Pese a la previsible suba del dólar paralelo y de la fuerte inflación que se habría registrado este mes, en la Casa Rosada se respiraba por estas horas un aire de cierta euforia tras la sanción de la ley de Emergencia Económica. Esa norma, que tanto debate causó en la sociedad por el ajuste sobre la clase media, fue aprobada sin protestas callejeras y con una oposición dividida en el Congreso nacional, lo que representó sin dudas una contundente demostración de poder.
Una alta fuente del Gobierno nacional destacó ayer a El Tribuno que “la buena recepción de los mercados con el aumento en las acciones” y también “el apoyo de empresarios y sindicalistas”, quienes anteayer le dieron un fuerte espaldarazo a Alberto Fernández antes de comenzar la renegociación de la deuda.
Llamativamente, los hombres de negocios parecen más cómodos con el supuesto populismo kirchnerista que con la apertura indiscriminada de la economía que planteó Mauricio Macri durante sus cuatro años en el sillón de Rivadavia.
Los actores financieros del país, siempre atentos a su propio beneficio, consideran que el endurecimiento del cepo le permitirá al Gobierno conservar dólares para hacer frente a las obligaciones con los acreedores, evitando así mayores fugas de divisas al exterior. Una parte de eso es verdad, aunque aún se desconocen los lineamientos concretos de la propuesta que hará el ministro Martín Guzmán para refinanciar los vencimientos de 2020. Se habla de que podría haber un impasse de pago de hasta cuatro años con quita de intereses, pero lo que no queda claro es si esa iniciativa será bien recibido por los tenedores de los bonos o si comenzarán a llover juicios contra el Estado como ocurrió con los fondos “buitre”.
El Gobierno sabe que no hay plan económico posible sino se consigue un alivio en el pago de la deuda, ya que el Palacio de Hacienda necesita de fondos frescos que hoy no tiene para reactivar la industria y el empleo en la Argentina. De no haber una reactivación económica en el corto plazo como algunos economistas están sugiriendo, eso podría afectar directamente a las expectativas de futuras inversiones, que hoy ya se ven poco tentadas a llegar al país tras la dura intervención estatal en el mercado cambiario.
Preocupado por la instalación en la opinión pública de que su gestión arrancó con un ajuste de seis mil millones de dólares, el jefe de Estado se encargó personalmente la última semana de salir al cruce de esas versiones, sobre todo en medios de comunicación a los que el kirchnerismo considera opositores. La estrategia comunicacional tiene dos aristas bien definidas: la primera es dejar en claro que los que menos tienen no son las víctimas de este recorte y la segunda demostrar que la guerra contra una parte del periodismo está lejos de estar en los planes de Alberto Fernández.
Un empresario muy importante del país se mostró ante este diario “esperanzado en un incremento del consumo”, aunque advirtió que “si eso no va acompañado con una baja lenta pero constante de la inflación, todo podría terminar cayendo en saco roto”. Hasta el momento, no se conoce cuál será la estrategia oficial para reducir paulatinamente la suba de precios, más allá del congelamiento de las tarifas por 180 días, ni tampoco cuál será la estimación anual inflacionaria para 2020.
Alberto Fernández, más allá de la crisis que padece el país y que siempre puede traer sorpresas, tiene elementos suficientes para esperanzarse con una gobernabilidad sin mayores inconvenientes, al menos para los primeros seis meses de su mandato. Esa situación tomaría forma gracias a la fuerte alianza con los movimientos sociales que militan en la calle y con los mandatarios provinciales que administran fondos públicos. Sin embargo, hay un dato que envalentona al oficialismo más que cualquier otro, y es el reacomodamiento de fichas en la conducción de Juntos por el Cambio.
“Una de las cosas que más tranquilos nos dejó fue confirmar que la oposición no tiene un liderazgo definido y que la figura de Mauricio Macri, el más duro de los detractores del Gobierno, pierde poder con el paso de los días”, aseguró un funcionario en un estricto off the record. En el debate parlamentario quedó evidenciado también que hasta el radicalismo tendrá dos posturas en relación al Ejecutivo, la dialoguista de los gobernadores y la férrea de los más cercanos al macrismo, cuyas caras más visibles son Gerardo Morales y Mario Negri respectivamente.
La política
Esta semana se generaron dos hechos polémicos dentro del Ministerio de Seguridad, conducido por Sabina Frederic, que le pueden traer más de un dolor de cabeza al Presidente. La primera sorprendió a buena parte del escenario político cuando puso en duda de que Hezbollah haya sido el autor del atentado a la Amia al afirmar que “es muy confuso saber qué pasó” en la causa. La Justicia, única encargada de investigar ese ataque, no tiene las mismas dudas que la funcionaria. En la comunidad judía admiten por lo bajo que “esas declaraciones no cayeron nada bien”. El segundo hecho controvertido fue cuando la ministra señaló que revisarán el peritaje de Gendarmería que indicó que Alberto Nisman fue asesinado. ¿Qué responsabilidad tiene un funcionario ejecutivo para entrometerse de esa manera en una causa judicial? Por supuesto que ninguna, ya que en Argentina rige la división de poderes. Ese desafortunado dicho le costó a la ministra el rechazo público, ni más ni menos, que de la esposa del exfiscal, quien se había mantenido el último tiempo en un silencio bastante marcado. Ambos sucesos representan “errores no forzados” de un Gobierno que necesita sumar la menor cantidad de enemigos.
