Históricamente el comercio a través de los pasos ilegales se convirtió una de las principales fuentes de trabajo en la región fronteriza de Salta y Jujuy, donde el narcotráfico domina casi a voluntad la economía de una de las zonas más calientes de la Argentina.
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Históricamente el comercio a través de los pasos ilegales se convirtió una de las principales fuentes de trabajo en la región fronteriza de Salta y Jujuy, donde el narcotráfico domina casi a voluntad la economía de una de las zonas más calientes de la Argentina.
Legalizar la actividad de los trabajadores de frontera es un tema que fue motivo de debate durante muchos años y varias gestiones, que no encontraron solución hasta la fecha.
En dialogo con El Tribuno, el concejal de Aguas Blancas Luis Saiquita manifestó que "el objetivo de este proyecto es buscar alternativas para sostener a estas familias, si bien es un problema histórico, la pandemia dejó una profunda crisis en norte salteño. Muchas familias se vieron perjudicadas por el cierre de las fronteras y hubo una ausencia total del Estado nacional. Por ello consideré importante trabajar en un proyecto productivo".
En los municipios de Orán y Aguas Blancas hay cientos de familias que tienen como único ingreso económico el tráfico ilegal de mercadería.
"Por ello, como primera medida se propone realizar un censo para conocer la cantidad de familias que están activas en este trabajo. Lo que se trata de desarrollar son soluciones productivas donde tenga participación el Estado y proponer emprendimientos laborales, entre otras cosas".
El concejal remarcó la importancia de formalizar de alguna manera a los trabajadores de frontera. "Habría que ver que se legalicen y paguen un tributo, porque los bagayeros ya pagan para transportar la mercadería cada vez que pasan por los puestos de control".
Saiquita señaló que es un problema de estructura compleja donde deben intervenir los Gobierno nacional, provincial y municipal, por lo que aclaró que días pasados mantuvo una reunión con el presidente del Concejo Deliberante de Oran, profesor Samuel Huerga, para trabajar en conjunto.
"La idea es trabajar con el Ministerio de Desarrollo Social y el área impositiva, de qué manera regularizar la situación de estas familias. Pero primero necesitamos saber cuántos son. Se pidió la apertura de la frontera. Presentamos notas al Gobierno de la Provincia para que pida la apertura al Ministerio del Interior".
Trabajar lícitamente
"Años antes había un programa donde el Estado era la franquicia aduanera, donde se pagaba una franquicia que otorgaba la aduana y el paso era legal, pero este modo de trabajo no prosperó", dijo.
Se estima que entre Aguas Blancas y Orán hay unas 800 familias que trabajan de manera ilegal. "En la zona Norte la única empresa que sostiene el tema laboral es Seaboard, el segundo motor es el bagayeo, porque la realidad es que no hay trabajo genuino.
Cabe señalar que en gobiernos anteriores hsta la Igleisa se puso al frente de las mediaciones entre los llamados trabajadores de frontera y el Gobierno para tratar de legalizar la actividad luego de varios días de protestas. Pero se terminó implementando una suerte de "contrabando con cupo diario", que terminó muriendo antes de comenzar a funcionar.