Si bien es cierto que las condenas fueron a prisión condicional, el fallo de la Justicia Federal que se conoció en las últimas horas respecto del cobro ilegal del IFE (ingreso familiar de emergencia) por parte de concejales en diversos lugares de la provincia, puede sentar un precedente sobre el accionar de funcionarios públicos y legisladores a futuro. Tres de los ediles investigados hasta el momento, no podrán ejercer cargos públicos de por vida. Ellos se suman a otros dos funcionarios que fueron condenados a la misma pena el año pasado. El escándalo se desató cuando, en plena pandemia, los ediles intentaron cobrar la ayuda de emergencia (10 mil pesos) destinada por el Gobierno nacional para las personas económicamente más vulnerables.
inicia sesión o regístrate.
Si bien es cierto que las condenas fueron a prisión condicional, el fallo de la Justicia Federal que se conoció en las últimas horas respecto del cobro ilegal del IFE (ingreso familiar de emergencia) por parte de concejales en diversos lugares de la provincia, puede sentar un precedente sobre el accionar de funcionarios públicos y legisladores a futuro. Tres de los ediles investigados hasta el momento, no podrán ejercer cargos públicos de por vida. Ellos se suman a otros dos funcionarios que fueron condenados a la misma pena el año pasado. El escándalo se desató cuando, en plena pandemia, los ediles intentaron cobrar la ayuda de emergencia (10 mil pesos) destinada por el Gobierno nacional para las personas económicamente más vulnerables.
A instancia del fiscal federal Ricardo Rafael Toranzos, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, tres concejales de distintas localidades del interior de la provincia fueron condenados por el Tribunal Oral Federal N§1 a penas de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos.
Bajo la modalidad unipersonal, el tribunal -con la intervención del juez Marcelo Juárez Almaraz- también absolvió a otros tres concejales, dos de ellos -Santos Palma y Julio Pedro Laxi, de las localidades de Animaná y Rivadavia Banda Norte- por pedido de la fiscalía, que los había imputado inicialmente por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público.
El tercero, Héctor Sebastián Cari, concejal de Guachipas, fue absuelto por el beneficio de la duda. La fiscalía, que lo había acusado como responsable de defraudación, evalúa recurrir la decisión.
Las condenas dictadas en coincidencia con el pedido fiscal fueron para Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Gabriela Cazón, ediles de Pichanal, Urundel y Aguas Blancas, por el delito de defraudación e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cantarella y Cuellar recibieron penas de 3 años de prisión condicional, mientras que a Cazón se le aplicó una pena de 2 años de prisión. En los tres casos se impuso además la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En tanto, el edil de la localidad de San Lorenzo José Osvaldo Reynaga fue condenado a un año de prisión y dos de inhabilitación por los mismos delitos en grado de tentativa. La fiscalía había solicitado que se le impusiera una pena de un año y medio de prisión condicional más tres de inhabilitación por la misma calificación penal que al resto.
Nicolasa Maras, concejal de Los Toldos, fue condenada al mínimo de la pena; recibió un mes de prisión y dos de suspensión para el ejercicio de cargos públicos por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La fiscalía había solicitado que se la condene a un año de prisión condicional y dos de inhabilitación.
De esta manera concluyó el segundo juicio oral y público seguido a funcionarios públicos acusados por el cobro ilegal del ingreso familiar de emergencia. En este caso el debate se había iniciado el 15 de febrero pasado y se desarrolló con una audiencia por semana.
Logros destacados
Sobre esta temática el fiscal Toranzos destacó los logros obtenidos por el área de Casos Complejos al asumir la investigación de los distintos hechos, la mayoría de ellos iniciados a partir de un reporte periodístico, que expuso la situación de más de 50 concejales que habrían percibido el IFE, un subsidio dispuesto por el Gobierno nacional para mitigar los efectos económicos de las medidas sanitarias en el marco de la pandemia