Los limites institucionales que evidenció el conflicto sin precedentes a raíz de la investigación a una financiera en la que están implicados policías, se discutiría en diputados. Se analizaría si mediante una ley se podría superar los conflictos institucionales de límites de poder que mostró la puja entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad y Justicia.
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Los limites institucionales que evidenció el conflicto sin precedentes a raíz de la investigación a una financiera en la que están implicados policías, se discutiría en diputados. Se analizaría si mediante una ley se podría superar los conflictos institucionales de límites de poder que mostró la puja entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Seguridad y Justicia.
La chispa que encendió la mecha fue el caso de la financiera Ríos y Asociados, en la que el Ministerio Público Fiscal comenzó a investigar y dio con complicidad policial. De allí comenzaron a surgir versiones periodísticas que apuntaban al jefe de la Policía, Miguel Ceballos, por estar presuntamente involucrado, a lo que Ceballos indicó como un "intento de desestabilización de la cúpula policial". Sin embargo, en una inusual conferencia de prensa, los propios investigadores desmintieron haber filtrado esas versiones, aunque sí aclararon que había policías investigados por estar presuntamente involucrados, al punto de haber ayudado a la fuga de quienes serían los mayores responsables de un tendal de estafas con el esquema piramidal.
En el medio de las versiones cruzadas sucedieron hechos que terminaron por cavar la grieta entre el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad y que intentará zanjarse ahora en el Poder Legislativo. Uno de ellos fue la amenaza de un investigador de la causa, y desde la Fiscalía se advirtió que los datos personales del investigador fueron obtenidos por "gente de adentro" de la fuerza.
El último hecho fue el que empujó a los fiscales y al propio procurador a brindar la conferencia de prensa del viernes pasado que dejó en claro el enfrentamiento entre los dos poderes que investigan los delitos. Ceballos, el jefe de la Policía, decidió pasar a disponibilidad a la pata policial dentro del Ministerio Público, a Juan Ramón Miranda, que era el comisario coadyuvante en el CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales). Esto fue denunciado por Castiella como un avasallamiento del jefe de la Policía al acuerdo celebrado entre ambos organismos y una intromisión a su área de injerencia. El procurador además advirtió que con esta movida de piezas, al despedir al "jefe de los investigadores" que trabajaba para la fiscalía, se afectaba también a la propia investigación en la que están involucrados efectivos de la fuerza.
Sin embargo, el procurador se corrió del conflicto y le pasó la pelota al Poder Legislativo. Castiella aseguró que todo el conflicto debe superarse con la creación de una policía de investigaciones o policía judicial. Mediante el proyecto de ley, indicó, pretende que el recurso humano con el que cuentan los investigadores tengan más estabilidad e independencia.
"Espero que cuanto antes llegue este proyecto para la comisión de Justicia y la de Seguridad", indicó el diputado Roque Cornejo, que integra ambas comisiones conformadas recientemente en la Cámara baja. El abogado coincidió con Castiella en que esto implicaría avanzar con el afianzamiento del nuevo Código Penal, que instaura el sistema acusatorio y que, hasta ahora, muestra "parches o pequeños avances". Por ende, aseveró, "es un buen momento de tener una discusión a fondo y llevarle soluciones ciertas a la población". En este sentido agregó que "la formación del personal y la asignación del recurso, dentro de un marco institucional lógico, debe darse, como saber a quién debe responder cada uno, la jerarquía y la independencia entre los diferentes poderes públicos de la provincia".
Sobre cómo se dará ese debate aseveró que invitarán a ambas partes, pero también a otros actores que participan de los procesos judiciales para que se llegue a una medida con "consenso".
“Se están mezclando tres sistemas”
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta aseguró que la creación de una policía judicial o de investigaciones bajo el ala del Ministerio Público Fiscal no sería la solución para que el nuevo sistema acusatorio funcione más eficazmente. “Se mezclan tres sistemas”, advirtió. “El de la investigación bajo la órbita policial es el inquisidor, el del CIF (Cuerpo de Investigaciones Fiscales) es el modelo acusatorio como herramienta del fiscal, y la policía judicial está en el medio, para colaborar en la investigación”, destacó y contextualizó que “la pelea como todo es por poder, y la gente necesita soluciones e independencia”.
En cuanto al CIF, destacó su posibilidad y obligación de ser un organismo independiente de la policía: “Es lo más moderno, tienen un nivel técnico increíble, lo tiene todo, el laboratorio más moderno del país, investigadores, médicos forenses, contadores, ingenieros. Es suficiente para lo que necesita hoy el Ministerio Público”, destacó y aclaró además que “los investigadores del CIF no deberían depender de la Policía”. En este camino indicó que “la Brigada de Investigaciones, que depende del Poder Ejecutivo, sigue siendo poderosa” al momento de abrir una investigación. “Ese modelo responde a otro modelo de investigación”, destacó e indicó que debiera ser “el CIF el que esclarece los delitos”. Mientras que la Policía debería respetar el lugar que le dio el nuevo Código Penal, que es “estar para prevenir o dar seguridad o ser auxiliar del juez para cumplir una medida”. En cuanto a la policía judicial, el constitucionalista especificó que “es como una policía científica que está a disposición de las partes, sería un organismo que está dentro del Poder Judicial bajo la órbita de control de justicia y su actuación no debe estar teñida de parcialidad y si queda bajo la órbita de la fiscalía dejaría de ser imparcial”