El preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional representa un paso decisivo para comenzar a normalizar las relaciones de nuestro país con todos los organismos internacionales. Es un primer avance que, a simple vista, podría haber sido alcanzado hace no menos de un año y medio de no haber sido por la resistencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su corriente de militantes radicalizados. Al fin y al cabo, lo expresado el viernes muestra la buena voluntad de ambas partes para establecer un cronograma de pagos, que incluye diez revisiones trimestrales, tras las cuales el FMI hará nuevos desembolsos compensando pagos anteriores. Es decir que, a priori, no habrá ninguna situación que estrangule el desarrollo económico.
inicia sesión o regístrate.
El preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional representa un paso decisivo para comenzar a normalizar las relaciones de nuestro país con todos los organismos internacionales. Es un primer avance que, a simple vista, podría haber sido alcanzado hace no menos de un año y medio de no haber sido por la resistencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su corriente de militantes radicalizados. Al fin y al cabo, lo expresado el viernes muestra la buena voluntad de ambas partes para establecer un cronograma de pagos, que incluye diez revisiones trimestrales, tras las cuales el FMI hará nuevos desembolsos compensando pagos anteriores. Es decir que, a priori, no habrá ninguna situación que estrangule el desarrollo económico.
Lo que el FMI exige, como contrapartida, es una economía ordenada, sin déficit, y con gastos orientados a la contención social y a la generación de infraestructura productiva. Sin crecimiento económico, este acuerdo volverá a repetir tradicionales distorsiones, porque no se podrá cumplir y necesitará permanentes refinanciaciones.
Esta exigencia, en nada se contradice con las necesidades de los argentinos. Porque, al margen del organismo internacional, es evidente que el país carece de un plan de desarrollo humano que le permita salir de la actual decadencia social. El país necesita plantearse objetivos productivos, educativos, laborales y tecnológicos a largo plazo, y definir como los alcanzará y qué recursos deberá generar para lograrlo.
El ministro Martín Guzmán afirmó que no habrá "ajuste" sobre los jubilados y los trabajadores. Lo cierto es que ese ajuste ya lo están haciendo con inflación, congelando salarios y aumentando los niveles de subempleo o cuentapropismo precario.
El compromiso de reducir los subsidios a las tarifas genera un serio problema interno. No solo no hay un plan, sino que tampoco hay una homogeneidad interna en el gobierno. El secretario y el subsecretario de Energía responden a Cristina Kirchner y no reconocen la autoridad del presidente Alberto Fernández ni de los ministros Guzmán y Matías Kulfas. Lo mismo va a ocurrir con cualquier gasto destinado a hacer política con fondos del Estado.
En el concepto político prevaleciente en muchos sectores políticos de la Argentina, la construcción de una sociedad igualitaria y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores debe hacerse distribuyendo los recursos del Estado que provienen de los impuestos. Así se explica la doble espiral, inflacionaria y tributaria, que ha generado un país dependiente de los ingresos que genera el campo y que ahora se ilusiona con los que produzca el litio o las petroleras privilegiadas; en tanto, la estructura fabril y el funcionamiento atávico de las organizaciones sindicales exhibe una economía estancada en la primera revolución industrial, cuando el mundo transita por la cuarta.
No es cierto que la economía argentina esté en la senda del crecimiento. Desde hace más de una década nuestra economía está estancada y la sociedad, empobrecida.
Déficit, deuda e inflación son fenómenos correlativos.
El FMI sostiene que la consolidación fiscal argentina debe ser la clave política del acuerdo, porque mejoraría las finanzas públicas, frenaría la emisión y reduciría el financiamiento monetario. Plantea la necesidad de enfrentar "la alta y persistente inflación" y de aplicar "tasas de interés reales positivas para respaldar el financiamiento interno".
En definitiva, el FMI, que también necesita evitar que Argentina caiga en default, propone una salida que solo será viable con un liderazgo firme. Porque además de inflación y déficit, la Argentina ofrece nulos estímulos a la inversión productiva.
Y esos estímulos solo se podrán alcanzar con un plan económico inteligente, que no va a incluir "sangre, sudor y lágrimas" porque es imposible; en ese punto estamos al límite. Lo que va a exigir es transparencia en todos los niveles de la administración pública, preservar la independencia de los poderes y erradicar los negocios realizados desde la política en beneficio de los funcionarios. Esa es la condición que pone el FMI, pero es también la que señalan los principios más elementales de la gestión pública. Y la que reclama, en forma perentoria, una sociedad con más del 40% de pobreza.