En total 501 adolescentes enfrentaron medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones del sistema penal juvenil en 2022 de acuerdo a un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cifra ubica a Salta entre las jurisdicciones donde más chicos y chicas pasaron por esta situación y, en un 22 por ciento de los casos, tuvo que ver con delitos contra la integridad sexual.
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En total 501 adolescentes enfrentaron medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones del sistema penal juvenil en 2022 de acuerdo a un informe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La cifra ubica a Salta entre las jurisdicciones donde más chicos y chicas pasaron por esta situación y, en un 22 por ciento de los casos, tuvo que ver con delitos contra la integridad sexual.
Este mes se presentó el Mapa de Niños, Niñas y Adolescentes con Intervención Penal de la República Argentina. Las estadísticas indican que hubo 2106 menores de 18 años involucrados en causas judiciales el año pasado en Salta. La mayoría (el 54 por ciento) estaba entre los 16 y 17 años y un 30 por ciento tenía de 14 a 15.
En la provincia se privó de la libertad al 23 por ciento de los adolescentes que estuvieron bajo investigaciones de la Justicia de menores en 2022. Esta medida es la última opción en causas penales juveniles, ya que el marco legal indica que se deben priorizar otras estrategias y métodos socioeducativos cuando sea posible.
Si bien se aclara que las diferencias entre los marcos legales y sistemas estadísticos que rigen en las distintas provincias pueden relativizar las comparaciones, solo superaron a Salta en cantidad de adolescentes con procesos judiciales iniciados el año pasado Santa Fe, con 3859 y Buenos Aires, con 1654.
En Santa Fe, el 29 por ciento de los chicos o chicas con causas pasó por el encierro; en San Juan menos del 10 por ciento y en Buenos Aires, el 82 por ciento.
"Los casos en que se debe requerir medidas de privación de libertad son aquellos en los que se sospecha que hubo participación en delitos graves, como homicidios y abusos contra la integridad sexual", explicó a El Tribuno la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke interina en la Fiscalía Penal de Menores 1.
La magistrada remarcó que la restricción de libertad siempre se aplica en casos graves y como una resolución excepcional.
"En estos casos resulta necesario disponer medidas cautelares para asegurar la investigación y dar una respuesta a la víctima", indicó Simesen de Bielke. Agregó que se debe optar por medidas socioeducativas en los casos de menores de 18 años sin resguardo, ya sea porque están en situación de calle, porque momentáneamente no cuentan con el cuidado de padres o tutores o porque están bajo la protección del Estado por realidades como el abandono.
El hecho por el que más investigaciones penales juveniles se generan es el mismo en casi todo el país: ilícitos contra la propiedad. Al margen de eso, hay un tipo de caso que también se registra en porcentajes elevados en provincias del norte: delitos contra la integridad sexual.
En Salta el 34 por ciento de las intervenciones de la justicia penal juvenil tuvieron que ver con robos o hurtos, mientras que los distintos tipos de abusos representaron el 22 por ciento del total.
En Tucumán los delitos contra la propiedad fueron el 49 por ciento y los cometidos contra la integridad sexual llegaron al 27 por ciento sobre un total de 140 causas. En Jujuy, los porcentajes son del 39,1 y el 36 por ciento respectivamente sobre 250 expedientes.
La Rioja y Entre Ríos son las provincias donde las proporciones están más cercanas. En ambas, los delitos contra la propiedad llegan a cerca del 21 por ciento y las causas contra la integridad sexual, a un 23 por ciento. En las demás jurisdicciones del país, los abusos están por debajo del 22 por ciento del total de las investigaciones y hay lugares, como Buenos Aires, en donde solo representan al 2,1 por ciento del total.
En cuanto a las edades, la mayoría de los chicos y chicas que están en conflicto con la ley penal tienen de 16 a 17 años. En Salta, esta franja etaria representa al 54 por ciento del total, mientras un 29,4 por ciento está entre los 14 y los 15 años.
En la provincia de Buenos Aires tiene entre 16 y 17 años el 92 por ciento de los chicos investigados por hechos delictivos y en Santiago del Estero llegan al 94 por ciento.
