Durante año y medio la gestión del presidente Pedro Castillo fue un desastre sin paliativos, de principio a fin. Lo fue tanto en su condición de jefe de Estado como en su frustrado proyecto golpista. Fue incapaz de generar estabilidad, llegando a tener cinco gabinetes y más de 70 ministros en este corto plazo.
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Durante año y medio la gestión del presidente Pedro Castillo fue un desastre sin paliativos, de principio a fin. Lo fue tanto en su condición de jefe de Estado como en su frustrado proyecto golpista. Fue incapaz de generar estabilidad, llegando a tener cinco gabinetes y más de 70 ministros en este corto plazo.
Los indicios de corrupción en su entorno más cercano eran evidentes. El asunto es que, desde que ganó las elecciones, Castillo se dedicó al copamiento del Estado con funcionarios públicos nombrados en forma irregular, sin los perfiles técnicos exigidos, con el fin de direccionar y controlar las adquisiciones y contratos públicos. El 30% del presupuesto público nacional son compras y contratos.
Según la fiscal general de la Nación, Patricia Benavides, la investigación reveló indicios de que Castillo es el cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión, teniendo 51 carpetas fiscales que fueron revelados ante la OEA en su visita al país, incluyendo el fraude electoral.
Ante el tercer intento de destitución por parte del Congreso, Castillo decidió dirigirse al país en un mensaje a la Nación televisado en el cual anunció su decisión de disolver el Congreso de la República, intervenir el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, además de convocar a la elección de un nuevo congreso con facultades constituyentes. Al terminar su mensaje Castillo dio la orden de detener a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El acto fue reconocido por los políticos de diversas tendencias, los medios de comunicación y el Tribunal Constitucional como un "golpe de Estado".
La vicepresidenta Dina Boluarte fue designada en su reemplazo como presidenta constitucional por línea de sucesión, culminando constitucionalmente sus funciones hasta el 2026. Días después anunció al Congreso que las elecciones generales se adelanten para abril del 2024, considerando que era un gobierno transitorio.
Los hechos de protesta produjeron manifestaciones en diferentes ciudades del Perú. Participan partidarios del expresidente Pedro Castillo y grupos que persiguen otros objetivos políticos, como la renuncia de Dina Boluarte y la disolución del Congreso de la República, produciendo ataques a puestos policiales, sedes del Ministerio Público y Poder Judicial, aeropuertos, comercios y viviendas de particulares, vehículos de transporte público, entre otros.
Existen indicios creíbles sobre la participación en estas manifestaciones de grupos sediciosos organizados desde Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, con el deliberado propósito de producir violencia y atentar contra la vida de la ciudadanía y de los miembros de las fuerzas del orden.
Actualmente el Gobierno se encuentra llevando a cabo medidas para restablecer el orden y un esfuerzo de diálogo nacional, con el objetivo de llegar a una solución consensuada con pleno respeto a los derechos humanos y en el marco de la Constitución y las leyes peruanas.
Lima soporta actualmente protestas copando las principales avenidas principales, destrozos a instituciones, incendio a patrimonios culturales, igualmente a las carreteras nacionales bloqueadas en más de cien puntos, mayoritariamente de la sierra sur (Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cuzco y Puno) promovidas por la izquierda radical azuzando a comunidades campesinas y pequeños agricultores con intenciones de exigir el adelanto a las elecciones generales, cambio de la constitución, libertad de Pedro Castillo y su reposición como presidente.
La clase política del país actúa sobre intereses particulares y no sobre las necesidades generales: el déficit del modelo institucional que impide la reelección de los congresistas y los condena a una falta de preparación y la sobreabundancia de candidatos a la presidencia permite una elección de mucha fragilidad, haciendo un país ingobernable.