El Senado sancionó la ley que establece la prórroga por el término de un año, que se contará a partir del 5 de septiembre de 2022, la entrada en vigencia de la Ley 8.097, que creó en la provincia de Salta el Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes.
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El Senado sancionó la ley que establece la prórroga por el término de un año, que se contará a partir del 5 de septiembre de 2022, la entrada en vigencia de la Ley 8.097, que creó en la provincia de Salta el Régimen de Responsabilidad Penal para Niñas, Niños y Adolescentes.
Con igual vigencia determina el régimen transitorio del artículo segundo de la Ley 8.207 y hasta tanto se cumpla el término de la prórroga, en los procesos penales seguidos contra niñas, niños y adolescentes continuará la aplicación de la Ley 6.345 y modificatorias y del artículo 35 de la Ley 7.716.
La iniciativa, aprobada por las dos cámaras de la Legislatura y que pasó al Ejecutivo para la promulgación, además, establece la creación de una comisión especial.
En un plazo máximo de tres meses este agrupamiento deberá proponer las reformas legislativas necesarias y un plan progresivo para la implementación del Régimen Penal Juvenil establecido en la Ley 8097.
Este paso se cumplirá contemplando los órganos que intervienen en el proceso penal y los dispositivos y herramientas que se requieren para la atención de las necesidades de niñas, niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.
La comisión se integrará con dos diputados, dos senadores, dos representantes del Ejecutivo provincial, dos representantes del Ministerio Público y dos representantes del Poder Judicial.
Sin perjuicio de los integrantes citados la comisión podrá convocar a miembros de organizaciones de la sociedad civil, colegios profesionales e instituciones públicas y privadas.
En principio, la Cámara de Diputados tenía previsto tratar un proyecto para crear los cargos de fiscales penales y de juzgados penales juveniles para que el régimen entrara en vigencia plena. El procedimiento especial que se instauró en el 2018 se originó por una iniciativa legislativa de la Corte de Justicia de Salta.