La gran mayoría de los que se vincularon con alguna situación de ilegalidad o violencia en el país son del sexo masculino. En la provincia de Buenos Aires los varones representan al 93 por ciento del total; en Tucumán, al 96 por ciento; en Jujuy, al 97 por ciento; en Santiago del Estero, al 94 por ciento y en Salta, al 82 por ciento.
Radiografía
El Mapa Estadístico Penal Juvenil de Argentina correspondiente a 2022 se desprende de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD), que depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Desde 2020, se ha solicitado anualmente información a los poderes judiciales de las jurisdicciones provinciales para sistematizarla en un mapa público que está disponible en el sitio web de la BGD.
Por primera vez, los datos brindados por los poderes judiciales de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán han sido incluidos en un informe completo, el correspondiente a 2022.
Si bien cada provincia cuenta con una normativa penal juvenil propia, que determina un trámite judicial particular, el proyecto refleja la importancia de estandarizar indicadores, enfocar la mirada en la protección de la infancia y la adolescencia y obtener información válida para pensar en políticas públicas.
En Salta comenzó a regir en diciembre el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, por el cual la investigación de las causas está a cargo de la fiscalía y los que hasta noviembre se desempeñaban como jueces de menores pasaron a cumplir el rol de jueces penales juveniles o jueces de garantía.
Los juzgados ahora deben controlar y avalar todas las medidas que se tomen durante el proceso, incluidas las decisiones de restricción de la libertad o alojamiento en instituciones para chicos y chicas en conflicto con la ley penal.
El objetivo es agilizar las resoluciones y sumar miradas. El sistema implica que también hay defensores penales juveniles especializados que ejercen la representación legal y técnica en el proceso judicial y asesores de menores, dependientes del Ministerio Público Pupilar, que supervisan que se respeten los derechos de los niños, niñas y adolescentes, más allá de la causa penal en particular.
"El sistema era necesario en función de la división de roles en la Justicia. Creo que su puesta en marcha importa cumplir con los estándares internacionales de objetividad en la investigación y la garantía de imparcialidad del Poder Judicial", definió Verónica Simesen de Bielke.
La fiscal penal consideró que el nuevo sistema, en esta primera etapa, está funcionando de manera muy coordinada entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, lo que implica procesos más ágiles y concretos.
Uno de los crímenes de gran impacto público que se resolvieron este año fue el asesinato de la docente Rosa Sulca, en el que una adolescente que era menor de 18 años cuando ocurrió el hecho fue condenada a 12 años de prisión.
El caso ocurrió el 28 de abril de 2020, en una vivienda de Amalia Aybar al 1400 de Villa Mitre, donde la profesora falleció tras recibir heridas de arma blanca.
La entonces adolescente, que era conocida de la víctima, y un joven habían ingresado a su casa para robar.
La joven fue acusada de autora del delito de "homicidio calificado por alevosía y criminis causa (cometido con la intención de ocultar otro delito)"
Tras el asesinato se supo que Rosa Sulca había realizado varias denuncias por robos y amenazas de muerte que venía sufriendo. La joven reconoció que entró en la casa de Sulca con su exnovio para robar. Dijo que en ese momento estaba drogada y alcoholizada y que no recordaba bien lo sucedido.
El caso habla de una realidad que se repite. La mayoría de los chicos en conflicto con la ley penal tiene un consumo problemático de sustancias como alcohol o drogas.
Por otro lado, los menores de 18 años que participan de delitos graves como el homicidio son un porcentaje minoritario, en tanto que la mayoría comete ilícitos como robo o hurtos. Según un informe de la BGD, Durante 2022, 1643 chicos tuvieron una causa penal iniciada ante un Juzgado Nacional de Menores con asiento en la ciudad de Buenos Aires.
En total se registraron allí 2036 causas y predominan los delitos contra la propiedad (82 por ciento), principalmente distintas modalidades de robos (tres de cada cuatro). En el restante 18 por ciento aparecen delitos contra la integridad sexual, contra la administración pública, contra la libertad y contra las personas, entre otros. Las causas iniciadas por delitos contra las personas (vida, integridad física, seguridad personal) totalizaron 28 (cerca del 1,4 por ciento del total) Dentro de las causas por este tipo de delitos, 10 correspondieron a homicidios y, de ellos, tres fueron consumados.