La primera declaración de emergencia sanitaria en la provincia de Salta surge en enero de 2019 tras la consternación que las autoridades electas tributaron a una desgracia inveterada como aún hoy lo es la desnutrición infantil en el Chaco salteño.
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La primera declaración de emergencia sanitaria en la provincia de Salta surge en enero de 2019 tras la consternación que las autoridades electas tributaron a una desgracia inveterada como aún hoy lo es la desnutrición infantil en el Chaco salteño.
Sin embargo, transcurridos más de dos años de gobierno, una estridente y onerosa pauta publicitaria esgrime a una simple obra de hormigón en Santa Victoria Este (“Centro de Recuperación Nutricional”) como símbolo irrefutable de gestión. Y en su oquedad edilicia resuena el eco de resultados invariables, en una zona históricamente olvidada y con una pauperización que aún se cronifica.
El advenimiento de la pandemia reedita nuevamente la declaración de “emergencia sanitaria”, ahora como fenómeno inédito, que justificó una gestión arbitraria y discrecional de la salud pública, contribuyendo al beneficio de ciertos sectores al inhibir la atención médica en el sector público, forzando de esta manera al padeciente a recurrir al sector privado de salud para su atención.
Hoy, las consecuencias aún no cuantificadas que el sector carenciado de nuestra población sufrió tras la privación de un derecho tan básico como lo es el acceso a la salud, se reflejan en la relajación de estrategias sanitarias preventivas y por ende en el incremento de patologías no diagnosticadas oportunamente, o bien el descontrol de aquellas que por su desatención evolucionaron desfavorablemente.
Así, la irrupción de nuevos casos de cáncer, tuberculosis, HIV, embarazos no deseados, patologías psiquiátricas, etc., no son más que parte de la constelación de efectos colaterales de una gestión unilateral y obtusa, que por desoír los problemas sanitarios cotidianos y prevalentes de nuestra sociedad, puso exclusivo foco de gestión en la COVID-19, excusándose así de atribuciones que vulneraron derechos fundamentales de no pocas personas. Los resultados de tales omisiones demandan en la actualidad tratamientos de complejidad, cuidados paliativos, mayor requerimiento de internaciones, pérdida de días laborales, incapacidad laboral, lo que conduce a una menor calidad y expectativa de vida para el enfermo, y mayores costos para el sistema de salud.
El anuncio de un nuevo hospital en la capital salteña, ampliaciones de hospitales céntricos, etc., evidencian una gestión centralista, que contrasta con la necesidad de descentralizar la salud con la finalidad de ponerla al alcance del enfermo, sin distinciones geográficas, sociales ni económicas.
Por otra parte, la prevención, como estrategia primordial del sanitarismo y la necesidad de un reordenamiento de regiones sanitarias que contribuyan a su autonomía hacen imperativa la concertación de voluntades tanto del sector de la salud como político para su concreción. La reubicación estratégica de ciertos hospitales de referencia contribuiría a la eficiencia del sistema de salud.
Tal es el caso de hospitales vetustos, derruidos y con desfavorable acceso para el accidentado, como lo es el hospital Joaquín Castellanos de General Güemes, ubicado en el corazón de la ciudad homónima, último bastión sanitario que responde a todas las derivaciones del norte salteño como las de sus inmediaciones.
O el hospital de Cerrillos, también sumido en una densa urbanidad que entorpece el acceso en contexto de urgencias. Ambos ejemplos corresponden a hospitales con importantes áreas de influencia y próximos a rutas con gran caudal vehicular, condición que favorece a la siniestralidad.
Por otra parte, constituyen paso obligado de derivaciones, lo que torna imperativo readecuar su ubicación para favorecer un aspecto esencial en emergentología: la accesibilidad. En ambos casos la disponibilidad de un área de confluencia de rutas como lo es la rotonda de Gral. Güemes en el primer caso, o la rotonda de la autopista del oeste en Cerrillos, contribuirían a tales fines a partir del emplazamiento de centros hospitalarios de complejidad y referencia en dichas ubicaciones.
Actualmente los problemas que sufren los hospitales del interior de la provincia debido a la falta de especialidades médicas (por ingrata retribución prestacional) agrava las circunstancias sanitarias, dando como resultado un gran flujo de derivaciones y traslados a la capital salteña, que, por su parte, reportan un costo significativo para el sistema de salud.
Sin embargo, el problema de fondo estriba en la ausencia de planificación en políticas de salud.
Como agravante, la insana convivencia del sector público con el sector privado en esta área refleja un ostensible conflicto de interés que evoca un gráfico aforismo (“el zorro cuidando el gallinero”), en donde los prestadores del sector público ejercen simultáneamente en el ámbito privado de la salud.
Esta dualidad en ejercicio remeda una conducta social ambigua y poco clara, extensible también a diversas esferas estatales que cobran aún mayor significancia en la órbita política. Por lo tanto, el fenómeno de “casta”, como lo expresara un desgreñado diputado al aludir a la corporación política, también es extensivo a la misma corporación de la salud, ya que dentro de esta también hay actores que operan en desmedro del paciente, del Estado y aun de sus colegas.
Sin embargo, tales conductas son la resultante de la anomia, de la insuficiencia de conductas ejemplares por parte de nuestros representantes y elites dirigentes, con actitudes sociales que colonizan cual metástasis a nuestras instituciones hasta anegar a toda la economía social en su conjunto.
La ausencia de gobierno y dirección en nuestras políticas sanitarias aventuran al ejercicio de gestiones errantes y aleatorias que, sin objetivos claros y sin metas a cumplir, incurren en el pecado de omisión, condición que representa a la misma nada.