En su resolución firmada este martes, el juez sostuvo que la CABA sólo estaba autorizada a extraer datos biométricos "siempre y cuando se tratara de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia".
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En su resolución firmada este martes, el juez sostuvo que la CABA sólo estaba autorizada a extraer datos biométricos "siempre y cuando se tratara de personas cuya búsqueda haya sido exigida por la Justicia".
Luego advirtió que la enorme cantidad de consultas sobre ciudadanos, muchos conocidos por su actuación pública, que no están requeridos por la Justicia ni en situación de rebeldía demuestran que el proceso pudo haber sido manipulado para obtener información indebida de modo ilegal.
Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las entidades que impulsó la causa a partir de un amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho Informático en la Argentina (ODIA), plantearon que la detección de 9 millones de consultas de datos biométricos -con tantas personalidades involucradas- obliga a la administración de Horacio Rodríguez Larreta a dar explicaciones y responder en la Justicia.
"El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires debe dar una explicación acerca de las búsquedas que hizo de datos biométricos de tantas y tantas personas en el período de abril de 2019 a marzo de 2022", aseguró a Télam el abogado y director de Litigios del CELS, Diego Morales.
En la misma línea opinó el abogado especializado en Derecho informático Tomás Pomar, director de ODIA, para quien de la prueba ya recolectada en el expediente "surge que ha habido un uso indebido de los datos biométricos", y luego alertó que la motivación y el uso que se dio a esa cantidad de consultas biométricas deben ser esclarecidos.
"A qué destino o qué se hizo con toda esa información aún no lo sabemos, pero el gobierno de la Ciudad va a tener que dar explicaciones sobre su sistema de reconocimiento facial", puntualizó Pomar.
Cerca de las 20, una vez que finalizaron las pericias en el Centro de Monitoreo Urbano de Barracas, desde el Ministerio de Seguridad porteño emitieron un comunicado en respuesta de seis puntos en el que, al referirse al principal cuestionamiento del juez, señalaron que las consultas realizadas al Renaper desde esa cartera "no son exclusivamente por contraste con el sistema de reconocimiento facial".
"Responden a una pluralidad de trámites habilitados por la Justicia y que no representan ninguna irregularidad", manifestaron desde la cartera que encabeza Marcelo D'Alessandro y agregaron que el Renaper, al responder las consultas de datos biométricos, "devuelve la foto y los datos del DNI" pero no "ubicaciones ni nada de eso". Además, señalaron que "el reconocimiento facial no está funcionando desde abril de 2020".
La suspensión del sistema de reconocimiento facial que ordenó este martes el juez Gallardo se produjo en una causa iniciada a principios de 2020, luego de que varias entidades y ONG -entre ellos el observatorio ODIA y el CELS, más la presentación como amicus curiae de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Correpi y la Fundación Vía Libre- presentaran un amparo colectivo en la Justicia Contencioso Administrativa de la CABA en el que denunciaban falta de control ciudadano, riesgos para la privacidad y la aplicación de patrones discriminatorios para realizar los mapas biométricos.