El juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia ingresa en su tramo final y ayer venció el plazo para que los jueces presenten su descargo ante la comisión de Diputados. De todas maneras, los magistrados tienen la opción de responder en forma presencial ante la comisión hasta el próximo martes 7.
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El juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia ingresa en su tramo final y ayer venció el plazo para que los jueces presenten su descargo ante la comisión de Diputados. De todas maneras, los magistrados tienen la opción de responder en forma presencial ante la comisión hasta el próximo martes 7.
El proceso continuará y los miembros de la comisión de Juicio Político tienen que dictaminar antes del 20 de noviembre. El plazo puede extenderse en el caso de que el Poder Ejecutivo establezca una prórroga de las sesiones ordinarias. El kirchnerismo ya tiene preparado un informe con la acusación contra los miembros del máximo tribunal.
Se espera que la comisión emitirá dictamen en la semana del 13 al 17 de noviembre, dos días antes del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. En caso de ganar el tigrense y como el Frente de Todos no tiene la mayoría especial (dos tercios de los presentes) para aprobar y girar al Senado el pedido de juicio político, Massa podría pedir que lleven el caso al recinto y al perder la votación se cerraría el proceso. En caso contrario el dictamen tendrá vigencia hasta el 30 de noviembre del próximo año y podría ser llevado al recinto a fines de 2024. Por ahora, no hay demasiadas posibilidades de que el tema sea tratado antes de la asunción de los nuevos diputados electos.
Descargos
Antes de que terminara la semana hábil los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz rechazaron el juicio político en su contra y advirtieron sobre la posibilidad de que el proceso afecte la independencia judicial. Presidente y vice del máximo tribunal enviaron, a la par, cartas a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para cuestionar la investigación que los tiene en la mira por varias causales y que terminó de detonar la relación entre el Gobierno y la cúpula del Poder Judicial. Rosatti advirtió que las acusaciones que se les hacen tienen la singularidad de estar unidas por la "disconformidad con el contenido de las sentencias".
En la misiva de descargo, el santafesino recordó que la Corte Suprema accedió a responder los pedidos de informes realizados por la comisión presidida por la entrerriana Carolina Gaillard, aportó 75 cuerpos de documentación y "prestó la más amplia colaboración frente a los particulares pedidos".
"Todos los empleados y funcionarios del Tribunal que fueron citados a declarar como testigos cumplieron con su deber legal", remarcó el también presidente del Consejo de la Magistratura. De todos modos, no dejó de marcar que, a su entender, varios "vicios afectan seriamente la garantía del debido proceso y el derecho de defensa en juicio", por lo que "vician la validez y eficacia del proceso".
En ese sentido, Rosatti mencionó que la comisión de Juicio Política de la Cámara baja produjo pruebas sin la previa intervención de un juez; se "requirió y se obtuvo información reservada de contribuyentes sin la debida intervención judicial, incurriendo en violación del secreto fiscal"; "se incorporó prueba que había sido considerada inválida en una causa judicial por su presunto origen ilegal", y "se sometió a los testigos a un trato hostil y se los descalificó tanto personal como profesionalmente".
Por ello, consideró que el proceso es "un evidente intento de condicionar la resolución de causas en trámite" y alertó sobre la dificultad de ejercer el derecho de defensa: "Se pone a los jueces del Tribunal frente a la disyuntiva de indefensión".
"El proceso se ha desvirtuado y, si bien se procuró afectar la independencia del Poder Judicial en general y de la Corte Suprema en particular, ese objetivo no se logró", remarcó.
Y agregó: "Es evidente que este tipo de acusaciones conllevan una presión indebida sobre los jueces del Tribunal y un intento de condicionar sus futuras decisiones".
"Los cargos formulados evidencian, por un lado, que se está enjuiciando a los miembros de esta Corte por el contenido de sentencias que no satisfacen los deseos de algunos integrantes de la Comisión y, por el otro, que con ello se pretende condicionar futuras decisiones del Tribunal en causas actualmente en trámite", continuó. Ante ese análisis, subrayó que "corresponde declarar la improcedencia de los pedidos de juicio político y disponer el archivo de las actuaciones".
Por su parte, Rosenkrantz afirmó que "se ha usado la facultad de acusación de un modo infiel al propósito constitucional".
Schiaretti, muy disconforme
El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, publicó un mensaje contra el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, al que responsabilizó por impulsar el juicio político a la Corte Suprema. A través de sus redes, el mandatario cordobés rechazó la movida judicial protagonizada por el oficialismo contra los miembros del Tribunal Supremo. "Una vez más quiero hacer público mi categórico rechazo al pretendido juicio político a la Corte Suprema que impulsa el gobierno kirchnerista del ministro Sergio Massa", expresó Schiaretti desde su cuenta de X.