Se cumple un año del primer caso de  COVID en Argentina

El inicio del brote de coronavirus en la Argentina, el cual tuvo drásticas consecuencias en la vida social y económica, cumplirá hoy un año, ya que el 3 de marzo de 2020 se comprobó el primer caso confirmado de COVID-19 en el territorio nacional.

Ese día marcó el ingreso al país de la pandemia que se convirtió en uno de los sucesos más dramáticos que le tocó vivir al planeta en las últimas décadas.

Pasó un año desde que el virus, que en ese momento tenía el foco en China, Italia y un puñado de países, y por el momento no se hablaba de pandemia, cuando el empresario porteño del rubro marroquinería Claudio Ariel Pazzi, de 43 años, fue diagnosticado como caso positivo.

Solo cuatro días más tarde, la pandemia se cobró la primera víctima fatal en la Argentina con la muerte de un hombre de 64 años que había viajado a Francia.

En ese entonces, algunas personas, entre los que se encontraban expertos e importantes funcionarios, tenían la esperanza de que la entonces epidemia podía llegar a afectar solamente a países desarrollados e hiperconectados, mientras en la Argentina las medidas sanitarias eran incipientes y limitadas.

Desde entonces, la Argentina sumó más de 2,1 millones de casos positivos y se ubica en el puesto 12 entre los países más afectados del mundo, mientras que murieron 52.192 compatriotas por el virus originado en China a finales de 2019.

En el desarrollo del brote, la Argentina, como muchas naciones, vivió un proceso inédito con una estricta cuarentena decretada quince días después del primer caso, con profundas consecuencias económicas y sociales, que sirvió para retrasar la evolución de los contagios y en consecuencia una saturación en el sistema sanitario.

Luego de que el gobierno de Alberto Fernández tomara la drástica decisión de prácticamente paralizar la circulación de personas y la actividad económica, con solamente servicios esenciales y provisión de medicamentos y alimentos, se vieron calles y rutas vacías.

La medida tomada el 18 de marzo pasado, encontró en un primer momento un importante apoyo de la población, y en la empresa, el Gobierno nacional fue apoyado por los gobiernos provinciales y porteño.

Por ese entonces comenzaron los informes en los que se veía a Fernández flanqueado tanto por el oficialista gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como por el jefe de Gobierno porteño opositor, Horacio Rodríguez Larreta, en una sólida foto de gobernabilidad.

En las sucesivas semanas, el contundente apoyo popular a las medidas de aislamiento se fue esmerilando al ritmo del empeoramiento de las condiciones socioeconómicos, pese a los esfuerzos gubernamentales mediante, como los extendidos programas de auxilio a la población y al empleo. También incidió el crecimiento de los casos y muertes en la segunda mitad de 2020, que llevaron al país a ubicarse entre los más afectados a nivel mundial y pusieron en duda el valor del esfuerzo realizado por la población.

Teletrabajo, donación de plasma y otras normas

La forzada masificación del trabajo remoto por la necesidad de readecuar las tareas laborales a las nuevas condiciones que impuso la cuarentena llevó al Congreso a apurar un debate que venía aletargado. La iniciativa quedó aprobada en ambas cámaras a mediados del año. Entre otros aspectos, la normativa propuesta señala que la prestación laboral a distancia es voluntaria, no puede ser impuesta por el empleador y por lo tanto es reversible. Además, consagra el “derecho a la desconexión digital” del empleado remoto cuando se encuentre fuera de su jornada laboral o de licencias, al tiempo que el empleador tiene prohibido “remitirle comunicaciones por ningún medio” en esos períodos.
El 27 de julio de 2020 el Senado convirtió en ley el proyecto dispone la creación de una campaña nacional para la promoción de la donación voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID. 
También ese día quedó sancionada definitivamente la ley de receta electrónica como alternativa a la prescripción con puño y letra, así como la regulación de la llamada “teleasistencia” de salud a través de plataformas digitales, siendo el Estado el garante de las de la protección de los datos de los pacientes en estas consultas virtuales.
 

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