La Ley 8097, que establece un régimen de responsabilidad penal juvenil, fue prorrogada hasta el 5 de setiembre de este año y en el Senado se analizan las modificaciones que se incorporarán para que entre en vigencia.
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La Ley 8097, que establece un régimen de responsabilidad penal juvenil, fue prorrogada hasta el 5 de setiembre de este año y en el Senado se analizan las modificaciones que se incorporarán para que entre en vigencia.
Funcionarios de la Defensoría Nacional de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes aportaron sugerencias destinadas a adecuar el régimen a la legislación nacional e internacional con el fin de garantizar los derechos de estas franjas.
Del encuentro participaron el prosecretario del Senado, Pedro Liverato, el defensor sdjunto, Facundo Hernández, la directora de Litigios Estratégicos, Clarisa Adem, la abogada Jimena Núñez, de la Dirección de Litigios, y los asesores de la Cámara Alta, Eduardo Skaf, Marcos Piorno y Marcelo López.
Tras la prórroga otorgada para la puesta en vigencia del régimen, una comisión especial de los tres poderes trabaja para proponer las adecuaciones y un plan progresivo de implementación, contemplando los órganos que intervienen en el proceso penal y los dispositivos y herramientas que se requieren para la atención de las necesidades de NNyA en conflicto con la ley penal.
En la actualidad se encuentra en el Senado un proyecto de ley de modificación de los artículos 4°, 5°,8° y 19°, más la incorporación de un artículo 19° bis, que ya tiene media sanción de Diputados y propone juzgados penales juveniles y de garantías, dotar de competencia en materia de responsabilidad penal para NNyA a los cargos de defensores oficiales y crear cuatro cargos de fiscal penal juvenil en los distritos judiciales.
En la reunión, representantes del organismo nacional pidieron tener en cuenta la necesidad de exclusión de la intervención de los juzgados penales juveniles respecto de niñas y niños no punibles, como también la no privación de libertad y la importancia de eliminar el registro de antecedentes penales para este grupo etario.
Se reafirmó que en el caso de los menores de 16 años no debería intervenir la Justicia Penal sino la autoridad administrativa de protección de derechos, no cabiendo privación de libertad para estos niños y niñas. En este sentido se hizo notar que se presentó un hábeas Corpus al haber detectado que en distintos lugares del país existen menores de 16 años privados de su libertad. En el caso de Salta dijeron que son 7 en esta situación y 3 en Jujuy.