Al otro día del anuncio de emergencia carcelaria que se dictará en los próximos días, los funcionarios judiciales provinciales respondieron con un duro comunicado: "Se nos adjudica la inseguridad si no hay encarcelamientos inmediatos y, a la vez, los problemas de superpoblación carcelaria", indicaron desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta.
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Al otro día del anuncio de emergencia carcelaria que se dictará en los próximos días, los funcionarios judiciales provinciales respondieron con un duro comunicado: "Se nos adjudica la inseguridad si no hay encarcelamientos inmediatos y, a la vez, los problemas de superpoblación carcelaria", indicaron desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios de Salta.
Hace 25 años, en 1997, se dictó la última emergencia carcelaria en la provincia. El anuncio del jueves que reconoció la crítica situación en las cárceles, despertó rispideces entre el Poder Ejecutivo y el Judicial.
Los funcionarios judiciales nucleados en el Colegio, hicieron hincapié en las políticas públicas en materia carcelaria y recordaron que "el sistema de encarcelamiento preventivo y de condenados es de responsabilidad primaria del Poder Ejecutivo Provincial". Además, relacionaron la crítica situación en las cárceles a la "falta de inversión" en la que, indicaron, no tener ningún tipo de injerencia en materia presupuestaria.
Los magistrados y funcionarios judiciales aseguraron que dicha falta de recursos es el factor principal del problema, y no así los tiempos procesales. Aunque admitieron que los procesos judiciales podrían mejorarse incorporando "la oralidad en todo el proceso penal", y recordaron que por dicho motivo se sumaron a la comisión propuesta por el Ejecutivo para debatir sobre la modernización de los códigos procesales provinciales.
A la falta de recursos que se arrastraría desde "hace varios años", los funcionarios judiciales le sumaron además otros dos factores que responden a "decisiones políticas", que habrían agravado el problema de base: la adhesión de la provincia a la Ley 26.052 de Desfederalización Parcial de la Competencia Penal en Materia de Estupefacientes y la tolerancia cero en materia de violencia de género. "Tales decisiones institucionales, que compartimos, implicaron un aumento exponencial de la población carcelaria", analizaron.
Cuando era procurador el propio ministro de Seguridad, Abel Cornejo, había solicitado que la provincia dejara de adherir a la ley de Desfederalización Parcial que dejó en manos de la provincia (y ya no en las fuerzas federales), la actuación en delitos de narcomenudeo.
El pedido que los diferentes actores judiciales realizan desde hace tiempo, es por la deuda que Nación mantiene desde que la provincia adhirió a la norma, en el 2014. Desde entonces que la administración nacional adeuda las partidas correspondientes que hasta hace dos años, hasta julio del 2019, rondaba los 550 millones de pesos.
Luego de detallar estos aspectos, el Colegio de Magistrados y Funcionarios señaló que es un tema complejo para el cual se deben evitar las "lecturas rápidas", y apuntaron a las "soluciones integrales" para las cuales indicaron estar dispuestos a colaborar: "Estamos convencidos que necesitamos un diálogo profundo sobre estos temas, y por ello nos ponemos a disposición de los distintos organismos provinciales para superar una situación tan urgente", finalizaron.
El argumento
El jueves pasado el ministro Abel Cornejo visitó el Senado provincial para informar sobre los avances del plan de seguridad y justicia 2021-2023. En ese contexto, Cornejo anunció la declaración de emergencia carcelaria que se dictará en los próximos días por resolución del ministerio que dirige.
El juez de Corte dio números que duplicarían la capacidad permitida, indicó que en el Servicio Penitenciario eran 2.000 las plazas disponibles, y sin embargo tiene alojadas entre 3.900 y 4.100 personas. También se refirió a las personas alojadas en las comisarías, que llegarían a ser casi 800.
El funcionario aseguró que la Alcaidía General no escapa a esta realidad y la definió como "saturada". Este matutino dio cuenta sobre la superpoblación en dicho organismo ubicado en inmediaciones de la Ciudad Judicial: a principios de año el porcentaje de superpoblación allí rondaba entre el 135 y 145%.
Si bien resta conocer los alcances de la emergencia carcelaria, se supo que entre los objetivos está el de firmar un convenio con Nación que habilite el traslado de reos a un cuartel del Ejército en Tucumán. A estas propuestas se le sumarían además el impulso de un régimen semiabierto para mujeres presas y también un programa de trabajo para detenidos varones que se dedicarían a fabricar uniformes para la Policía y el Servicio Penitenciario, que actualmente corre a cuenta de cada efectivo.
Lo que se espera y planifica
Mientras la emergencia carcelaria es inminente, hay proyectos para ampliar el Servicio Penitenciario ya en ejecución. Uno de ellos es el traslado del penal de Villa Las Rosas a Cerrillos, donde se planifica un “moderno complejo penitenciario”. A esto se le sumaría la cárcel que se planifica para el sur provincial, en Metán.
También se indicó que el Ministerio de Seguridad y Justicia avanza en un proyecto de ley para actualizar la actual normativa penitenciaria, que data de la década del 70. El Comité contra la Tortura trabaja también en la diagramación del proyecto que deberá ser luego aprobado por los diputados y senadores provinciales.