Ocurrió otra vez, el tema es que fue justo en la víspera de Semana Santa cuando había más movimiento. Ayer, pasadas las 9 de la mañana, hubo una nueva amenaza de bomba en la terminal de Salta. En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Provincia y efectivos de Tránsito y de Gestión Integral de Riesgos, estos últimos de la Municipalidad.
inicia sesión o regístrate.
Ocurrió otra vez, el tema es que fue justo en la víspera de Semana Santa cuando había más movimiento. Ayer, pasadas las 9 de la mañana, hubo una nueva amenaza de bomba en la terminal de Salta. En el lugar trabajó personal de Bomberos de la Provincia y efectivos de Tránsito y de Gestión Integral de Riesgos, estos últimos de la Municipalidad.
En un primer momento se desalojaron las instalaciones de la terminal de colectivos de larga distancia y hubo restricción vehicular por la zona, por lo que se recomendó evitar circular por la zona y usar vías alternativas.
Según comentaron desde la Municipalidad de Salta a El Tribuno, en el lugar trabajó la Brigada de Explosivos que realizó la búsqueda y arrojó resultados negativos. Se investiga al número telefónico del cual se realizó la llamada de alerta. El llamado ingresó al sistema 911 a las 9.20 de la mañana.
De acuerdo a lo que se dijo en el momento, sembró mucho miedo entre las personas que llegaban de viaje y entre las que se aprestaban a subir a un colectivo para pasar Semana Santa fuera de la ciudad.
La anterior
Esta es la segunda amenaza de bomba en lo que va de marzo. La primera se había realizado el 18 de este mes cuando alrededor de las 10, a través de una llamada anónima, se produjo una amenaza de bomba. Bomberos y la policía debieron desalojar el lugar.
En aquel momento, bomberos especialistas en explosivos efectuaron el relevamiento e inspección del edificio informando que se trataba de una falsa alarma. La Fiscalía Penal N´ 4 dirige el trabajo policial tendiente a identificar al causante.
El Código Penal de la Nación Argentina prevé una pena de dos a seis años de prisión efectiva en los casos de intimidación pública, los reportes falsos por bombas o cualquier hecho que ponga en riesgo la vida y los bienes.
"Será reprimido con prisión de dos a seis años el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos. Cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años", especifica el artículo 211.