La guerra en Ucrania activó las alarmas de la inteligencia estadounidense sobre la actividad de los servicios secretos rusos en todo el mundo, inclusive en América Latina. Esa preocupación, que se había manifestado meses atrás cuando Vladimir Putin amenazó con la instalación de bases militares en Venezuela, Cuba o Nicaragua, como represalia frente a la posible aceptación del pedido del gobierno de Kiev de incorporarse a la OTAN, se agravó a partir de la invasión.
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La guerra en Ucrania activó las alarmas de la inteligencia estadounidense sobre la actividad de los servicios secretos rusos en todo el mundo, inclusive en América Latina. Esa preocupación, que se había manifestado meses atrás cuando Vladimir Putin amenazó con la instalación de bases militares en Venezuela, Cuba o Nicaragua, como represalia frente a la posible aceptación del pedido del gobierno de Kiev de incorporarse a la OTAN, se agravó a partir de la invasión.
El tema explotó públicamente en Bogotá con la difusión periodística de un informe confidencial de la CIA sobre los contactos entre dos ciudadanos rusos y un alto oficial de las Fuerzas Armadas colombianas. El descubrimiento permitió desentrañar una complejísima telaraña de vínculos entre agentes de Moscú y algunos protagonistas de los disturbios callejeros que en los últimos tiempos acorralaron al gobierno de Iván Duque.
Una investigación transnacional en la que participaron también la DEA y personal de las agencias de inteligencia británica y colombiana, detectó un sofisticado proceso de blanqueo de capitales que incluye sospechosos giros de dinero desde Moscú a Bogotá y Medellín, retiros de efectivo en cajeros automáticos en ambas ciudades y manejo de criptomonedas.
Esas operaciones eran realizadas desde el Sberbank, el mayor banco de Rusia, cuya actividad en el extranjero se vio abruptamente interrumpida el 27 de febrero cuando la Unión Europea resolvió desconectar del sistema Swift a varios importantes bancos rusos. Los investigadores entienden que detrás de estas maniobras habría un plan de desestabilización de Colombia y de interferencia en sus elecciones presidenciales de este año.
El matutino colombiano "El Tiempo" consignó detalles de la investigación que merecerían formar parte una novela de John Le Carré. La información consigna la existencia de dos células rusas en actividad, una en Medellín y la otra en Bogotá. En la primera, estaría identificada una mujer que voló de Medellín a Panamá y desde allí a Moscú en diciembre de 2021. La célula de Bogotá sería liderada por un ciudadano ruso, alias "Servac", un abogado que trabajaría en teoría en la industria turística y que con esa tapadera viajaría por todo el país y mantendría conexión directa con un diplomático de la embajada rusa.
La información periodística revela que "Servac", cuyo teléfono celular fue intervenido, realiza informes periódicos a su jefe en Moscú, un hombre al que llama "Dimas", que narran episodios de los disturbios callejeros e incluyen videos con imágenes en las que aparecen otro ciudadano ruso, nacido en Kazajistán, moviéndose entre los manifestantes, trasmitiendo en vivo por las redes sociales en el centro de Bogotá y buscando ubicar a "Félix", uno de los líderes de esa protesta.
"Servac" aparecería también involucrado en las operaciones de transferencia de dinero y criptomonedas desde Moscú a ciudadanos colombianos. Las autoridades consignaron que existen innumerables evidencias de pequeños giros que llegan desde la Rusia a cuentas alquiladas de ciudadanos colombianos de bajo perfil que hacen retiros en cajeros automáticos.
En febrero pasado, la canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, denunció que "está confirmado que están alquilando cuentas, está entrando dinero por la modalidad del "pitufeo", la misma que usa el narcotráfico". La Unidad de Información y Análisis Financiero elaboró un informe sobre esas transacciones y lo distribuyó entre los servicios de inteligencia. Los organismos gubernamentales consideran que ya existen prueban suficientes como para judicializar las denuncias.
Las puertas de entrada
Simultáneamente, las autoridades colombianas examinan la relación entre este despliegue de agentes de los servicios secretos del Kremlin y las actividades de algunos empresarios rusos, entre ellos Alexander Mashkevich, protagonista de un reciente escándalo en Guatemala por una denuncia sobre la cinematográfica entrega de billetes envueltos en una alfombra al presidente Alejandro Giammattei, en retribución por favores en concesiones portuarias.
Mashkevich, nacido en Kazajistán, aparece sospechado por un periplo por Bogotá, Cartagena y Barranquilla junto a otros empresarios rusos y un ciudadano turco, Tevfik Arif, extraño personaje que fue asesor del Ministerio de Comercio de la desaparecida Unión Soviética y luego fundador de una compañía con sede en Nueva York, emprendedor inmobiliario y socio de Donald Trump en la construcción del Hotel Soho Trump en 2007.
La obsesión del gobierno colombiano por los movimientos de Rusia en su territorio está directamente vinculada con su permanente confrontación con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, que brinda abierta protección y apoyo logístico a los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las facciones disidentes de las Fuerzas Armada Revolucionarias Colombianas (FARC), que no aceptaron el tratado de paz.
En la imaginación frondosa pero no siempre desacertada de las agencias de inteligencia, habría indicios de que la mafia rusa estaría detrás de los acuerdos de cooperación entre los cárteles del narcotráfico y los grupos guerrilleros. Pero existe además una razón estratégica que convierte hoy a esa suposición policial en una cuestión de seguridad nacional: Colombia es el único país latinoamericano que es socio de la OTAN, una membrecía que la transforma en enemiga potencial para Moscú.
Si bien Washington tiene especialmente en cuenta esta singularidad de Colombia, la inteligencia estadounidense considera que la principal base de operaciones de los servicios de espionaje rusos en América Latina no está en Venezuela, ni tampoco en Cuba (su tradicional base de operaciones), sino en sus propias fronteras. En una reciente exposición en el Senado norteamericano, el general Glen Van Herck, jefe del Comando Norte del Ejército, declaró que “en este momento la porción más grande de miembros del GRU están en México”.
Lo cierto es que, por su condición de sucesora de la Unión Soviética, Rusia heredó las sofisticadas redes de inteligencia del aparato soviético y también parte de sus conexiones empresarias. Vladimir Putin, excoronel de la KGB, se esmeró en preservar esa ventaja competitiva.
“The Americans”, la popular serie de televisión, revela la notable continuidad operativa de los agentes de la KGB y la GRU (servicio de espionaje del Ejército ruso) mantenida tras la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS).
Más allá del drástico giro ideológico operado en el Kremlin, esa continuidad histórica del antiguo aparato soviético tiene también sus ramificaciones políticas.
El Partido Comunista Argentino, integrante de la actual coalición gubernamental, emitió una declaración que asevera que “el reconocimiento por parte de Rusia de la soberanía de las Repúblicas Populares de Donestk y Lugansk está siendo utilizado por los Estados Unidos y la OTAN para justificar las provocaciones sobre Rusia, como lo hace en todo el mundo, apoyando a las organizaciones de la derecha filonazi de Ucrania, donde se encuentra prohibido el Partido Comunista”.
Cabe colegir que la actividad de los servicios secretos de Moscú en América Latina, potenciada por la crisis internacional desencadenada por la guerra en Ucrania, tiene como blanco principal a Colombia, por su adhesión a la OTAN, pero se extiende a lo largo y lo ancho del subcontinente. Puede presumirse entonces que la oferta del presidente Alberto Fernández a Putin de convertir a la Argentina en una “puerta de entrada” para facilitar el ingreso de Rusia en América Latina llegó un poco tarde.