Las abogadas y abogados querellantes por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy durante la última dictadura cívico militar desconocían este hecho: documentación allanada de comisarías correspondiente a la época de la dictadura; y plantearon la preocupación e irregularidad ya que debía haberse remitido a los fueros federales donde se investigan los delitos de lesa humanidad.
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Las abogadas y abogados querellantes por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la provincia de Jujuy durante la última dictadura cívico militar desconocían este hecho: documentación allanada de comisarías correspondiente a la época de la dictadura; y plantearon la preocupación e irregularidad ya que debía haberse remitido a los fueros federales donde se investigan los delitos de lesa humanidad.
La documentación en cuestión fue de 1976, 1977 y 1978 entre otras, contenidas en los libros de guardia de las Comisarías de Calilegua y de Libertador General San Martín, en el barrio Ledesma; esta última en adyacencia del Ingenio homónimo.
La querella planteó una grave irregularidad, un ocultamiento de pruebas de suma importancia para el esclarecimiento de los hechos que se investigan. Circunstancia que cobró trascendencia, tras la inspección ocular realizada por el juez federal Luis Poviña, el fiscal ad hoc Pablo Pelazzo y querellantes.
Orden de inspección que se cumplió en las seccionales de la Policía de la Provincia: Nº 41 de Calilegua, la Nº 11 de Libertador General San Martín y la Nº 24 en barrio Ledesma. Además del destacamento de Gendarmería, que colinda con esta última.
En esa oportunidad se enteraron que en agosto de este año, por una denuncia del fiscal de Estado Alberto Matuk, se ordenó en el marco del expediente 2.093/12, el secuestro de varios libros con registros correspondientes a los años 1976/77 y 78 de la Seccional 24 del barrio Ledesma. También se secuestró otro libro con registros que datan de los años 1970 a 1995 de la Comisaría de Calilegua; explicó el abogado querellante Ariel Ruarte.
“La querella se mostró preocupada, ante la irregularidad, ya que es una documentación policial relacionada con lugares de detención de víctimas de la Noche del Apagón y podrían estar registradas detenciones de numerosas víctimas. Muchas de las cuales se encuentran hasta el día de hoy desaparecidas en el contexto del terrorismo de estado practicado por la dictadura cívico militar”.