Información opaca en medio de la interna oficial

La ministra de Desarrollo Social,Victoria Tolosa Paz, recibió un nuevo revés judicial. Enrique Lavié Pico, juez en lo Contencioso Administrativo, la intimó para que le brinde a dirigentes de la Coalición Cívica -liderados por Elisa "Lilita" Carrió- "información pública" que solicitaron en junio pasado sobre la cantidad de personas beneficiadas con el programa Potenciar Trabajo que están vinculadas a los movimientos sociales -mayoritariamente oficialistas-, fundaciones, federaciones, asociaciones civiles o cooperativas.

También solicitaron que se informe sobre cada uno de los convenios celebrados en el marco del programa con diferentes agrupaciones o cooperativas entre los años 2018 y 2022.

Como el ministerio se negó en su momento a entregar esa información que debería ser pública y transparente ya que involucra fondos del estado Nacional, los diputados de la CC Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin junto a la legislador porteño Hernán Reyes, el concejal de La Matanza Héctor "Toty" Flores y la dirigente Fernanda Reyes, recurrieron a la justicia, que ahora les la razón e intimó al Gobierno para que cumpla con el pedido en un lapso de 10 días.

En sus argumentos, el magistrado le recordó a la ministra Tolosa Paz:" Cabe precisar que la ley 27.275 Derecho de Acceso a la Información Pública establece en el artículo 1 que: 'Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública".

El pedido había sido ingresado por la Mesa de Entradas de Desarrollo Social el 19 de julio pasado, cuando el ministro era Juan Zabaleta.

Tampoco fue respondido por Tolosa Paz, quien reemplazó al intendente de Hurlingham el 13 de octubre.

En el amparo los dirigentes de la oposición argumentaron que desde el ministerio "nunca recibieron respuesta a lo requerido" y agregaron que "la omisión a brindar la información constituye un acto arbitrario e ilegítimo, lesionando derechos constitucionales".

Después de ser intimada por la justicia a brindar los datos, los abogados del ministerio de Desarrollo Social apelaron la medida con la intención que se mantenga bajo siete llaves los datos sobre el destino que recibieron los subsidios que recibieron, por ejemplo las cooperativas y federaciones vinculadas al gobierno

 

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