Por Gabriela Gaspar (exsubsecretaria de la Mujer. Municipalidad de Salta)
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Por Gabriela Gaspar (exsubsecretaria de la Mujer. Municipalidad de Salta)
Cada 8 de marzo conmemoramos "el día internacional de la mujer trabajadora", sin embargo, muy poco se profundiza sobre las razones de fijar una fecha específica para visibilizar la conquista de derechos que sigue siendo materia pendiente para quienes representamos más de la mitad de la población mundial.
Cada derecho representa la cara de una moneda, siendo su contracara la obligación del Estado (nacional, provincial y/o municipal) de garantizar el efectivo ejercicio del mismo, ya sea civil, político, económico o social.
En nuestro tiempo, la ausencia de políticas publicas con perspectiva de género, por parte de los gobiernos vigentes y la amenaza de desfinanciamientos, desmantelamientos y desjerarquización de áreas y programas específicos que trabajan en pos de una igualdad real de oportunidades, menoscaban el derecho esencial de toda mujer a: "Vivir una Vida Libre de Violencias".
Hay ausencia de un plan de acción del Estado para erradicar estereotipos machistas que atentan contra el ejercicio de derechos para las mujeres, lo que nos coloca en la condición de ciudadanas de segunda.
En el ámbito de la Justicia las mujeres enfrentan graves obstáculos para acceder a la misma. La existencia y la persistencia de estereotipos y roles de género en perjuicio de las mujeres, impiden y obstaculizan la implementación del marco jurídico nacional e internacional vigente para garantizar efectivamente derechos.
Desde el año 2015, la Corte Suprema de Justicia de la Nación elabora un registro de datos estadísticos de las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres.
Pero ello no es suficiente; visibilizar el nivel de riesgo en que nos encontramos las mujeres es el paso inicial desde donde se debe proceder a la elaboración de un plan de acción para revertir la realidad por la que atravesamos y no tan solo limitarnos a generar estadísticas que se traducen en números fríos que se recuerdan cada 8 de marzo o 25 de noviembre sin tomar decisiones concretas. Y peor aún, cuando intentamos conocer sobre nuestra situación real en Salta a través del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres donde nos encontramos con que dicha información pública "no se encuentra disponible" o "en proceso de elaboración".
Desde el Ejecutivo, los bajos salarios y la precarización laboral de quienes conforman los Programas de Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, atentan contra el principio de la "debida diligencia" al momento en que se requiere su intervención inmediata y territorial. Siendo las mujeres de las zonas rurales y sin acceso a sistemas de salud y justicia cercanas a sus parajes y/o comunidades, quienes se ven imposibilitadas de acceder a la garantía efectiva de sus derechos.
La crisis económica por la que atravesamos, no deja de ser ajena también a la realidad de las mujeres quienes día a día sienten como se profundiza: "La brecha salarial", sobre todo en el sector informal donde se desempeñan en mayor medida. Lo vemos a diario, en las ferias barriales, las ventas ambulantes, y el servicio doméstico, desde el personal que nos atiende en los pequeños comercios hasta la economía de subsistencia. Las mujeres ocupan empleos informales que a menudo quedan fuera del ámbito de la legislación laboral, lo que las atrapa en entornos de trabajo mal pagos y sin prestaciones sociales.
Son las mujeres también las que realizan diariamente tres horas más de trabajo de cuidados que los hombres a nivel mundial. Es decir, las tareas domésticas como cocinar, limpiar, cuidar de niñas y niños y adultos mayores con quienes se convive.
A ello se suma la maternidad que agrava la desigualdad salarial, incluso a medida que aumenta el número de hijos. Donde las mujeres ven disminuidos sus ingresos ante la reducción del tiempo en el trabajo remunerado, y donde debe acudir a empleos o puestos de trabajo que les permita conciliar el trabajo remunerado con el no pago. Y aquí nos cabe el interrogante: ¿los empleadores asumen un compromiso de garantizar una vida libre de violencias?, adecuamos los espacios físicos para acompañar a las mujeres frente a las tareas de cuidado que recae sobre ellas? ¿Cuántas salas de lactancia materna o espacios maternales o de las infancias se habilitan para tal fin? O ¿se adecuan con la jornada laboral preestablecida para empleadas del estado como del sector privado?
Los roles de género tradicionales también acentúan las desigualdades en detrimento de las mujeres, sobre quienes recaen constantemente las tareas de cuidado. Y vuelve a plantearse nuevamente la necesidad de cumplimiento de una "obligación": la de romper con los estereotipos de género. O acaso las licencias por maternidad/ paternidad no son un derecho? Su ejercicio pleno, tanto para mujeres y varones dentro de una dinámica familiar, contribuye a fortalecer la crianza y el cuidado compartido.
Para acabar con ello se necesita un conjunto de medidas que impulsen el trabajo decente para todas las personas. Entre ellas, medidas que promuevan la formalización de la economía informal, proporcionen una protección jurídica y efectiva a las trabajadoras informales y se brinden herramientas reales de inserción laboral que no se limiten tan sólo a capacitaciones y talleres masivos con poco contenido de formación que no garantiza la posibilidad de ejercer libremente el derecho a trabajar.
Este 8 de marzo me lleva a reflexionar sobre:
La efectiva implementación del presupuesto con perspectiva de género y transversalización de políticas de género en todas las áreas del Estado, tanto a nivel nacional, provincial y municipal que identifiquen las partidas en todas las administraciones.
Protección integral y efectiva desde una perspectiva de género para la mujeres en situación de violencia (acompañamiento legal, psicológico, y social e inserción laboral, entre otras herramientas).
Efectiva implementación a nivel nacional del "Sistema Único de Registro de Denuncias de Violencia de Género (URGE)". Este sistema unifica la totalidad de denuncias por violencia de género formuladas en dependencias policiales, protocoliza la actuación policial en su carácter de auxiliares de justicia, y determina el riesgo en que se encuentre la persona denunciante.
Configuración de un sistema de indicadores de género que unifique las estadísticas oficiales, reforzando el rol del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos).
Creación de Fueros Especializados en Violencia de Género en el ámbito de la Justicia, con la consiguiente creación de juzgados específicos en todas las jurisdicciones del país y sistema de turnos las 24hs.
Inclusión de la "Licencia por violencia de género" en la Ley de Contrato de trabajo y Convenios Colectivos de Trabajo. Licencia por violencia de género en todos los ámbitos laborales, no menos a 20 días anuales.
Ampliación a nivel nacional de la red de "Centros educativos y de cuidado para la primera infancia".
Efectiva implementación de la Ley Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), en todos los niveles de educación nacional con la debida incorporación de la temática de violencia sexista. (Ley 26.510- 2006)
Efectiva implementación de la Ley "Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo" (Ley 27610- 2021).
Demandas colectivas que son manifestadas y puestas en agenda por distintas organizaciones de la Sociedad Civil, entre ellas La Casa del Encuentro. "Porque nuestras construcciones como reclamos fueron, son y serán colectivos." Y el derecho se construye día a día, siendo el reflejo de la sociedad que queremos".