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La investigación judicial sobre el choque de trenes que dejó un saldo de 45 víctimas fatales en Adamuz, España, avanza con la confirmación de que el siniestro fue provocado por un defecto estructural en la vía y no por errores operativos.
El periodista Ramón Pérez Maura denunció una contradicción directa entre las afirmaciones del Ministerio de Transportes y el estado real de los materiales, señalando que el tramo del accidente no había sido actualizado desde 1992, pese a las promesas de una inversión de 750 millones de euros.
"Sabemos que la vía es la misma de 1992", sostuvo el comunicador, quien subrayó la gravedad de que las vibraciones reportadas previamente por los usuarios fueran desestimadas por las autoridades.
La falta de mantenimiento por parte de ADIF, la empresa estatal responsable, quedó en evidencia al revelarse que el carril afectado no fue inspeccionado en los 58 días previos a la tragedia.
No se activaron las alarmas automáticas
Pérez Maura resaltó que, ante un desprendimiento de un tramo de vía de 35 centímetros, los sistemas de seguridad fallaron al no activar las alarmas automáticas.
"Lo que no puede ocurrir es que se haya roto un tramo de la vía y que no haya saltado una alarma que haya parado todos los trenes", sentenció.
La falta de coordinación fue tal que los equipos de emergencia no supieron de la existencia de un segundo tren accidentado hasta que los propios pasajeros caminaron 800 metros para pedir auxilio.
La crisis de confianza afecta actualmente a todo el sistema de alta velocidad español, con servicios hacia Andalucía interrumpidos y pasajeros que expresan temor ante las vibraciones extremas en otros trayectos.
Según el periodista, la estabilidad de los trenes en España dista mucho de los estándares internacionales.
En un comunicado dado a conocer ayer, la multinacional siderúrgica ArcelorMittal, fabricante de la vía rota en el accidente ferroviario, consideró "fundamental" que se permita que la investigación independiente se lleve a cabo al margen de especulaciones, "que no ayudarían a las personas afectadas ni a la integridad del proceso".