Penosamente, nuestro país va sin norte y a los tumbos, con pocos avances y reiterados retrocesos. Del mismo modo, con las reglas de juego electorales estamos a punto de tropezar con la misma piedra que el año pasado. En 2021 se pospusieron por un mes las PASO y las generales, con la justificación de la pandemia. No fue más que un pretexto, porque nadie sabía con anticipación cuál iba a ser la situación sanitaria un mes antes o después. En lunfardo, se legisló "a la bartola".
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Penosamente, nuestro país va sin norte y a los tumbos, con pocos avances y reiterados retrocesos. Del mismo modo, con las reglas de juego electorales estamos a punto de tropezar con la misma piedra que el año pasado. En 2021 se pospusieron por un mes las PASO y las generales, con la justificación de la pandemia. No fue más que un pretexto, porque nadie sabía con anticipación cuál iba a ser la situación sanitaria un mes antes o después. En lunfardo, se legisló "a la bartola".
Ahora, cerca de fin de año, ingresó un proyecto en Diputados para suspender las primarias, en tiempo de descuento.
Las noticias y rumores dan cuenta de un impulso serio y concreto de sectores oficialistas, visibles desde el Ministerio del Interior. Desnuda la total incapacidad de diálogo y acuerdo, y anticipan una nueva pulseada interna y también externa, por los votos para su aprobación. Mientras más ajustada la votación, mayor la suspicacia de aquellos desconfiados que imaginan en los momentos de definición intercambios de convencimientos por algún favor.
Esos escépticos no dejan de recordar el antecedente de dos diputados nacionales de por aquí cerca, que contrariando el voto negativo del senador de su partido, contribuyeron a la aprobación, en el año 2006, de la ley 26.080 que modificó la composición del Consejo de la Magistratura, declarada inconstitucional en fecha reciente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Prefiero creer que tenían sus razones para diferenciarse del otro legislador.
Por aquel entonces, dejé expresada mi opinión contraria y sus motivos. Vale refrescar aquellos términos: "Desde siempre, fue una regla no escrita pero inquebrantable, que las normas que rigen la materia electoral no se deben modificar en los años en que se celebran elecciones.
Por una cuestión de seguridad jurídica, de certidumbre en las reglas del juego, de transparencia y de confiabilidad, y a la vez para descartar el peligro de que alguien quisiera sacar provecho de ello, los partidos o coaliciones de gobierno y de oposición parecen tácitamente haber acordado la inconveniencia de introducir tales modificaciones en años impares... En caso de que [se] rompa con esa saludable norma impuesta por la costumbre, [el gobierno y la oposición] serán responsables de haber resquebrajado un precepto de oro, que se ha convertido, más que en un hábito, en un mandato moral de no alterar las reglas de juego ante la inminencia de un nuevo proceso electoral".
Mirada
No abordaré ahora el funcionamiento del sistema de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, sus aciertos y errores, o sus logros y fracasos, que darían para otra exposición. Baste decir aquí que fue ideado por Néstor Kirchner e instituido por ley 26.571, con el pomposo título de "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral", a fines del 2009. Es decir, unos meses después de terminadas las elecciones legislativas del 28 de junio de ese año, en el primer mandato de la actual vicepresidenta.
Se aplicaron por primera vez para los comicios de 2011, con antelación suficiente como para no tomar por sorpresa a nadie. Cabría preguntarse y discutir si la democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral desaparecieron o deben ceder ante los argumentos esgrimidos: básicamente, la crisis económica y un ahorro estimado en 20 mil millones de pesos. No importa tanto si sería ahora o para siempre; sabemos que lo provisional o excepcional suele convertirse en definitivo y permanente.
La iniciativa de los gobernadores del oficialismo no explica las razones por las que no se utiliza el mismo criterio con el desdoblamiento de las elecciones provinciales. En el caso particular de Salta, tampoco se entiende por qué no se podrían reducir los costos con el sistema de boleta única en papel frente al de boleta única electrónica, seguramente más oneroso para las arcas provinciales.
Hace pocos días, Alejandro Carrió escribió que el debate por la continuidad o la eliminación de las PASO pone al descubierto la práctica de amoldar las normas según cada momento y en función de qué le conviene a cada partido. Hizo también una salvedad destacable: el diputado del FdT Leandro Santoro propuso que la eliminación de las primarias fuera aplicable recién en 2025.
Por mi parte, agrego que los promotores de este proyecto quizás pusieron el foco en las fórmulas presidenciales, soslayando la importancia la selección de candidatos a senadores y diputados nacionales. Cuidado, el arma puede ser de doble filo.
Legislación
Con la sanción de la ley 27.631 (de junio de 2021), cuyo texto proclamó que era "por única vez y con carácter de excepción" quedó consumado el quebrantamiento de aquella regla consuetudinaria, establecida para un mejor y sano desarrollo del proceso eleccionario. Es historia pasada y ya no parecen existir reparos para proponer reformas relevantes "en cualquier tiempo que sea". Casi nadie advierte la inoportunidad, la inconveniencia y la peligrosidad de cambiar el cronograma electoral en forma repentina y procurando sacar ventajas.
No veo la bondad ni la conveniencia de privilegiar intereses mezquinos, buscando favorecer a unos o complicar a otros, y menos ante la proximidad de unas elecciones.
Peor aún, instalada la sospecha de que las candidaturas van a ser dirimidas por consenso (léase, por peso político, imposición, billetera o encuestas), entre cuatro paredes, por dirigentes iluminados, y no por elecciones internas. Lo cual obviamente contraría la manda constitucional por la cual en los partidos políticos debe imperar la democracia interna.