derechos Humanos de la Nación, haciendo malabares en su reciente visita a Formosa para excusar los atropellos de uno de los regímenes provinciales más reaccionarios y opresivos del país”.

En 2019, en ocasión de una conferencia brindada en Salta, Gervasoni describió así las raíces de estas “democrácias híbridas y autoritarias”: “Al igual que ocurre en los países rentísticos (por ejemplo los emiratos petroleros del Golfo Pérsico), la democracia no prospera porque, allí donde prácticamente todos los actores relevantes dependen económicamente del Estado pocos quieren ser opositores”.

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