Tras los hechos ocurridos durante la primera sesión especial del Deliberante quiaqueño, donde el concejal Miguel Tito se habría visto impedido de prestar juramento debido a acusaciones vertidas en su contra que indicarían que posee denuncias judiciales, el edil desmintió la situación y aseguró que se trató de un “hecho de salvajismo” con el fin de “evitar que se sesione”.
inicia sesión o regístrate.
Tras los hechos ocurridos durante la primera sesión especial del Deliberante quiaqueño, donde el concejal Miguel Tito se habría visto impedido de prestar juramento debido a acusaciones vertidas en su contra que indicarían que posee denuncias judiciales, el edil desmintió la situación y aseguró que se trató de un “hecho de salvajismo” con el fin de “evitar que se sesione”.
Al respecto, Tito aseguró que lejos de poseer denuncias penales en su contra, más bien serían el intendente y la concejal Gutiérrez los que cargan con causas judiciales. “En mis tres gestiones como intendente de La Quiaca, como diputado provincial y en mis dos gestiones como concejal no tengo ninguna denuncia penal ni en mi vida pública ni privada, más bien por el contrario la concejal Gutiérrez y el intendente son los que poseen denuncias en su contra y por diversas causas”, advirtió.
Explicó que lo que pasó en el Concejo Deliberante fue “una situación de salvajismo, en primer lugar porque se dejó entrar a la barra brava del intendente al recinto y después porque la presidente le concede la palabra a una persona de esa barra brava que dice que hay diez denuncias en mi contra y a raíz de eso se me impide jurar, lo cual es algo totalmente impensado”.
Denunció que “esto no es otra cosa que la desesperación del intendente de querer tapar los actos de corrupción que existen en una gestión cuasi mafiosa, y para ello busca impedir que se realice con normalidad el trabajo parlamentario”.
A raíz de lo ocurrido, Tito indicó que presentará una nota al Superior Tribunal de Justicia adjuntando el acta de la sesión especial para comunicarle que no se pudo sesionar debido a esta “anormalidad” y que le peticionarán que envíe un veedor judicial para fiscalizar que las sesiones se desarrollen con normalidad, en un marco de legalidad.