La oficina comercial del PAMI en Cafayate se convirtió en una verdadera pesadilla para una propietaria. Pasaron los directores Nicolás Sivila, Verónica Molina y ahora Ignacio González y, lejos de una solución, la deuda, como bola de nieve, creció y ahora la desidia y el desamparo se convirtieron en los principales actores.
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La oficina comercial del PAMI en Cafayate se convirtió en una verdadera pesadilla para una propietaria. Pasaron los directores Nicolás Sivila, Verónica Molina y ahora Ignacio González y, lejos de una solución, la deuda, como bola de nieve, creció y ahora la desidia y el desamparo se convirtieron en los principales actores.
En 2012 PAMI alquiló, a 3 cuadras de la plaza principal de Cafayate, un inmueble para su oficina regional, pero en 2019 comenzaron los problemas ante la negativa de actualizar los montos de alquiler. La obra social se convirtió en "okupa", en medio de las negativas del ente oficial. Ahora se llamó a licitación para "contratar" otro local y escapar de las obligaciones, mientras siguen ocupando sin pagar el inmueble, durante el largo proceso licitatorio, privando de su uso a la propietaria indefinidamente y sin contraprestación alguna.
"El contrato venció el 31 de julio de 2019 y hasta ahora pasaron varios directores, que más que buscar un acuerdo dilataron el problema, principalmente Verónica Molina", reveló Pamela Guzmán, damnificada.
Molina, polémica representante de La Cámpora, fue desplazada de su cargo por un escandaloso conflicto judicial y la situación de abandono de jubilados de Orán. En la exdirectora kirchnerista pesa una investigación por desmanejos y direccionalidades en licitaciones públicas, con la sospecha de que benefició a ciertos privados.
"Luego de innumerables notas para la renovación, intentos de acercamiento y hasta pedido de desalojo, nunca llegué a tener una respuesta", dijo Guzmán.
Según Guzmán, al PAMI se le inició "una demanda de desalojo el año pasado ante el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial 2ª nominación, pero por ser PAMI un ente nacional el desalojo no es un proceso ejecutivo, como en el fuero provincial, sino ordinario, con plazos eternos que llevará esta demanda".
El argumento legal aclara que "es considerado un ente público nacional que brinda un "servicio esencial" y un desalojo es hasta casi "milagroso". "Hay una vulneración total al derecho de propiedad privada", resaltó.
"Los pagos, que nunca fueron actualizados, cesaron desde abril de este año. Asimismo, la falta de los pagos a mi nombre me llevaron a tener problemas con Rentas, porque solo hacían los pagos si la factura era a nombre de mi madre, quien hace años me transfirió el dominio del inmueble, cuestión que informé a PAMI oportunamente", dijo.
"El último monto de 2019 ascendía a unos $37.000 pesos (unos 1.200 dólares). Hoy ese monto congelado es menos de 50 dólares", dijo.
Guzmán señaló que si bien en algún momento hubo una propuesta de realizar un nuevo contrato de locación, no quisieron reconocer la deuda de actualización e intereses de los últimos 4 años. "Hubo una luz de esperanza cuando el actual director se comunicó para dialogar y llegar a un acuerdo, pero resultó ser más de lo mismo, sin ninguna autoridad para decidir nada, repitiendo la política y postura de los anteriores directores, dilatando una situación que para mi ya es insostenible y angustiante".
Perjuicio mayor
"Tuve 4 propuestas de venta para proyectos inmobiliarios y pedidos de alquiler, además de ser una excelente opción para alquiler turístico, pero todo se frena en una empalizada llamada PAMI", expresó.
"Propuse renunciar al desalojo, pero no a la actualización del alquiler e intereses. No aceptaron, pero tampoco me devuelven el inmueble", resaltó.