La jornada del martes 6 de diciembre fue histórica para la República Argentina. Por primera vez desde 1853 una vicepresidente en ejercicio fue condenada por un Tribunal de la democracia en una causa de corrupción, probablemente, más escandalosa de las últimas décadas.
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La jornada del martes 6 de diciembre fue histórica para la República Argentina. Por primera vez desde 1853 una vicepresidente en ejercicio fue condenada por un Tribunal de la democracia en una causa de corrupción, probablemente, más escandalosa de las últimas décadas.
Como todos recordarán, la causa en la que fue declarada culpable se inició en 2016 a raíz de una denuncia del entonces titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien durante su gestión observó que la enorme mayoría de las licitaciones de obra pública de la provincia de Santa Cruz habían sido adjudicadas al señor Lázaro Báez, ese meteórico "empresario" que decidió involucrarse en el rubro de la construcción, casualmente una semana antes de que Néstor Kirchner asumiera como Presidente en 2003. Además de la condena de 6 años de prisión, el Tribunal Oral decidió inhabilitar de por vida a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner para ejercer cargos públicos, y ordenó el decomiso de los bienes y de las ganancias producidas con ese dinero defraudado al Estado, el cual se calcula asciende a la suma de 3 mil millones de dólares.
Hasta ahí, el actuar de un poder independiente en un proceso judicial que todavía continúa. Pero lo que me interesa analizar en estas líneas es en realidad el actuar del Poder Ejecutivo y de algunos actores sociales, que una vez dictado el fallo, e incluso en los días previos, nos dieron a todos los argentinos el claro mensaje de que el Estado les pertenece y que están dispuestos a cualquier cosa con tal de defender sus privilegios de los que la flamante condenada es garante.
Desde los políticos que integran el Frente de Todos, pasando por el sindicalismo -especialmente los sindicatos de empleados estatales-, y la "Liga de Gobernadores" que responden al oficialismo salieron en las últimas horas a respaldar a su "líder". Alicia Kirchner, Axel Kicillof, Gildo Insfrán y Gustavo Sáenz, entre otros, explicaron con singular descaro que la histórica condena dictada la última semana "es el nuevo ropaje de la proscripción contra el peronismo, como aconteció en 1976 con la dictadura que tuvo como saldo la desaparición de 30 mil argentinos".
Los integrantes de esta heterogénea "guardia cristinista" están convencidos que son los dueños del país y, por ende, se creen con derecho a usurpar nuestras propiedades, a incendiarlas, a expropiar el fruto de nuestro trabajo, a paralizar nuestras fábricas, a cortar nuestras rutas cuando se les antoja y, en definitiva, a destruir el futuro de nuestros hijos si es necesario para proteger sus intereses. Este sector de la sociedad, y no solamente Cristina, es el que tiene al país de rodillas, pues son conscientes de su poder de daño, y en este sentido manipulan, extorsionan y amenazan al resto, que en silencio sigue trabajando, estudiando y tratando de salir adelante pese a todo.
El actual presidente, como no podía ser de otro modo dada la precariedad de su poder, ha avalado en todo momento esta actitud antidemocrática. Sin embargo, lo que ni él ni nadie nos explica es ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner no puede ser juzgada como cualquier otro ciudadano? ¿Por qué ella sería distinta a cualquier argentino? ¿Qué es lo que la hace superior al resto?
Esto no es nuevo. Cuando Juntos por el Cambio ganó la elección en 2015, el kirchnerismo puso en práctica su plan de contingencia: "resistir con aguante". Apenas asumió la nueva gestión, las bombas de acción retardada comenzaron a explotar. Hubo suelta de presos, conflictos súbitos como el de Cresta Roja, y toda clase de acciones destinadas a desestabilizar al gobierno. Curiosamente, los que denunciaban "macrisis", los que lloraban en televisión por la "mesa del hambre", o los que salían a las calles denunciando que "la patria está en peligro", hoy son los primeros en guardar silencio con el dólar a $300, con una inflación que ya supera el 100% y con la heladera vacía.
Lo cierto es que Mauricio Macri sufrió en sus 4 años como presidente, más paros generales que los acumulados en los tres mandatos kirchneristas previos. Creo que la "obra maestra" del accionar violento y antidemocrático que representa el kirchnerismo fueron las 14 toneladas de piedras lanzadas contra el Congreso Nacional mientras se discutía la nueva ley de jubilaciones, la cual hoy sabemos que sería mucho más beneficiosa para nuestros abuelos si Alberto Fernández no la hubiese derogado apenas asumió. Pero con relato y ciertamente con violencia este sector que se apropió del Estado le marcó la cancha a Mauricio Macri y por algún tiempo una parte de la sociedad les creyó, ayudados por un periodismo indolente que creo empieza a darse cuenta del daño ocasionado.
Sea como fuere, la sentencia de esta semana, y la experiencia recogida en todos estos años, nos debe hacer entender que la elección del 2023 no será contra un partido político. Será contra todas las corporaciones y factores de poder que usan nuestro dinero para enriquecerse, que usan las estructuras de gobierno para atornillarse al poder, que usan el dinero de los impuestos para comprar militancia (y votos), usan los aviones sanitarios como taxis, aprovechan los viajes protocolares para ir de shopping con familiares, amigos y amantes, que usaron la pandemia para violar la Constitución Nacional, y no dudaron en abusar de su posición privilegiada para vacunarse primero y dejar morir al resto.
Contra todos estos charlatanes lucharán las fuerzas de la República el próximo año. Por eso es esencial que todos los que creemos en la Constitución Nacional como hoja de ruta de nuestra patria, en la honradez como forma de vida y en el mérito como fuente de todo ascenso social genuino, trabajemos unidos para defender el estado de derecho.
Juan Bautista Alberdi advertía hace más de un siglo: "Los que se abstienen de participar en la política de su país pierden el derecho a quejarse de que son despotizados, porque son ellos mismos los que se dan el déspota de que se quejan".
Ojalá la experiencia nos sirva de motivación y de enseñanza. Es momento de poner sobre la mesa nuestros valores y nuestro compromiso. Argentina no tiene más tiempo y debe elegir qué quiere para su futuro. La batalla que viene será binaria: Justicia o corrupción; Constitución o populismo; Civilización o barbarie. De nosotros depende.
(*) Abogada y presidente de la CAP – PRO SALTA