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En su comunicado oficial, la Oficina del Presidente definió a la organización como "una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países". El texto precisó que la decisión implica que sus miembros y aliados queden sujetos a sanciones financieras y restricciones operativas.
El Gobierno fundamentó la medida en la responsabilidad que le atribuye a esta formación militar por los atentados perpetrados en la Argentina durante la década de 1990. El comunicado recordó que el país "fue víctima de sus operaciones" a través de los ataques contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la AMIA, en 1994. También señaló que Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, está implicado en el atentado contra la AMIA y pesa sobre él una alerta roja de Interpol.
En otro tramo del texto, la Presidencia subrayó: "Este Gobierno tiene la convicción de cambiar el rumbo de las últimas décadas y alinearse con la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y de sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes buscan destruirla".