La necesidad de que la provincia cuente con una policía judicial que colabore con la investigación de los fiscales dependientes del Ministerio Público y bajo el ámbito de la Justicia para evitar interferencias en su accionar, volvió a cobrar fuerza en los últimos días a partir del escándalo por la financiera trucha que estafó a cientos de personas y que salpica a miembros de la Policía de la Provincia.
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La necesidad de que la provincia cuente con una policía judicial que colabore con la investigación de los fiscales dependientes del Ministerio Público y bajo el ámbito de la Justicia para evitar interferencias en su accionar, volvió a cobrar fuerza en los últimos días a partir del escándalo por la financiera trucha que estafó a cientos de personas y que salpica a miembros de la Policía de la Provincia.
La causa generó un inédito e insólito enfrentamiento entre el Procurador General, Pedro García Castiella, por un lado, y el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Abel Cornejo, por el otro, luego de que la Jefatura de Policía de la Provincia intentara desplazar al comisario Juan Ramón Miranda, efectivo que depende de la Policía pero que presta servicio como comisionado coadyuvante del procurador en el Departamento de Investigaciones del CIF.
Las suspicacias en torno a la urgencia por remover a Miranda surgieron cuando el comisario encabezaba las investigaciones que apuntaban hacia la participación de altos mandos de la Policía en el esquema de estafas que por estas horas cuenta una docena de detenidos, entre ellos algunos efectivos de la fuerza.
Si bien el comisario en cuestión depende del Ministerio de Seguridad, en el Ministerio Público se amparan en la ley de creación del CIF para resistir y rechazar de plano el pase a disponibilidad del uniformado que dirige a un grupo de investigadores bajo las órdenes de los fiscales.
Esta insólita pulseada entre ambos organismos reavivó el debate por la necesidad de una policía judicial que, en la práctica, existe mediante convenios de colaboración pero que, ante situaciones como la que se suscitó en estos días, hacen tambalear la institucionalidad en un ámbito tan delicado como lo es la investigación para una correcta administración de Justicia.
Si bien en Salta el Código Penal contempla desde 1986 la creación de la policía judicial, ningún gobierno desde entonces hasta la fecha envió el proyecto a la Legislatura para que sea convertido en ley.
En provincias como Córdoba y Buenos Aires, donde ya funcionan cuerpos de Policía Judicial, destacan los resultados que se obtuvieron tanto en materia de investigación como, en el caso que ocupa a Salta ahora, plantear una independencia entre los poderes del Estado que garantice un correcto funcionamiento de las instituciones.
Consultado por El Tribuno, un funcionario del Ministerio Público de Córdoba, que prefirió el anonimato, explicó que en esa provincia la Policía Judicial funciona hace muchos años con muy buenos resultados. "Lo que ocurre hoy en Salta es la misma razón por la que en Córdoba funciona la Policía Judicial hace ya más de 30 años, entre finales de la década del 80 y principios del 90", indicó.
Recordó asimismo que la ley de creación de la Policía Judicial en esa provincia se sancionó durante el gobierno de Eduardo Angeloz y que, precisamente, la norma le disparó una crisis policial al entonces mandatario cordobés.
"Como referencia se puede decir que la Policía Judicial funciona muy bien, y el hecho de que las pericias y la investigación técnica de las causas salgan de la órbita de la policía se considera un avance sano para la institucionalidad", dijo.
En Buenos Aires, en tanto, si bien la experiencia es más reciente, también destacan los avances que se lograron tanto para la capacitación y profesionalización de los miembros de la fuerza en materia investigativa como en la necesaria independencia que éstos tienen respecto de sus facultades para llevar a cabo sus pericias.
El domingo último, en una entrevista con El Tribuno, el procurador García Castiella anticipó que "en el Ministerio Público estamos trabajando en un proyecto legislativo para que se cree por ley la Policía Judicial, el cual vamos a enviar oportunamente a la Legislatura para su evaluación". Y consideró que "es algo que ya existe en la práctica, pero habría que darle orden e institucionalidad mediante una ley".