El atentado con una granada de uso militar contra la familia de un suboficial de la Policía Federal, José Ariel Camacho, en Salvador Mazza, es un síntoma del crecimiento de la criminalidad compleja en el área de frontera de la provincia.
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El atentado con una granada de uso militar contra la familia de un suboficial de la Policía Federal, José Ariel Camacho, en Salvador Mazza, es un síntoma del crecimiento de la criminalidad compleja en el área de frontera de la provincia.
Toda la frontera norte del país, limítrofe con Bolivia, Brasil y Paraguay, se va tornando progresivamente vulnerable. Por una parte, porque se trata de un territorio muy extenso a través del cual circulan las bandas del crimen organizado, involucradas en el tráfico de estupefacientes, trata de personas y contrabando. En Ciudad del Este, pesa cada vez más la presencia de organizaciones vinculadas, además, al terrorismo. En Salta, como en Jujuy y Formosa, las bandas delictivas tienen otras características. La permeabilidad de las fronteras facilita el traslado de sicarios como los que atentaron en la madrugada del lunes contra la familia del policía Camacho. Del mismo modo, en la última década, se han repetidos sonoros casos de ejecuciones por ajuste de cuentas. Aunque estamos muy lejos de los niveles de criminalidad de Rosario de Santa Fe, los casos de sicariato vinculados especialmente al tráfico de drogas y al contrabando se han producido, incluso, en Salta capital.
El Estado debe prestar especial atención al estado de emergencia de nuestro Norte salteño. En Orán fue necesario crear una División Policial de Protección y Custodia del Sistema Judicial para reforzar la seguridad de e jueces, fiscales, abogados, empleados y público en general en las instalaciones del ámbito judicial.
Fue a instancias del Ministerio Público Fiscal, luego de inspeccionar el teléfono de Gabriel "Gringo" Palavecino, detenido hace un mes en la ciudad de Orán y considerado uno de los más peligrosos delincuentes de Salta.
Involucrado en dos casos de sicariatos cometidos en 2017 y en un asalto, en diciembre pasado, contra la empresa Abra del Sol. La investigación de ese episodio detectó en los teléfonos celulares secuestrados 1.400 fotografías entre las que aparecen imágenes de la sede fiscal y del CIF, casas particulares y vehículos. Además, los audios revelan diálogos comprometedores entre Palavecino y sus cómplices. El Ministerio Público considera que la banda venía llevando a cabo un trabajo de espionaje contra jueces y fiscales de la provincia.
Con estos antecedentes, resultó sorprendente que el juez Francisco Oyarzú pidiera informes a fin de evaluar la viabilidad técnica de implementar un sistema de vigilancia monitoreado para Palavecino, con el objetivo de reemplazar su detención por un eventual arresto domiciliario; lo que fue rechazado de inmediato por la fiscalía.
Esta organización criminal no es comparable con las que operan en Rosario, San Pablo o Río de Janeiro. Sin embargo, este precario nivel de planificación mafiosa no deja de ser un fuerte llamado de atención. La Argentina no debe bajar la guardia. Lo que se llama técnicamente "crimen organizado" se caracteriza por la capacidad para generar poder y controlar territorios a los que el Estado no llega con eficacia. En los grandes centros delictivos, los criminales construyen lazos con funcionarios, magistrados, fiscales, empresarios y miembros de las fuerzas de seguridad, lo cual les facilita la impunidad y el blanqueo del botín.
Desde hace 25 años, la afectación de la Gendarmería a la seguridad en el Conurbano desguarneció la frontera salteña. Al mismo tiempo, la breve experiencia desarrollada nuestra provincia durante la presidencia de Cristina Kirchner, demostró la eficacia del Ejército en la asistencia del control de las fronteras. Enfrentar y prevenir al crimen organizado es una cuestión de seguridad, que corresponde a la policía, pero también una acción en defensa de la soberanía del Estado. Y las Fuerzas Armadas están facultadas para colaborar en tareas de Inteligencia.
Por sobre todo, el Estado tiene el deber constitucional de asegurar la paz interior, frente a la cual el crimen organizado es una grave y creciente amenaza.