Tras una resolución emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, en la tarde de ayer quedó suspendida la audiencia pública para el debate de la adecuación de la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros en el ejido capitalino. Esta medida fue aprobada tras la presentación de un amparo judicial, el cual solicitaba la suspensión del encuentro público debido a que el lugar de realización no garantizaba las condiciones de espacio necesarias para tal fin. Al cierre de esta edición los presentes firmaron un acta mediante la cual el Concejo Deliberante se comprometió a no autorizar un aumento hasta tanto se realice la audiencia pública pertinente. Y el martes se fijaría la nueva fecha.
Tal como se había previsto, en la tarde de ayer un nutrido grupo de vecinos, miembros de organizaciones sociales, vecinalistas y militantes de distintos sectores políticos, se dieron cita en el Concejo Deliberante capitalino para participar de la audiencia pública convocada para el tratamiento del aumento tarifario del servicio de transporte urbano de pasajeros, muchos de los cuales arribaron al lugar para participar como oradores y otros simplemente para escuchar las propuestas. Pero la desilusion fue notable tras conocerse la suspensión del encuentro, medida que fue dispuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo, tras un amparo presentado por Néstor Ruarte, con el patrocinio de los letrados Darío Vega y Manuel Alejandro Aguilera. Dicho recurso solicitaba la suspensión de la audiencia pública por considerar que el lugar no era idóneo para la concreción del encuentro y por lo tanto no se veía garantizada la seguridad; a raíz de esto se requería la postergación de la misma y su realización en un espacio adecuado atendiendo a la gran cantidad de oradores (que superaba los 400) y demás participantes.
Tras anunciarse la noticia en el recinto, los presentes requirieron al presidente del Deliberante, Carlos Sadir, que se fije una fecha, hora y lugar para la realización de la audiencia pública por temor a que se decrete una suba sin antes escuchar las opiniones y sugerencias de los vecinos, principales consumidores del servicio.
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Tras una resolución emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo, en la tarde de ayer quedó suspendida la audiencia pública para el debate de la adecuación de la tarifa del servicio de transporte urbano de pasajeros en el ejido capitalino. Esta medida fue aprobada tras la presentación de un amparo judicial, el cual solicitaba la suspensión del encuentro público debido a que el lugar de realización no garantizaba las condiciones de espacio necesarias para tal fin. Al cierre de esta edición los presentes firmaron un acta mediante la cual el Concejo Deliberante se comprometió a no autorizar un aumento hasta tanto se realice la audiencia pública pertinente. Y el martes se fijaría la nueva fecha.
Tal como se había previsto, en la tarde de ayer un nutrido grupo de vecinos, miembros de organizaciones sociales, vecinalistas y militantes de distintos sectores políticos, se dieron cita en el Concejo Deliberante capitalino para participar de la audiencia pública convocada para el tratamiento del aumento tarifario del servicio de transporte urbano de pasajeros, muchos de los cuales arribaron al lugar para participar como oradores y otros simplemente para escuchar las propuestas. Pero la desilusion fue notable tras conocerse la suspensión del encuentro, medida que fue dispuesta por el Tribunal Contencioso Administrativo, tras un amparo presentado por Néstor Ruarte, con el patrocinio de los letrados Darío Vega y Manuel Alejandro Aguilera. Dicho recurso solicitaba la suspensión de la audiencia pública por considerar que el lugar no era idóneo para la concreción del encuentro y por lo tanto no se veía garantizada la seguridad; a raíz de esto se requería la postergación de la misma y su realización en un espacio adecuado atendiendo a la gran cantidad de oradores (que superaba los 400) y demás participantes.
Tras anunciarse la noticia en el recinto, los presentes requirieron al presidente del Deliberante, Carlos Sadir, que se fije una fecha, hora y lugar para la realización de la audiencia pública por temor a que se decrete una suba sin antes escuchar las opiniones y sugerencias de los vecinos, principales consumidores del servicio.