Independencia judicial, violencia de género, femicidio y perspectiva de género en los poderes judiciales, gestión judicial, ética y formación judicial son algunos de los temas que se van a plantear en las Jornadas Científicas de la Magistratura organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) titulada “Vidas en conducto. Mosaico de humanidades”.
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Independencia judicial, violencia de género, femicidio y perspectiva de género en los poderes judiciales, gestión judicial, ética y formación judicial son algunos de los temas que se van a plantear en las Jornadas Científicas de la Magistratura organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) titulada “Vidas en conducto. Mosaico de humanidades”.
Es el encuentro del espacio judicial argentino más importante. No son jornadas hechas solo para los que integran los espacios judiciales, sino que son abiertas a la comunidad jurídica, pero también a la ciudadanía. Como van a ser virtuales, se decidió que el encuentro sea una oportunidad para sumar a la sociedad porque los temas que se van a tratar son de público interés.
La tarea que hacen los magistrados es para todos los argentinos para que se sientan resguardados en los derechos que la Constitución les reconoce y están en convergencia con una situación de descreimiento o de baja credibilidad hacia la Justicia que se ha venido profundizado en los últimos anos.
El Tribuno dialogó con Ariel Ariza, presidente de la FAM y es juez de Cámara en los Tribunales de Rosario, quien hizo un profundo repaso sobre la Justicia y además expuso su opinión sobre distintos temas que involucran directamente a uno de los poderes del Estado como la reforma judicial, los femicidios, la duración del mandato de los jueces de la Corte. Además, destacó la iniciativa que lanzaron desde la institución que invita a los ciudadanos a que les pregunten cómo funciona la Justicia.
¿Qué opinión tiene usted sobre la creencia que afirma que hay un deterioro de la Justicia?
Así lo reflejan algunas mediciones que se dan respecto a la confianza en las instituciones. A veces nos encontramos con que se asocia la agenda de la medición de lo judicial a lo que ocurre en cierto ámbito del país, sobre todo en Ciudad Autónoma, y en los procesos que tiene que ver con responsabilidades penales que se juzgan en los tribunales federales. La verdad que la vida de los ciudadanos pasa por otro lado, pasa por la resolución de los conflictos cotidianos que se deciden y se gestionan en las justicias provinciales. El 87% de la demanda ciudadana de intervención de la Justicia pasa por el sistema provincial.
En las Jornadas se va a tratar el tema de juicio por jurados. Desde hace algunos anos, Salta busca adoptar esa modalidad. Me gustaría conocer su opinión...
Nosotros en el 2012 cuando había una discusión sobre los temas que referían a la democratización de la justicia, sostuvimos que la reforma de aspectos concernientes a la justicia era prioritaria, pero había que detenerse en aspectos que fortalezcan la independencia no aspectos que la debiliten. El juicio por jurados es una manera de acercar la ciudadanía a la administración de justicia y hacer participar a los ciudadanos como lo establece la Constitución Nacional, con lo cual nuestra política histórica desde la Federación ha sido la de dar un apoyo a la instauración de juicios por jurados, sobre todo en materia penal.
También se va a tocar el tema de violencia de género y femicidios. Salta siempre está entre las provincias con los peores indicadores ¿Cómo se tiene que abordar esta problemática?
Nosotros hemos tenido dos encuentros con Josefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, y con la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta. En esta interrelación hemos declarado nuestro compromiso para mejorar todos los dispositivos de escucha y la calidad de las respuestas, pero en consonancia con lo que se señala desde el Ministerio de las Mujeres, el problema de establecer los índices de riesgo y erradicar el fenómeno de la violencia es un problema de los departamentos conjuntos del Estado y con una intervención en lo territorial que generalmente pasa por los poderes ejecutivos tanto nacional, provincial como municipal. La primera consecuencia es que tiene que haber una interrelación y un abordaje conjunto, de ahí la creación de un Consejo Federal para poner en funcionamiento todas las políticas de abordaje de las violencias por motivo de género. Respecto a la respuesta judicial, cuando un caso se judicializa ahí tiene que estar la atención para que no haya ningún tipo de detención del seguimiento del caso que pueda considerarse burocrático. De ahí, la propia disposición de mecanismos de seguridad pasa por una adecuada interrelación como la tobillera duales, los modos de poder establecer garantía pasan por una cooperación estrecha entre los poderes del Estado. Lo que hay que favorecer después es la posibilidad de que la víctima tome una autonomía personal sustentable y duradera. Lo otro también es la importancia del registro de casos únicos sobre violencia que es algo sobre lo que se está trabajado como un modo muy sostenido de tomar idea de cómo se desenvuelven los agresores y de poder sofisticar la política pública y cómo también mejorar los índices de detección de los casos de violencia.