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Pese a la previsible suba del dólar paralelo y de la fuerte inflación que se habría registrado este mes, en la Casa Rosada se respiraba por estas horas un aire de cierta euforia tras la sanción de la ley de Emergencia Económica. Esa norma, que tanto debate causó en la sociedad por el ajuste sobre la clase media, fue aprobada sin protestas callejeras y con una oposición dividida en el Congreso nacional, lo que representó sin dudas una contundente demostración de poder.
Una alta fuente del Gobierno nacional destacó ayer a El Tribuno que “la buena recepción de los mercados con el aumento en las acciones” y también “el apoyo de empresarios y sindicalistas”, quienes anteayer le dieron un fuerte espaldarazo a Alberto Fernández antes de comenzar la renegociación de la deuda.
Llamativamente, los hombres de negocios parecen más cómodos con el supuesto populismo kirchnerista que con la apertura indiscriminada de la economía que planteó Mauricio Macri durante sus cuatro años en el sillón de Rivadavia.
Los actores financieros del país, siempre atentos a su propio beneficio, consideran que el endurecimiento del cepo le permitirá al Gobierno conservar dólares para hacer frente a las obligaciones con los acreedores, evitando así mayores fugas de divisas al exterior. Una parte de eso es verdad, aunque aún se desconocen los lineamientos concretos de la propuesta que hará el ministro Martín Guzmán para refinanciar los vencimientos de 2020. Se habla de que podría haber un impasse de pago de hasta cuatro años con quita de intereses, pero lo que no queda claro es si esa iniciativa será bien recibido por los tenedores de los bonos o si comenzarán a llover juicios contra el Estado como ocurrió con los fondos “buitre”.
El Gobierno sabe que no hay plan económico posible sino se consigue un alivio en el pago de la deuda, ya que el Palacio de Hacienda necesita de fondos frescos que hoy no tiene para reactivar la industria y el empleo en la Argentina. De no haber una reactivación económica en el corto plazo como algunos economistas están sugiriendo, eso podría afectar directamente a las expectativas de futuras inversiones, que hoy ya se ven poco tentadas a llegar al país tras la dura intervención estatal en el mercado cambiario.
Preocupado por la instalación en la opinión pública de que su gestión arrancó con un ajuste de seis mil millones de dólares, el jefe de Estado se encargó personalmente la última semana de salir al cruce de esas versiones, sobre todo en medios de comunicación a los que el kirchnerismo considera opositores. La estrategia comunicacional tiene dos aristas bien definidas: la primera es dejar en claro que los que menos tienen no son las víctimas de este recorte y la segunda demostrar que la guerra contra una parte del periodismo está lejos de estar en los planes de Alberto Fernández.
Un empresario muy importante del país se mostró ante este diario “esperanzado en un incremento del consumo”, aunque advirtió que “si eso no va acompañado con una baja lenta pero constante de la inflación, todo podría terminar cayendo en saco roto”. Hasta el momento, no se conoce cuál será la estrategia oficial para reducir paulatinamente la suba de precios, más allá del congelamiento de las tarifas por 180 días, ni tampoco cuál será la estimación anual inflacionaria para 2020.
Alberto Fernández, más allá de la crisis que padece el país y que siempre puede traer sorpresas, tiene elementos suficientes para esperanzarse con una gobernabilidad sin mayores inconvenientes, al menos para los primeros seis meses de su mandato. Esa situación tomaría forma gracias a la fuerte alianza con los movimientos sociales que militan en la calle y con los mandatarios provinciales que administran fondos públicos. Sin embargo, hay un dato que envalentona al oficialismo más que cualquier otro, y es el reacomodamiento de fichas en la conducción de Juntos por el Cambio.
“Una de las cosas que más tranquilos nos dejó fue confirmar que la oposición no tiene un liderazgo definido y que la figura de Mauricio Macri, el más duro de los detractores del Gobierno, pierde poder con el paso de los días”, aseguró un funcionario en un estricto off the record. En el debate parlamentario quedó evidenciado también que hasta el radicalismo tendrá dos posturas en relación al Ejecutivo, la dialoguista de los gobernadores y la férrea de los más cercanos al macrismo, cuyas caras más visibles son Gerardo Morales y Mario Negri respectivamente.
La política
Esta semana se generaron dos hechos polémicos dentro del Ministerio de Seguridad, conducido por Sabina Frederic, que le pueden traer más de un dolor de cabeza al Presidente. La primera sorprendió a buena parte del escenario político cuando puso en duda de que Hezbollah haya sido el autor del atentado a la Amia al afirmar que “es muy confuso saber qué pasó” en la causa. La Justicia, única encargada de investigar ese ataque, no tiene las mismas dudas que la funcionaria. En la comunidad judía admiten por lo bajo que “esas declaraciones no cayeron nada bien”. El segundo hecho controvertido fue cuando la ministra señaló que revisarán el peritaje de Gendarmería que indicó que Alberto Nisman fue asesinado. ¿Qué responsabilidad tiene un funcionario ejecutivo para entrometerse de esa manera en una causa judicial? Por supuesto que ninguna, ya que en Argentina rige la división de poderes. Ese desafortunado dicho le costó a la ministra el rechazo público, ni más ni menos, que de la esposa del exfiscal, quien se había mantenido el último tiempo en un silencio bastante marcado. Ambos sucesos representan “errores no forzados” de un Gobierno que necesita sumar la menor cantidad de enemigos.