De regreso a Ítaca, luego de la guerra de Troya, Ulises pudo atravesar los cantos de las sirenas sin naufragar, porque pidió lo ataran al mástil de la embarcación hasta encontrarse fuera de peligro. (*)
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De regreso a Ítaca, luego de la guerra de Troya, Ulises pudo atravesar los cantos de las sirenas sin naufragar, porque pidió lo ataran al mástil de la embarcación hasta encontrarse fuera de peligro. (*)
El derecho emplea algunos mitos para explicar cuestiones complejas, en particular en el área de la dogmática constitucional. Tal vez uno de los más utilizados es el de la Odisea, Ulises y las Sirenas, introducido por Elster, el que ilustra la densa tensión entre democracia y constitución. La metáfora es útil para comprender que ciertas decisiones, por mayoritarias que sean, no pueden exceder los mandatos constitucionales. Los principios constitucionales actúan como diques de contención por los que debe fluir la fuerza del poder político para prevenir el desborde de la voluntad mayoritaria. Las constituciones equivalen a las ligaduras con las que Ulises consintió en atarse al mástil, para hacer posible el objetivo de proseguir su viaje, hacia una democracia constitucional consistente.
Stephen Holmes explica que las constituciones fijan límites a las sociedades a las que rigen. Estos límites no tienen la finalidad exclusiva de restringir, sino que también fortalecen. Las Constituciones cumplen entonces una doble función: por un lado limitan al poder y a las mayorías y, por otro, organizan las reglas de juego y preservan ciertos valores de fluctuaciones políticas coyunturales. Los cambios de representantes de diputados en el Consejo de la Magistratura decididos en la última sesión de la Cámara baja muestran nuestra precaria calidad institucional y generan una erosión más profunda en la credibilidad del Poder Judicial. Tal vez los/las diputados/as oficialistas no hayan tomado nota de la convicción enunciada por el gobernador en la apertura de sesiones en cuanto al progreso en la calidad democrática y republicana de la provincia. Como tampoco reparan en la preocupante opinión de la ciudadanía sobre el funcionamiento de nuestra Justicia, reflejada en una encuesta reciente.
El diputado Baltasar Lara Gros fue removido para ser reemplazado en su cargo de consejero por un diputado oficialista. La Constitución provincial es cristalina en ese punto: el artículo 158 prescribe que sus miembros duran cuatro años en sus funciones y que cesan si "se altera la condición funcional por la que fueron elegidos o por la pérdida de algunos de los requisitos exigidos por mal desempeño de sus funciones". Ninguna de estas causales puede verificarse en la remoción del consejero. Las razones invocadas por nuestros representantes en Diputados giraron alrededor de las tradiciones políticas relativos a cambios de mayorías o de aplicación de normativas infraconstitucionales. Ninguna de ellas es suficiente para desconocer un artículo de la Constitución provincial.
Las constituciones limitan la voluntad mayoritaria a través de reglas y de derechos, y ese núcleo no puede alterarse ni por el más extendido consenso de la mayoría. Los legisladores oficialistas que sacan provecho de los grados de decisión de las mayorías, tienen que ser capaces de reconocer las ataduras que existen en la Constitución. Sus decisiones deben preservar el balance entre los ideales de democracia y los límites constitucionales. Y ese equilibrio es solo posible a través del diálogo democrático respetuoso, una asignatura aún pendiente para el oficialismo local. Cancelar uno de los ideales -atenuar mandatos constitucionales por autointereses sectoriales- nos hace retroceder como sociedad democrática, resultando una ecuación de suma cero porque debilita institucionalmente al con junto.
Desde su última Constitución, en mayo de 2019, el Consejo de la Magistratura a través de sus miembros, trabaja de manera minuciosa empeñado en seleccionar las mejores juezas y jueces para la provincia, con un objetivo de fondo que es reconstituir la credibilidad y la confianza de la ciudadanía en el mismo Consejo y en la justicia local. Una irrupción disonante -e inconstitucional- por parte del oficialismo, en un contexto plagado de suspicacias relacionadas con el control de la justicia, golpea en el lado más débil: la confianza de la ciudadanía. El Poder Judicial construye su legitimación no sobre el voto popular sino sobre valores como la credibilidad. Por esas razones es imprescindible pegarse a los mandatos constitucionales, como al mástil del barco de Ulises, potenciando el control ciudadano y las instancias deliberativas.
Reducir la democracia a crudas justificaciones del mayoritarismo implica empobrecer la realización del complejo valor sustantivo del autogobierno colectivo. Y ese juego reduccionista inhibe nuestro progreso institucional. Los atajos para obtener ventajas sectoriales -los cantos de sirena- no solo conducen a maniobras autoritarias sino que además constituyen una dinámica erosionadora de la convivencia democrática y de la confianza que depositamos en quienes nos gobiernan.
(*) En la Odisea, las sirenas cantaban con una voz de inmensa dulzura y musicalidad. Embelesados, los marinos saltaban del barco para acercarse, y morían ahogados. Ulises lo evitó atándose al mástil