Deep web, grooming, phishing, sextorsion, stalkear, viralizar, etc. Las nuevas tecnologías nos han aportado toda una gama de neologismos amenazantes, cuyo sentido muchas veces se escapa para el gran público (a excepción de sus víctimas). Otros, como inteligencia artificial, criptomonedas o internet de las cosas, si bien no tienen una connotación necesaria (o solamente) negativa, no dejan de tener un lado angustiante por los riesgos que involucran. Ante este panorama, la pregunta es muy pertinente: ¿quién nos protege frente a las externalidades nocivas de la tecnología?
inicia sesión o regístrate.
Deep web, grooming, phishing, sextorsion, stalkear, viralizar, etc. Las nuevas tecnologías nos han aportado toda una gama de neologismos amenazantes, cuyo sentido muchas veces se escapa para el gran público (a excepción de sus víctimas). Otros, como inteligencia artificial, criptomonedas o internet de las cosas, si bien no tienen una connotación necesaria (o solamente) negativa, no dejan de tener un lado angustiante por los riesgos que involucran. Ante este panorama, la pregunta es muy pertinente: ¿quién nos protege frente a las externalidades nocivas de la tecnología?
Internet es, por definición, una red global. Por lo tanto una primera respuesta debería buscarse en el marco legal internacional. Sin embargo, salvo casos aislados, como los llamados "Tratados de internet", referidos a la propiedad intelectual o algunas disposiciones regionales (v.gr., las resoluciones del Mercosur sobre comercio electrónico), no existen normas supranacionales que regulen el mal uso de la tecnología. Y sobre todo no existe una autoridad internacional con competencia para sancionar esos desvíos.
Descartada la vía internacional, en nuestro país la defensa de las cibervíctimas queda a cargo del Congreso, de los jueces y de algunos otros organismos como la Dirección Nacional de Protección de Datos (DNPD) o la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Es realmente difícil legislar sobre tecnología; para ello se requieren dos cosas: saber sobre la materia (sino el remedio es peor) y que las normas sancionadas sean lo suficientemente flexibles como para no desincentivar el desarrollo tecnológico. La buena noticia es que, en muchos casos, las soluciones ya están inventadas, es casi copiar/pegar. Así, en el Congreso Nacional está en trámite desde el año pasado un proyecto de ley para actualizar nuestra normativa de protección de datos personales, muy similar al reglamento de la Unión Europea en esa materia. Un proyecto prácticamente igual perdió estado parlamentario en 2018 por la polarización política; esperemos que no pase lo mismo esta vez.
El abogado Pablo Sylvester acaba de publicar un tratado sobre "Derecho de internet", con la colaboración de John Grover Dorado, José Aráoz Fleming y Tomás Ponce de León, con prólogo de María Nieves de la Serna Bilbao. La obra será presentada hoy, miércoles 25, a las 19.30, en el Salón del Colegio de Abogados de la Ciudad Judicial.
En el plano judicial deben destacarse los avances en la prevención del cibercrimen; Salta es pionero en el dictado de un nuevo Código Procesal Penal con herramientas jurídicas idóneas para combatir los delitos digitales. Fuera de ese ámbito, las soluciones ofrecidas por el sistema judicial son bastante deficientes (un contenido digital se viraliza en segundos; el paliativo judicial tarda meses o años) y lo seguirán siendo hasta que no se establezca un fuero exclusivo de internet.
Los otros organismos de control son igualmente deficitarios: la DNPD, si bien viene levantando su performance, en 2022 aplicó menos sanciones, por ejemplo, que su par de Perú (59 frente a 128). En cuanto a la CNDC, es conocido el reciente proceso abierto por su equivalente norteamericano contra Google por abusos de su posición de dominio; en Argentina no solo no se vigila a esas multinacionales tecnológicas sino tampoco a nuestros "unicornios" nacionales, que ofrecen valiosos servicios pero también pueden adulterar y restringir la competencia sin ningún control.
La respuesta a la pregunta del título, por tanto, es: sin urgentes reformas, nadie.