Una agrupación de abogados denunció ayer la existencia de "un elaborado plan de hostilidades" contra la Corte Suprema de Justicia, en alusión al pedido de juicio político contra los jueces del máximo tribunal, presentado por el presidente Alberto Fernández en la Cámara de Diputados.
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Una agrupación de abogados denunció ayer la existencia de "un elaborado plan de hostilidades" contra la Corte Suprema de Justicia, en alusión al pedido de juicio político contra los jueces del máximo tribunal, presentado por el presidente Alberto Fernández en la Cámara de Diputados.
La agrupación "Lista Bordó", que conduce la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, cuestionó la decisión del jefe de Estado y recordó, a través de un comunicado, que "viene expresando en numerosas oportunidades su preocupación por las reiteradas conductas del Gobierno nacional que avasallan la independencia del Poder Judicial de la Nación afectando seriamente la división de poderes y la propia institucionalidad de un país democrático".
Según se planteó, "el 4 de enero pasado tuvimos que pronunciarnos frente al pedido de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación efectuada por el señor Presidente de la Nación abogado Alberto Ángel Fernández, motivado en un reciente fallo de aquel tribunal y que, según su comprensión, resulta equivocado".
"Con el transcurso de los días, lejos de primar la reflexión y el análisis acerca del daño que se genera a las instituciones de nuestro país, el avasallamiento fue in crescendo -continuaron en el documento publicado este fin de semana en sus redes sociales-. Tal es así que se incorporó una denuncia ante la Organización de las Naciones Unidas formulada por el Poder Ejecutivo Nacional, que recibió una inmediata respuesta de la ONU solicitando la Argentina que respete la independencia de la Justicia".
Injerencia
La agrupación sostuvo que "es posición inveterada de esta lista que la promoción de juicio político por el contenido de pronunciamientos judiciales, más allá de su acierto o error, implica una debida injerencia en la actividad jurisdiccional pues pretende condicionar el ejercicio independiente de la magistratura".
"El devenir de los sucesos y los anuncios que a través de diferentes funcionarios nacionales se fueron realizando en las últimas semanas nos alerta acerca del desarrollo de un elaborado plan de hostilidades para el más alto tribunal, circunstancia que debe ser puesta de relieve y desaprobada en toda su extensión. La división de poderes y la independencia judicial establecidos en la Constitución nacional deben asegurarse bajo cualquier circunstancia para garantizar un Estado de Derecho".