Desde la madrugada del sábado último, cuando seis peligrosos delincuentes se fugaron de la comisaría 5 de Aguaray tras abrir un boquete en la pared de la precaria celda que ocupaban, las condiciones de detención en dependencias policiales volvieron a desatar interrogantes.
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Desde la madrugada del sábado último, cuando seis peligrosos delincuentes se fugaron de la comisaría 5 de Aguaray tras abrir un boquete en la pared de la precaria celda que ocupaban, las condiciones de detención en dependencias policiales volvieron a desatar interrogantes.
Ayer, mientras se confirmaba que solo dos permanecen prófugos, ya que cuatro fueron recapturados en los últimos días, uno de ellos en Salvador Mazza y otros tres en Bolivia, se conoció un informe sobre inspecciones que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) llevó adelante en unidades carcelarias, alcaidías y comisarías de Salta, Orán, Tartagal y otras ciudades de la provincia meses atrás.
Para esas inspecciones fueron comisionados Diana Conti, Rocío Alconada Alfonsín, Andrea Triolo, Alejandra Mumbach y Gustavo Palmieri, en septiembre de 2022, junto a un equipo técnico interdisciplinario integrado por 11 especialistas.
El CNPT corrió vista del informe final a autoridades de los tres poderes de la Provincia el pasado 24 de mayo, pero su contenido acaba de conocerse por el período de reserva que rige para descargos y rectificaciones.
En el primer punto del informe el CNPT agradeció "la predisposición de las autoridades, instituciones y organizaciones" con la que contaron sus comisionados en la provincia para la realización de las reuniones, las entrevistas a personas privadas de libertad y el acceso a la información solicitada.
El comité destacó que Salta cuenta con un Sistema Provincial para la Prevención de la Tortura creado por Ley 7733 en 2012, pero cuya efectiva constitución y puesta en funcionamiento se logró en febrero último. Remarcó que el sistema provincial tiene una activa participación tanto en monitoreos preventivos e intervenciones específicas, como en las actividades del CNPT y del Consejo Federal de Mecanismos Locales.
Tras recordar que por Ley 8024 se dispuso la independencia funcional y autarquía financiera del mecanismo local, el CNPT hizo notar que, "desde su puesta en funcionamiento, el comité local enfrenta serios problemas presupuestarios que dificultan el pleno ejercicio de sus funciones", por lo que instó a las autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo a "dotar al Comité Provincial de Prevención de la Tortura de los recursos presupuestarios necesarios para el cumplimiento de sus fines".
En la provincia de Salta la delegación comisionada por el CNPT registró 80 lugares de detención por motivos penales: 8 unidades carcelarias, 1 granja penal, 3 alcaidías penitenciarias y 68 dependencias policiales (comisarías, subcomisarías y otras dependencias policiales). Las diferentes acciones que se llevaron adelante como parte del trabajo arrojaron la existencia de un total de 4.640 personas alojadas en los establecimientos relevados: 747 en comisarías, 1.081 en alcaidías y 2.812 en unidades penales.
"Las principales problemáticas se observaron en comisarías y alcaidías, donde los plazos exceden lo previsto y las condiciones materiales y el régimen de vida vulneran los derechos de las personas privadas de libertad. Algo similar pudo observarse en las unidades penales, donde además se constataron prácticas de aislamiento excesivo", señala el informe.
Al respecto, se recordó que en julio de 2022 se declaró la emergencia en materia penitenciaria en Salta y se creó una comisión para promover soluciones de infraestructuras, mejoras en las condiciones de privación de la libertad y medidas alternativas a esta, especialmente para grupos vulnerables.
Ya en ese momento, en los considerandos de la resolución 651 del Ministerio de Seguridad y Justicia se advertía que "la capacidad operativa del alojamiento de las unidades carcelarias provinciales se ha visto superada por una sobrepoblación superior al 42,31%, ocasionando la peligrosa situación de utilización de dependencias policiales para el alojamiento permanente de internos procesados y condenados, lugares inadecuados por carecer de un sistema propio de los sitios de detención.
Con respecto a las condiciones de detención en dependencias policiales, el CNPT detalló que "las situaciones más apremiantes se observan en la subcomisaría 9 de Julio; destacamento Antillas; la subcomisaría El Dorado; subcomisaría El Quebrachal; comisaría Nº 43; comisarías Nº 51, 40, 22, 20, 30, 25, 45, y el destacamento Río Piedras".
"Conforme pudo observarse en contexto de la visita, la definición de su cupo se realiza por medio de resoluciones administrativas en base a cantidad de camas (y/o colchones) y no de acuerdo con los estándares de este comité", puntualizó el CNPT.
Hay presos con 2 años en una comisaría
En el informe se remarcó que "el 92% de la población se encuentra procesada (605) y suelen permanecer allí por plazos que pueden prolongarse entre una semana y dos años. El mayor porcentaje de casos suele alojarse de 1 a 3 meses; bajo esta condición se encuentra el 27,44% (166) de la población y solo el 3,31% (20) suele permanecer allí entre 8 y 15 días", detalló el CNPT. Agregó que, sin bien la situación en general es motivo de preocupación, "alarma la situación de las personas que permanecen allí desde hace más de dos años (1,98%)".
Conforme a la caracterización de las personas privadas de la libertad, se indicó que el 97,3% (727) son varones, frente a 2,7% (20) de mujeres. "No fueron reportadas personas trans, no binarias o de géneros diversos, a pesar de advertirse la presencia de este colectivo en el marco de la visita", recalcaron los comisionados del Comité.
Respecto de las conductas penales por las que las personas se encuentran privadas de libertad, se observó que los delitos con mayor mención son contra la propiedad (294). En el caso de las mujeres el delito con mayor mención es la infracción a la Ley 23.737 (de tenencia y tráfico de estupefacientes), "lo que va en sintonía con la sanción en 2013 de la Ley 7.782, a través de la cual la Provincia asumió la competencia en materia de investigación de los delitos de venta y consumo de estupefacientes de menor cuantía", reseñó el Comité, tras afirmar que "esta situación es alarmante".