El fallo contra el país emitido por la Justicia de Nueva York y ampliamente documentado en los diarios argentinos exhibe autorías y responsabilidades de funcionarios y legisladores nacionales. Así culmina la irresponsable reestatización del 51% de YPF, puesta en marcha por Cristina Kirchner en 2012, con el asesoramiento de Carlos Zannini y Axel Kicillof. La nacionalización parcial y antirreglamentaria de la empresa fue aprobada por 208 diputados y 63 senadores nacionales, a sabiendas de que era una operación ilegal y, también, que cualquier demanda judicial llegaría a un tribunal neoyorkino. De los diez legisladores salteños, solo un senador votó en contra del proyecto.
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El fallo contra el país emitido por la Justicia de Nueva York y ampliamente documentado en los diarios argentinos exhibe autorías y responsabilidades de funcionarios y legisladores nacionales. Así culmina la irresponsable reestatización del 51% de YPF, puesta en marcha por Cristina Kirchner en 2012, con el asesoramiento de Carlos Zannini y Axel Kicillof. La nacionalización parcial y antirreglamentaria de la empresa fue aprobada por 208 diputados y 63 senadores nacionales, a sabiendas de que era una operación ilegal y, también, que cualquier demanda judicial llegaría a un tribunal neoyorkino. De los diez legisladores salteños, solo un senador votó en contra del proyecto.
Los legisladores, representantes que el pueblo elige para que defiendan los intereses del Estado, equivocaron seriamente la ecuación populista en el marco de la privatización de YPF en 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, en la cual se negociaban los papeles extranjeros en los EEUU en la Bolsa de Nueva York. Se trataba nada menos que del modo de adquisición posterior de porciones de control de la empresa YPF. Ello no fue tenido en cuenta por los autores de la iniciativa ni por quienes la avalaron, incluido el entonces presidente de YPF, Miguel Galuccio, próspero empresario petrolero.
Este negociado debería obligar a los actuales legisladores y gobiernos federal y provinciales a evaluar semejante decisión, que conducirá al país a pagar entre US$ 8.000 y hasta US$ 20.000 millones. La totalidad de los responsables de ese dislate, deberían ser identificados y sancionados.
Se necesitaría una comisión investigadora que saque a la luz todas las responsabilidades. De lo contrario, no habrá justicia y el país deberá pagar, ineludiblemente, a Burford Capital Limited y a su mega bufette de Nueva York este error (a sabiendas) del gobierno federal y el parlamento argentino que desembocó, previsiblemente, en el fallo de la jueza Loretta Preska.