En Salta se da la situación que en la mayoría de los casos el que comete un femicidio es la actual pareja o un ex...
El otro capítulo es el tema de los agresores y las políticas y los talleres en nuevas masculinidades que es necesario promover para lograr una modificación en esos estereotipos generadores de la violencia. Ese es el otro punto que es un desafío en torno de la prevención de las agresiones por un lado, a la punición de las conductas que sean delictivas, pero también a la modificación de parámetros culturales.
¿Por qué se va a hacer una consulta popular en las jornadas? ¿Por qué sería tan importante para la Justicia conocer qué piensa la gente?
No tiene razón de ser que seamos los garantes de los derechos ciudadanos y que la ciudadanía no pueda percibir la importancia de ese rol y lo que tenemos que hacer en conjunto como resguardo de la vida democrática. La ciudadanía tiene que tener confianza en su sistema, tiene que poder conocer lo que se hace. Y su voz tiene que sentir que incide en las explicaciones que tenemos que dar sobre nuestro funcionamiento. Tiene que ser comprensible y no una especialidad de entendidos. La ciudadanía no puede ser refractada de esta discusión sobre lo judicial porque la garantía de la independencia judicial es ciudadana, no es de quienes integramos los poderes judiciales. Nosotros tenemos que defenderla como una preservación del espacio judicial sin interferencia. Esto es directamente en beneficio de la ciudadanía, es por eso que no hay modo de entender el desenvolvimiento judicial sin el diálogo con los ciudadanos.
¿Qué opinión tiene sobre la reforma judicial?
Lo que propugnamos es que tiene que tener una mirada federal. Se tiene que poder ver que en materia de reformas a la Justicia hay muchas por hacer, pero por sobre todas, partiendo sobre una base real que es mirando las asimetrías de recursos que hay en el mapa judicial argentino. Pasa el 87% de la demanda ciudadana por las provincias argentinas, pero no es la misma cantidad de recursos que se puede decir que están abasteciendo las estructuras que tienen a disposición los ciudadanos para ver resguardados sus derechos. Creemos que ahí tiene que haber un piso, un estándar homogéneo para toda la ciudadanía argentina, en capacidad, recursos, tecnología, en posibilidad de formación. Nosotros en FAM pensamos en la existencia de un fondo compensador. Un dirigente salteño de la Federación que fue el doctor Abel Fleming, fue el inicial impulsor de la idea de un fondo compensador estructural para las provincias argentinas para que los sistemas judiciales puedan dar respuestas de calidad, pareja y homogénea en todas las regiones del país sin mirar dónde uno viva. Después tenemos las áreas importantes y los temas de la reforma judicial. Tenemos que llegar prontamente a dejar atrás la cultura manuscrita, tiene que instaurarse el expediente judicial.
¿Cómo trabajaron en la pandemia?
En los meses de la pandemia ha sido el esfuerzo de la gente de la Justicia lo que ha permitido seguir trabajando, renovándose, incorporando tecnología, estando atento a la utilización de los recursos propios para que lleguen las demandas, los reclamos de las personas que están en sus casas viendo afectados sus derechos por abusos, por violencia y se hacía indispensable que ahí haya una buena escucha y un trabajo que sea a cualquier hora, cosas que se hizo.
En Salta se va a reformar parcialmente la Constitución y uno de los artículos que se va a tratar es la duración de los mandatos de los jueces y cómo deben ser elegidos ¿Qué opinión tiene sobre este tema?
Cada provincia da sus modos de elección. Todo lo que tenga que ver con la regulación del estatuto de las funciones judiciales que son nombramientos y duración tiene directamente que ver con la independencia judicial. Entonces, toda reforma constitucional tiene que tender a robustecerla. La manera de elegir obviamente tiene que ser abierta, en base a méritos, reduciendo todo lo que sea posible la incidencia partidista, desde luego. Y en lo que tiene que ver con la duración de los mandatos, tenemos una posición histórica e institucional en FAM que es la de la permanencia, estabilidad hasta obtener las condiciones de jubilación.
Las experiencias que se han dado en el derecho público argentino cuando habían mandatos periódicos han sido lamentables respecto al condicionamiento de la política para una eventual renovación de mandatos. Por supuesto, que lo mismo ha ocurrido en otros países. El objetivo que no se debe perder nunca es que en estos procesos la independencia judicial tiene que salir fortalecida no debilitada.