En la polémica que se generó por la derogación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de la presidencia de Macri que modificaba artículos de la ley de migraciones hay verdades a medias y un discurso que causa confusión en un tema muy sensible en provincias fronterizas, como Salta. Un punto que se debe aclarar, que es el eje del inconducente debate político de los últimos días, es que nunca la ley migratoria habilitó el ingreso al país de extranjeros con antecedentes delictivos, ni antes ni después del decreto del anterior presidente.
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En la polémica que se generó por la derogación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de la presidencia de Macri que modificaba artículos de la ley de migraciones hay verdades a medias y un discurso que causa confusión en un tema muy sensible en provincias fronterizas, como Salta. Un punto que se debe aclarar, que es el eje del inconducente debate político de los últimos días, es que nunca la ley migratoria habilitó el ingreso al país de extranjeros con antecedentes delictivos, ni antes ni después del decreto del anterior presidente.
La noticia falsa de que a partir de la derogación del decreto 70/2017 se permitirá el ingreso de delincuentes a territorio argentino se refuta con la lectura del artículo 29 de la ley 25.871 de Migraciones, donde se especifican los impedimentos para recibir a ciudadanos extranjeros.
"Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres años o más", dice, por ejemplo, uno de los subartículos de la ley sobre las restricciones para entrar al país.
Por otro lado, existían argumentos válidos para modificar la ley de migraciones, como que los procesos para la expulsión de personas de nacionalidad extranjera llegaban hasta los siete años de tramitación por el complejo procedimiento recursivo que disponían los afectados. Pero el derogado decreto había avanzado mucho más que en ese aspecto y contenía disposiciones fuertemente discutidas por organismos internacionales y locales de Derechos Humanos. Al punto de que la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal declaró, en 2018, inconstitucional el decreto de Macri y la apelación de la sentencia llegó a la Corte Suprema de Justicia, donde todavía no hubo una resolución.
La parte modificada a la ley de migraciones que más rechazo causó (y por lo que finalmente fue dada de baja) es la inclusión de que los extranjeros podían ser expulsados aún si las condenas que tenían no estaban firmes. Lo que, a opinión de constitucionalistas, violaba el derecho universal de que toda persona es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Hasta el viernes, cuando se derogó el decreto, una presunción de culpabilidad era motivo suficiente para retirar del país a una persona de otra nacionalidad.
Versión oficial
"No cambió absolutamente nada entre el DNU y la ley de migraciones en cuanto a las razones por las que un delincuente no puede entrar a la Argentina, como tampoco no cambió el artículo de que podemos expulsar a las personas que hayan delinquido", explicó en diálogo con El Tribuno la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano.
"El asombro es porque en la oposición no saben o mienten a la sociedad, que salgan a hacer terrorismo con la gente, a mentir descaradamente", sostuvo la funcionaria.
"Lo que cambió con la derogación del decreto es el plazo que tenían las personas para poder defenderse cuando cometían un delito. Antes tenían tres días y ahora tienen los plazos administrativos normales", señaló Carignano.
Aún así, la titular de Migraciones dijo que esos tres días nunca se cumplieron. "Los jueces no podían resolver nada en tres días, no llegaban ni a leer las causas, entonces lo que pasaba era que ponían un amparo y todo se supeditaba a los tiempos de la Justicia", acotó.
Versión opositora
Dirigentes del macrismo criticaron la derogación del decreto 70. Afirmaron que durante los cuatro años de la anterior gestión, unos 3.000 extranjeros fueron expulsados de la Argentina.
"Aumentaron significativamente las cifras de expulsiones. Por medidas como esta, bajaron durante los cuatro años de nuestro gobierno todos los índices delictuales", afirmó Rogelio Frigerio, exministro del Interior, y remarcó que el decreto respetaba "todas las garantías reconocidas internacionalmente".
"La verdad es que me gustaría saber de dónde sacaron ese número porque los datos que nosotros tenemos en Migraciones no coinciden", respondió, en tanto, Florencia Carignano.