La Justicia provincial no podrá eludir, por lo menos por ahora, la investigación sobre el desmadre que se produjo en la noche del 16 de junio en la zona del monumento a Güemes.
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La Justicia provincial no podrá eludir, por lo menos por ahora, la investigación sobre el desmadre que se produjo en la noche del 16 de junio en la zona del monumento a Güemes.
Ayer, la jueza Mariela Giménez, a cargo del Juzgado Federal N§2 de Salta, declaró la incompetencia del fuero nacional en la causa en la que se quiere investigar el desborde biosanitario que se produjo en la víspera de la rememoración del bicentenario de la muerte del héroe gaucho salteño y devolvió el caso al ámbito judicial provincial.
En la celebración de la tradicional Guardia Bajo las Estrellas, militantes de organizaciones kirchneristas vulneraron, a la vista de todos y con la anuencia de autoridades (que es lo que se quiere investigar), los protocolos sanitarios dispuestos contra la COVID-19 para poder llegar hasta el hotel donde se hospedada el presidente Alberto Fernández, detrás del monumento.
Esa causa había llegado a la Justicia Federal la semana pasada luego de que la jueza de Garantías 7 de la Provincia, María Edith Rodríguez, resolvió elevarla al fuero nacional por considerar que excedía las competencias locales. La diligencia se había realizado a pedido de los fiscales provinciales Ramiro Ramos Ossorio y Facundo Ruiz de los Llanos por considerar que en la investigación podrían estar implicados funcionarios nacionales y la seguridad del presidente nacional.
"No se ha visto afectada de ninguna manera la persona del Presidente y su entorno; claramente se advierte que esto ha sido de jurisdicción provincial tanto policial como sanitaria", sentenció la jueza federal Giménez, al final de una audiencia virtual que se concretó ayer para analizar la competencia o no del caso de lo que pasó en el monumento a Güemes.
Ese trámite se realizó a instancias del fiscal federal Carlos Amad, quien había solicitado que se declare la incompetencia en la investigación derivada, a lo que se le dio lugar.
En diálogo con El Tribuno, Amad explicó que ahora a la Justicia provincial le quedan dos caminos: acepta las actuaciones del ámbito federal y se queda con la investigación o traba un conflicto negativo de competencia y eleva ese planteo a la Corte Suprema para que se defina.
Argumentos
Durante su exposición en la audiencia de ayer, el fiscal Amad recordó que en las actuaciones preliminares de los fiscales provinciales se identificó al ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, como quien habría permitido el paso de los militantes hacia el hotel donde estaba el Presidente (algo reconocido por el mismo funcionario, pero dijo que fue por un mandato de un funcionario de Presidencia).
"Al ministro de Seguridad lo tienen identificado como el autor material en principio del delito y entonces por qué tenemos que intervenir cuando no hay razones ni de hecho ni derecho para que intervenga la Justicia Federal en este asunto", preguntó Amad.
Y planteó: "Es necesario destacar que si el supuesto delito o contravención tiene lugar en adyacencias o cercanía adonde se encuentra el presidente de la Nación y su comitiva no federaliza la cuestión. Porque sino podríamos reducir esto al absurdo, qué hubiese pasado si en la esquina del monumento hubiese habido un accidente de tránsito o un robo o cualquier transgresión que acontezca a metros de donde se encuentre el presidente y su comitiva, por esa razón sería federal, ¿porque alguien diga que pusieron potencialmente en riesgo al presidente y a su comitiva? Esto es absurdo".
Recordó, además, dos antecedentes que fueron tratados por la Procuración General de la Nación en la que se sentó precedentes sobre la competencia de las provincias en cuestiones relacionadas a la administración de la pandemia.
No cumplieron normas sanitarias
Al declinar la competencia de lo ocurrido en la Guardia de las Estrellas, los fiscales Ramos Ossorio y Ruiz de los Llanos hicieron un bosquejo sobre hacía dónde tenían encaminada la investigación.
“Durante el final del 16 de junio y las primeras horas del 17 de junio se registraron una serie de episodios -de público conocimiento- que motivaron la conformación de la actuación preliminar del Ministerio Público provincial, tendiente a que se investiguen los hechos ocurridos en los aledaños y alrededores del monumento al General Güemes. De ellos, existen filmaciones que acreditan categóricamente que no se cumplieron las directivas impartidas por el COE (Comité Operativo de Emergencia de la Provincia)”, señalaron en un parte de prensa oficial.
“En las imágenes se observa que un grupo de simpatizantes de Fernández solicita que se abra el vallado, pedido que fue acogido favorablemente por el ministro de Seguridad (Juan Manuel Pulleiro). A continuación el grupo se dirigió al Hotel Sheraton a vivar al Presidente”, dice un párrafo, y se señala el incumplimiento a las normas del COE.