El ciclo de amenazas, agresiones y muertes en contra de los periodistas, lejos de amainar, parece ir en aumento, advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en las conclusiones de la 74ª Asamblea General concretada en Salta. Mencionó que en lo que va del año, treinta periodistas fueron asesinados en la región, veinte de ellos desde la última reunión en abril, en el que quizá sea el semestre más letal para el desarrollo de la actividad periodística en las Américas.
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El ciclo de amenazas, agresiones y muertes en contra de los periodistas, lejos de amainar, parece ir en aumento, advirtió la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en las conclusiones de la 74ª Asamblea General concretada en Salta. Mencionó que en lo que va del año, treinta periodistas fueron asesinados en la región, veinte de ellos desde la última reunión en abril, en el que quizá sea el semestre más letal para el desarrollo de la actividad periodística en las Américas.
Ocho profesionales fueron muertos en México, siete de Estados Unidos, dos en Brasil, dos en Colombia y uno en Nicaragua. "Todos ellos eran profesionales jóvenes que desarrollaban tareas de gran valor para sus respectivas comunidades, pero que no resultaban gratas para algunos que comenzaron a hostigarlos, amenazarlos y agredirlos, hasta que los eliminaron físicamente", denunció. También puso de relieve que los insultos contra la prensa y los periodistas que, en ocasiones toman el carácter de verdaderas campañas de difamación, se han multiplicado en diversos países, siendo particularmente grave el caso de naciones donde quien insulta o ataca a la prensa es una autoridad pública, como sucede en los Estados Unidos. Con estas acciones se busca impedir la libre actuación de los periodistas y de las amenazas han pasado a la agresión física. En ese marco, sostuvo que las policías no siempre reaccionan con la debida rapidez ni las autoridades se encargan de proteger a los periodistas.
Es más, "las investigaciones, tanto de las agresiones como de los crímenes, son ineficaces o inexistentes, lo que hace aún más serio el atentado a la libertad de prensa, pues los gravísimos ataques contra los periodistas quedan en la impunidad por años, hasta alcanzar la prescripción". Por otro lado, subrayó que en varios países, como Haití, Honduras y Puerto Rico, aún no se logra que se aprueben las leyes de acceso a la información, mientras que la distribución de la publicidad oficial continúa siendo arbitraria o confusa en países como Bolivia, Chile, Guatemala y Honduras. Asimismo expresó que existen numerosas iniciativas legales que de ser aprobadas dificultarían la tarea de la prensa y la libertad de expresión.
En la República Dominicana y Colombia se está procurando obligar a los periodistas a colegiarse; en Chile, en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y República Dominicana se encuentran en tramitación proyectos de leyes que introducirían distintas clases de obstáculos a la tarea de los periodistas. En Cuba, Venezuela y Nicaragua, la situación de la prensa independiente es desastrosa. Las carencias son de todo tipo, desde la falta de papel para imprimir, la incertidumbre respecto de la disponibilidad de energía eléctrica y la escasez de personal calificado, hasta la hostilidad de las autoridades de gobierno, el nulo acceso a las fuentes de información y las agresiones físicas a las que se exponen sus trabajadores. Todo ello hace casi imposible desarrollar actividades periodísticas. Pero aun en esas condiciones, pese a todos los obstáculos, subsisten medios de prensa independientes gracias a esfuerzos heroicos de sus propietarios, editores y periodistas, que hacen lo posible por mantener informada a la población, enfatizó.
A las limitaciones propias que ha enfrentado la prensa en nuestro continente y en el mundo, se sumaron otros dilemas como el vinculado con el derecho al olvido que, luego de ser reconocido como tal por un tribunal europeo, ha sido invocado en nuestra región. Mencionó que hasta el momento no existe una postura clara ni única, pero ha sido invocado por demandantes, aunque sin éxito, en Chile, en Puerto Rico y Argentina. En algunos países, como Chile, ya se han presentado proyectos de ley que buscan regular este supuesto derecho. Entre lo positivo, subrayó que la Presidencia de Ecuador manifestó su intención de reformar la ley orgánica de comunicación, promulgada por el gobierno anterior, "lo que haría más razonable las disposiciones sobre la comunicación social"; y la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el homicidio del periodista Nelson Carvajal, ocurrido hace 20 años, por la enorme dilación del caso, así como por no haber investigado las amenazas a sus familiares. El caso representa un triunfo para la prensa del continente, subrayó al recordar que la SIP llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2002. Al concluir aludió que se aprobó la Declaración de Salta que refleja la posición de la SIP frente al ecosistema digital y aborda la supresión de información, invocada como un pretendido derecho al olvido, señalando que atenta contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva.
La directora y gerente general de El País de Cali, Colombia, María Elvira Domínguez Lloreda, asumió en Salta la presidencia de la SIP.
La Declaración de Salta
Los derechos vinculados a las libertades de expresión y de prensa deben garantizarse por igual en el entorno digital y en el tradicional.
La legislación y las políticas públicas sobre internet deben estar dirigidas a garantizar que el espacio digital sea abierto, neutral, accesible para todos y apegado a los derechos humanos. Deben considerarse los puntos de vista de todos los actores al adoptar decisiones sobre internet.
Los gobiernos no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio. No deben penalizar la crítica, la información o la protesta en contra de los funcionarios públicos sobre asuntos de interés público o contra personas que voluntariamente se exponen al escrutinio de la sociedad. En caso de reclamos de carácter civil debe probarse que se actuó con real malicia. Toda restricción y sanción ulterior que afecte el derecho a difundir, compartir o divulgar información e ideas en internet debe ser establecida por ley, de acuerdo a las condiciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos.
El bloqueo y filtrado de contenidos por control estatal en el espacio digital constituye censura previa de acuerdo a lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Los Estados deben garantizar a quienes cumplen la función de informar un ambiente libre de violencia y amenazas en el espacio digital. Las agresiones deben ser investigadas con prontitud y sancionadas apropiadamente.
Las leyes deben garantizar el derecho a proteger la identidad de las fuentes confidenciales de los periodistas y deben permitir el uso de herramientas de encriptación o cifrado. También deben respetar el derecho de las personas al anonimato.
La supresión o desindexación de información sobre hechos de interés público atentan contra el derecho ciudadano a informarse y preservar la memoria colectiva. La protección de datos personales y a la privacidad de las personas son derechos fundamentales, pero no deben restringir ni limitar la circulación de información de interés público.
La diseminación maliciosa o deliberada de desinformación por parte de actores estatales o privados puede afectar la confianza pública. La desinformación no se debe combatir con mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital. Los intermediarios tecnológicos deben adoptar medidas de autorregulación para prevenir la diseminación deliberada de desinformación.
Los gobiernos no deben imponer responsabilidades legales a los actores del ecosistema digital por los contenidos de interés público generados o compartidos por terceros en sus plataformas.
Los actores del ecosistema digital deben lograr un balance adecuado entre la libertad de expresión, los derechos de autor y la propiedad intelectual, así como respecto a los beneficios que puedan generar los contenidos en dicho ecosistema. Los intermediarios tecnológicos deben comprometerse con el respeto y la promoción de la libertad de expresión y no deben ceder ante presiones de gobiernos u otros grupos de poder. Sus políticas y criterios que puedan restringir la circulación de contenidos deben ser claros y transparentes. Asimismo, deben adoptar buenas prácticas para resguardar los datos personales y la privacidad de las personas que utilizan sus plataformas y servicios.